La Contraloría General de la República detectó irregularidades que superan los 11 millones de dólares en distintas Juntas Comunales del país, según revelan 17 nuevos informes de auditoría remitidos al Ministerio Público.
Los hallazgos, identificados por la Dirección Nacional de Auditoría General, abarcan comunidades de diversas regiones y comprometen a miembros de todas las corrientes políticas.
Con esta remisión, el total de Juntas Comunales auditadas en el período 2019–2024 asciende a 36, dentro de una auditoría integral que contempla la revisión de 72 juntas en esta fase inicial, detalló la Contraloría en un comunicado este miércoles 13 de agosto.
“La Contraloría mantiene su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos. Ningún recurso destinado a las comunidades debe desviarse de su propósito”, declaró el contralor general de la República, Anel Flores.
La entidad aseguró que seguirá enviando al Ministerio Público todos los informes que presenten indicios de irregularidades o posibles faltas administrativas, para que las autoridades competentes determinen las responsabilidades correspondientes.
Según estimaciones preliminares, la cifra total del posible daño patrimonial podría alcanzar los $43 millones cuando se complete la revisión del primer bloque.
Las presuntas irregularidades nacieron de la llamada “descentralización paralela” del gobierno de Cortizo.
De dicho programa, las autoridades aseguran que millonarios fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización fueron repartidos con criterio político.
La mayoría de esos millones fue a parar a juntas comunales y municipios que estaban controlados por autoridades cercanas a diputados influyentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), agrupación que en el quinquenio pasado gobernaba el país.
