Más voces se suman a la petición para que la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, salga del cargo. Esta vez fue la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
A través de un comunicado, el gremio consideró “indispensable” que se haga efectiva la renuncia de la rectora, con el objetivo de garantizar que las investigaciones anunciadas por las autoridades competentes puedan desarrollarse con total transparencia, independencia y estricto apego al debido proceso.
“Esto permitirá esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y actuar conforme a la ley en caso de comprobarse irregularidades o el uso indebido de recursos públicos”, sostuvo.
Fue el pasado 11 de mayo cuando la rectora se presentó en el despacho de la ministra de Educación, Lucy Molinar, para solicitar el pago “inmediato” de sus prestaciones laborales y entregar su carta de renuncia, efectiva a partir del 11 de junio.
Sin embargo, Bonagas, quien preside el Consejo General Universitario, cambió de opinión porque, según alega, no puede dejar la Unachi “al libre albedrío”, a pesar de que la ley orgánica de esa universidad establece cuál es la línea de sucesión para cubrir sus ausencias; hay, por lo menos, tres vicerrectores habilitados para asumir esa función.
Este lunes, el Ministerio de Educación presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
Previamente, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, ha realizado por lo menos dos inspecciones —en la sede de la Unachi y en las oficinas del Registro Público— como parte de otras investigaciones que lleva a cabo sobre el origen del patrimonio de la rectora y de 12 familiares directos. Además, la Contraloría General de la República retiró a sus auditores.
Para Apede, es fundamental que estos procesos avancen con celeridad y que la ciudadanía se mantenga debidamente informada sobre el desarrollo de las investigaciones, “fortaleciendo así la confianza en las instituciones y en los mecanismos de fiscalización del Estado”.
“La continuidad de las actividades académicas, la estabilidad institucional y la tranquilidad de estudiantes, docentes y administrativos deben preservarse mientras avanzan las investigaciones correspondientes”, indicó la asociación.
Sobre los posibles ajustes administrativos o salariales que puedan discutirse en torno a la universidad, Apede consideró que cualquier decisión debe sustentarse en estudios técnicos, criterios objetivos y dentro del marco legal.
