La historia reciente del país registra un patrón que se repite gobierno tras gobierno: cuando un mecanismo para transferir dinero público a diputados queda expuesto o resulta insostenible, surge otro con nombre distinto. Desde la década de 1980 la arquitectura del clientelismo muta para sobrevivir.
El inicio formal del renglón político
Entre 1984 y 1989, durante el régimen militar y la transición hacia la democracia, ya operaban fondos conocidos como partidas circuitales. Legisladores manejaban dinero asignado para obras y ayuda comunitaria sin rendición de cuentas.
Tras la caída de la dictadura, el entonces contralor Rubén Darío Carles inició una investigación sobre el uso irregular de las partidas circuitales por la Asamblea entre 1984 y 1989. El excontralor remitió informes a la entonces Dirección de Responsabilidad Patrimonial por irregularidades en el uso de estos fondos.
El retorno democrático no desactivó ese sistema. El gobierno de Guillermo Endara (1989-1994) reanudó la entrega de fondos a diputados con un volumen mayor. De acuerdo con información publicada por investigaciones de La Prensa, entre 1993 y 1994 Endara habría autorizado transferencias millonarias.
Lealtades políticas en juego
La llegada al poder de Ernesto Pérez Balladares, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien gobernó Panamá entre 1994 y 1999, consolidó el esquema. Las pesquisas iniciadas por Carles quedaron archivadas. Durante este gobierno se habrían destinado millones en el controversial rubro.
Analistas de la época argumentaron que la entrega de dinero público funcionó como herramienta para asegurar apoyos legislativos claves.
Se mimetizan entre partidas presupuestarias
Con Mireya Moscoso, del Partido Panameñista, presidenta de la República entre 1999 y 2004, surgió una variante. Tras asumir el cargo, anunció la eliminación de las partidas circuitales como rubro visible, pero la asignación continuó bajo otros nombres. El excontralor Carlos Vallarino (2004-2009) explicó en su momento que resultó difícil verificar los montos porque el dinero ingresó disfrazado en diversas partidas presupuestarias.
En ese gobierno surgieron escándalos por episodios claves en el Legislativo. Diputados de oposición señalaron, por ejemplo, que Moscoso utilizó estos fondos para negociar ratificaciones en la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió con Alberto Cigarruista y Winston Spadafora en 2002. Las transferencias ya no figuraban como “partidas circuitales”, aunque el flujo de dinero hacia legisladores no se detuvo.
En el periodo de Martín Torrijos, presidente entre 2004 y 2009 por el PRD, el modelo heredado se mantuvo. Vallarino afirmó que la Contraloría impuso límites con el argumento de que los aportes se destinarían a mejoras comunitarias. No obstante, el esquema siguió operando sin un reglamento claro y los diputados conservaron la capacidad de manejar fondos estatales en sus circuitos.
Resurge a través del PAN y juntas comunales
Con Ricardo Martinelli, quien administró el país durante el quinquenio 2009-2014 bajo la bandera de Cambio Democrático (CD), el sistema se revitalizó. Cobró una nueva forma.
No existía reconocimiento público de partidas circuitales, pero pronto aparecieron señales. A finales de 2012 el diputado oficialista Sergio “Chello” Gálvez realizó repartos masivos de jamones, pavos, bolsas de comida, juguetes y efectivo. Tras la polémica, el ministro de Economía de la época, Frank De Lima, aseguró que esas actividades provenían de partidas que recibían todos los diputados. La declaración confirmó lo que ya se comentaba en círculos políticos: el Ejecutivo mantenía un flujo de fondos discrecionales para políticos aliados.
El extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) funcionó como canal y con el tiempo se convertiría en un foco de escándalo. Desde esa entidad se compraron bienes para distribuir en circuitos y se transfirieron recursos a juntas comunales manejadas por diputados oficialistas. Al menos $170 millones pasaron por este esquema, con casos llamativos como la Junta Comunal de Río de Jesús, que recibió $7.5 millones entre 2013 y 2014.
En 2014, Frank De Lima confesó que a los 71 diputados de la Asamblea Nacional se les entregaron $416 millones en partidas circuitales.
Después de las elecciones de 2014, el Tribunal Electoral anuló resultados en varios circuitos por uso de recursos públicos durante la campaña. La Fiscalía Anticorrupción abrió investigaciones, pero no se conocen resultados concretos.
Donaciones y planillas
La llegada de Juan Carlos Varela (2014-2019) eliminó formalmente las partidas circuitales directas, pero la Asamblea Nacional habilitó dos rutas distintas: donaciones y planillas especiales.
Entre julio de 2014 y diciembre de 2016, la Asamblea distribuyó unos $14 millones en donaciones. Investigaciones periodísticas de La Prensa documentaron cheques a fundaciones vinculadas a diputados, beneficiarios que nunca recibieron el dinero y cobros realizados por terceros que luego devolvían el efectivo a oficinas legislativas. En 2017, la Corte Suprema declaró inconstitucional el uso de fondos legislativos para donaciones, lo que frenó nuevas entregas.
Paralelamente operaron las planillas 080 y 172, destinadas a personal de confianza y contratos por servicios profesionales. Entre 2014 y 2016 se refrendaron alrededor de 17 mil contratos por $68 millones. Investigaciones periodísticas revelaron contrataciones fantasma, duplicidad salarial y contratistas que aparecían como beneficiarios de donaciones.
La Contraloría presentó más de 20 denuncias penales y publicó una base de datos con pagos desde 2014 que sumó $166 millones hasta abril de 2019. El movimiento ciudadano #NoALaReelección surgió en ese contexto y solo 15 de 51 diputados que buscaron repetir curul lograron mantenerse.
2019-2024: la descentralización paralela
Con el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), del Partido Revolucionario Democrático, el reparto migró hacia municipios y juntas comunales. La Ley 37 de descentralización asignaba fondos con criterios definidos, pero surgió un sistema paralelo que transfirió aproximadamente $320 millones a alcaldías y juntas controladas por poderosos diputados oficialistas.
Municipios con autoridades del PRD recibieron montos millonarios. Barrio Norte (Colón), fortín político del perredista Jairo “Bolota” Salazar, obtuvo $14 millones. A juntas comunales y municipios de Bocas del Toro, territorio político dominado por el diputado Benicio Robinson, presidente del PRD, llegaron al menos $28.9 millones. La lista continúa.
Actualmente, la Contraloría realiza auditorías y ha enviado expedientes al Ministerio Público, que procesa a decenas de personas que manejaron gobiernos locales.
Transferencias discrecionales desde el MEF
El gobierno de José Raúl Mulino ha sido crítico de la descentralización paralela. El mandatario repitió en varias ocasiones que en su administración no existiría la figura.
Sin embargo, las transferencias por algo más de $11 millones que giró el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacia municipios específicos, con prioridad para distritos gobernados por Realizando Metas, Cambio Democrático y el Partido Panameñista, reactivaron el fantasma de las partidas encubiertas.
Diputados de la bancada Vamos calificaron estas asignaciones como “descentralización paralela 2.0” y acudieron al MEF para solicitar los criterios tomados en cuenta. El ministro Felipe Chapman lo niega. El contralor Anel Flores, también.
Chapman explicó que las transferencias obedecen a un marco legal que busca atender las necesidades básicas de las comunidades, especialmente aquellas de los 64 municipios que dependen del subsidio estatal.
