En las elecciones de mayo de 2019, las candidaturas por la libre postulación se convirtieron en una amenaza a la partidocracia, obteniendo el tercer puesto en la competencia presidencial y cinco curules en la Asamblea Nacional. El mensaje que debió entender la partidocracia de renovación, transparencia y rendición de cuentas, se transformó en una estrategia de minar el camino a la libre postulación.
Entre las reformas electorales de 2017 y las de 2021 se incrementaron las asimetrías y los desequilibrios entre partidos políticos y aspirantes por la libre postulación; se permitió el aspirante híbrido, que es aquel que pertenece a un partido político y que, sin renunciar a este, corre por la libre postulación; se alargó el periodo de recolección de “firmas” o apoyos ciudadanos, y las propias reglas operativas del Tribunal Electoral (TE) aumentaron la dificultad de cada uno de los aspirantes a las candidaturas por la libre postulación para las elecciones de 2024.
Aún así, mil 696 panameños y panameñas entraron al ruedo para buscar el respaldo ciudadano que les dé la oportunidad de ser uno de los tres candidatos o candidatas por la libre postulación para cada cargo de elección, en 2024. Así, 35 personas se registraron como aspirantes al cargo de presidente de la República (el expresidente Ricardo Martinelli se retiró), 458 lo hicieron para las diputaciones, 168 para el cargo de alcalde y mil 35 para representante de corregimiento. El número de aspirantes en el periodo electoral actual supera en 393 a los que lo intentaron en el periodo electoral anterior.
Un punto de partida discriminatorio
Los aspirantes a la libre postulación iniciaron el pasado 15 de agosto el proceso de sumar voluntades a sus candidaturas, principalmente por medio de videollamadas al centro especializado del TE, por los quioscos electrónicos que el TE ha establecido en diferentes partes del país, por medio de visitas a las oficinas del TE, a través del uso de una aplicación biométrica en los celulares de los activistas de campaña y, en los lugares más remotos del país, donde el acceso a internet no sea óptimo, se usarán libros bajo control de los funcionarios del TE.
Mientras los aspirantes se movilizan hasta el 31 de julio de 2023 para alcanzar su meta de superar con creces el 2% de firmas correspondiente a los los votos válidos emitidos en las elecciones de 2019 para el cargo al que aspiran, los otros aspirantes en los partidos políticos tienen mucho más tiempo para prepararse. Solo los cuatro partidos políticos más grandes (PRD, Cambio Democrático, Panameñista y Realizando Metas) están obligados a hacer primarias presidenciales. Los partidos más chicos, aquellos con menos de 100 mil adherentes, no están obligados a hacer primarias presidenciales, sino congresos partidarios en los que los convencionales escogerán a su candidato a la presidencia de la República. En una afrenta a la democracia panameña, no hay obligación de hacer primarias para los cargos de diputado, alcalde y representante de corregimiento. Las primarias presidenciales deberán ser realizadas entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2023.
La gran desigualdad económica
Para las elecciones de 2024, se “duplicó” la asignación de fondos a las candidaturas a la libre postulación. Para las elecciones de 2019, el TE les repartía el 3.5% de los fondos preelectorales y luego una cantidad proporcional para aquellos candidatos que resultaran ganadores. Para las elecciones de 2024, la asignación de fondos es 7% del financiamiento preelectoral para las candidaturas por la libre postulación, y 93% para los partidos políticos, una diferencia de más de trece veces.
Este 7% de financiamiento preelectoral está dividido —según el Código Electoral— en partes para los tres candidatos presidenciales por la libre postulación, de acuerdo con el número de firmas obtenidas, y para el resto de los candidatos a diputaciones, alcaldías y juntas comunales. El arte de la división y de hacer más, mucho más, con mucho menos, nunca ha sido tan importante.
En el caso del financiamiento postelectoral, solo se aplica a aquellos candidatos que efectivamente ganen el cargo de elección. Mientras los partidos políticos reciben el subsidio si sacan el 2% de los votos válidos, un candidato o candidata por la libre postulación que obtenga el 49.99% de los votos válidos para presidente de la República, pero pierde esa elección, no tiene derecho a subsidio postelectoral alguno.
Las impugnaciones contra el sistema
Anteriormente, tanto para las elecciones de 2014 como para las de 2019, se interpusieron acciones de inconstitucionalidad contra la norma del Código Electoral que limita a tres las candidaturas presidenciales por la libre postulación. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la primera vez que esa restricción no era inconstitucional y, en la segunda ocasión, dijo que ya había decidido ese tema y, por lo tanto, había “cosa juzgada”.
El abogado Ernesto Cedeño, aspirante a diputado por la libre postulación en el circuito 8-4, interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 356 del Código Electoral, que permite que una persona que sea miembro de un partido político pueda ser candidato por la libre postulación sin renunciar a su colectivo. Si la CSJ falla a favor de Cedeño en los primeros meses de 2023, esto podría significar el retiro de aspirantes que sean miembros de partidos políticos, aunque esto se pudiera subsanar con la renuncia a dicha organización política.
Esta medida no estaría disponible para quienes ya ejercen un cargo de elección como miembros de un partido político, ya que en los estatutos de dichos partidos se establece como causal de la pérdida del cargo de elección la renuncia al partido. Este pudiera ser el caso de la diputada del PRD Zulay Rodríguez, que aspira a la presidencia de la República por la libre postulación. Si la CSJ respaldara los argumentos de Cedeño, la diputada tendría que abandonar sus aspiraciones presidenciales por la libre postulación.
A pesar de todos los factores que tienen en contra, los aspirantes por la libre postulación son fundamentales para oxigenar la democracia, ejercer un control social sobre los partidos políticos y permitir que la opinión pública conozca planteamientos y propuestas que no están dentro de los cánones de la partidocracia. La gran mayoría de estos aspirantes son héroes ciudadanos que, con sus esfuerzos, mantienen viva la esperanza de un mejor gobierno y una representación legítima en los cargos de elección popular.
