La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) alertó que la falta de transparencia en las contrataciones públicas pone en riesgo la lucha contra la corrupción y debilita la confianza en las instituciones.
El pronunciamiento se da tras la reciente operación judicial que expuso presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a los sectores más vulnerables durante la pandemia.
Según las investigaciones, una plataforma tecnológica diseñada para distribuir subsidios como el Vale Digital y el PASE-U habría sido utilizada como un negocio privado a expensas de los ciudadanos.
Apede subrayó que este caso demuestra cómo la opacidad en la gestión pública impacta directamente en la vida de los panameños.
También reconoció la importancia de denuncias internas, como la del exsubadministrador de la AIG, Luis Stoute, quien reveló anomalías en el sistema.
La organización empresarial recordó que desde 2021 los ciudadanos no tienen acceso a conocer los dueños reales de las empresas que reciben contratos millonarios del Estado, tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia que eliminó dicha obligación.
“Ese velo de secreto abre la puerta a negocios entre amigos, tráfico de influencias y uso indebido de fondos públicos”, advirtió.
El gremio vinculó esta situación con el bajo desempeño de Panamá en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, en el que el país obtuvo apenas 33 puntos sobre 100, resultado que impacta en la atracción de inversiones, el empleo y la competitividad regional.
Apede, dirigido por Giulia De Sanctis, valoró positivamente el proyecto de ley presentado en julio de 2025 por el Procurador General de la Nación, Luis Gómez Rudy, que incluye medidas como la ampliación de plazos de prescripción, interceptaciones, operaciones encubiertas y compras controladas.
No obstante, el gremio advirtió que la efectividad de estas reformas dependerá de la voluntad de la Asamblea Nacional para aprobarlas con urgencia.
“La transparencia no es un accesorio, es una obligación. Los recursos públicos pertenecen a los panameños y no pueden seguir protegidos por un sistema que favorece el secreto sobre el derecho ciudadano a fiscalizar”, recalcó Apede en su comunicado.
