El obispo emérito de David José Luis Lacunza llevó este miércoles al pleno de la Asamblea Nacional la tragedia ocurrida en la comarca Ngäbe Buglé, donde dos estudiantes murieron el lunes al ser arrastradas por un río crecido en Mironó, región de Nedrini, mientras intentaban llegar a su escuela en medio de las fuertes lluvias que azotan la zona.
Desde el podio legislativo, el sacerdote acusó al Estado panameño de ser responsable del abandono que permitió la muerte de las estudiantes.
“No fue la quebrada quien las mató, fue nuestra indiferencia, nuestro silencio cómplice, la injusticia que avanza impune, que roba la esperanza al que nada tiene y condena el porvenir de toda una nación”, dijo el religioso.
Lacunza acudió a la Asamblea Nacional este miércoles 29 de octubre como parte de una comitiva que respalda el proyecto de ley 396, que establece medidas para la prevención de pérdidas de alimentos y la promoción de la seguridad alimentaria, iniciativa que fue aprobada en segundo debate.
Una tragedia que revela el abandono
Las niñas eran estudiantes de la Escuela Cascabel, en el distrito de Mironó, región de Nedrini. Intentaban cruzar el afluente La Pita cuando las lluvias, intensificadas por el huracán Melissa, aumentaron el caudal del río. Los vecinos y maestros hallaron sus cuerpos horas después.
Uno de los docentes, Cirilo González, contó que cada año los estudiantes deben “sacrificarse” para asistir a clases: “No hay puentes”, dijo.
Lacunza recogió esas palabras y las llevó al corazón del poder legislativo. “Su futuro se ahogó cuando el dinero llenó bolsillos en lugar de construir puentes y caminos para una población que confió su voto a administradores incapaces de mirar más allá de su avaricia”, expresó ante los diputados que por estos días concluyen las sesiones ordinarias.
‘No hay sillas vacías porque nunca llegaron las sillas’
Al tomar la palabra el sacerdote dijo a los diputados que quería compartir “una especie de artículo, poema, que puede parecer muy duro, pero creo que es muy realista”.
“En la Escuela Cascabel faltan dos alumnas. No hay sillas vacías porque nunca llegaron las sillas. Las promesas de equidad jamás cruzaron el umbral. En el país de los millones no hay recursos para construir un salón, mucho menos voluntad para asumir la muerte de dos hijos de la patria”, afirmó.
Su discurso trazó una línea directa entre la corrupción, la desigualdad y la muerte. “La muerte no llegó a Mironó, vive allí. Convive con los olvidados, los marginados. Si la quebrada no gritara en el silencio de la tragedia, el resto del país ni siquiera sabría que existen”, advirtió.
Mensaje al Estado
El mensaje no fue pastoral. Fue político. El religioso ubicó al Estado en el banquillo moral. Criticó el modelo de gestión que reacciona tarde, solo cuando la tragedia irrumpe. “Solamente cuando algo nos golpea es cuando nos damos cuenta de las realidades que viven tantos hermanos y hermanas nuestras”, dijo.
El obispo de David lleva años denunciando las brechas sociales que afectan a las comunidades indígenas. Esta vez, lo hizo ante quienes pueden, y no siempre quieren, cambiar esa realidad. Pidió a los diputados actuar con coraje: “Que el Señor les dé el valor de ser auténticos padres de la patria, para que todos podamos vivir en igualdad de oportunidades, con la misma dignidad, con los mismos derechos y deberes”.
Los hechos
Las dos niñas que perdieron la vida cursaban kínder y primer grado en el centro educativo. Otras tres víctimas, una niña y dos niños de 10, 11 y 12 años, resultaron con heridas y fueron auxiliadas por moradores del área. La emergencia fue notificada a las autoridades por la docente del centro educativo, quien dio la voz de alerta tras conocer lo sucedido.
Personal del Ministerio Público se trasladó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y brindar apoyo a los familiares de las víctimas.
Recientemente se dio a conocer el informe Educación Mortal: Crisis Sistemática de Ahogamientos Infantiles en la Comarca Ngäbe Buglé, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fudespa) y Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE).
Ese informe reveló que durante los últimos 25 años, entre 55 y 70 personas, en su mayoría niños, han muerto ahogadas al intentar cruzar ríos y quebradas para asistir a la escuela en la comarca.
El documento denuncia que la omisión del Estado panameño no solo ha dejado desprotegidos a los niños, sino que constituye una violación estructural de los derechos humanos, especialmente del derecho a la vida y a la educación.
