La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) confirmó este martes 25 de agosto que abrió una investigación por posible conflicto de interés por el nombramiento de Sherina Latorraca como directora de Asesoría Legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)
Latorraca, quien asumió el cargo con un salario mensual de $3,500 desde abril pasado, es hija de Zaira Santamaría de Latorraca, magistrada presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), una entidad que forma parte del mismo sistema de contratación estatal y que tiene entre sus funciones resolver las controversias que surgen de esos procesos.
Su designación, según algunos juristas, podría reñir con lo que dispone el Código de Ética de los Servidores Públicos sobre el conflicto de interés. En su artículo 41, el código dice que los servidores públicos deben abstenerse de ejercer funciones “en la misma unidad administrativa o en unidades administrativas que mantengan entre sí relaciones de control o fiscalización, y en las que laboren personas incluidas en los mencionados vínculos de parentesco”.
La DGCP es la entidad encargada de regular, administrar y fiscalizar los procedimientos de contratación pública, mientras que el TACP actúa como instancia encargada de conocer y resolver los recursos y controversias derivados de esos procesos.
Ante esos señalamientos, Santamaría de Latorraca defendió el nombramiento de su hija en la sesión del lunes de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea y negó que exista un conflicto de interés. “Si usted lo analiza fríamente, no existe conflicto de intereses”, respondió Santamaría de Latorraca al diputado independiente Jhonathan Vega, quien fue el que puso el tema sobre la mesa.
La magistrada sostuvo que Sherina Latorraca “no participa en la toma de decisiones de la DGCP”, aunque actualmente ocupa la dirección de Asesoría Legal, una posición clave dentro de la entidad.
La magistrada también argumentó que ambas entidades tienen funciones distintas dentro del sistema de contrataciones públicas y que el cargo que ocupa su hija no representa una intervención en las decisiones que corresponden al tribunal.
Santamaría de Latorraca fue designada por el presidente José Raúl Mulino, en diciembre de 2025, como magistrada del TACP. Ocupará el cargo hasta diciembre de 2029. Ya había ocupado cargos dentro del Órgano Judicial y fue directora interina de la Escuela Judicial.
Durante la administración Ricardo Martinelli (2009-2014), fue designada como magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia, pero no fue ratificada por la Asamblea Nacional. Eso ocurrió en 2010.
Su hija Sherina enfrentó un proceso judicial por un accidente de tránsito ocurrido en 2003, en el que murió un menor de edad y su madre sufrió graves lesiones. El caso lo conoció la jurisdicción de niñez y adolescencia, que la absolvió por considerar que el atropello ocurrió por un descuido de las víctimas. Esta decisión generó un amplio debate público y duras críticas. En aquella época, la hoy magistrada Latorraca fungía como juez municipal.
