La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), se sumó a la voces que cuestionan la decisión del Juzgado Duodécimo Penal al negar una prórroga a la Fiscalía Especial Anticorrupción para seguir con la investigación relacionada con las coimas pagadas por Odebrecht.
"La corrupción ha roto la confianza entre la ciudadanía y la administración de justicia", dijo la Fundación en un comunicado.
Indicó que la decisión de la jueza duodécima suplente, Lania Batista, se suma a "los graves" antecedentes ejecutados por el Órgano Judicial, como la anulación de pruebas en el caso Finmenccanica, la negación de la declaración de causa compleja en el caso New Business", la "escandalosa mora judicial" en al menos 25 casos de corrupción, la negación a investigar a los diputados en casos de peculado y corrupción.
"El caso de Odebrecht es por definición de alta complejidad y efecto internacional", destacó.
Señaló que el Órgano Judicial está demostrando ser un "bastión de ineficiencia judicial y de antesala a la impunidad", que no solo ha defraudado la confianza de la ciudadanía, también falla gravemente a la obligación adquirida por el país en diversos instrumentos internacionales, especialmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
"Los pagos de coimas que se hicieron desde el centro bancario a otros países también corren el peligro de quedar impunes", destacó.
TI (Panamá) hizo un llamado al Ejecutivo, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría de la Nación a no permitir que esa impunidad continúe, y busque la fórmula legal para enjuiciar a cada uno de los culpables y recuperar el "patrimonio robado".
También exhortó a la ciudadanía a que se sume a todas las manifestaciones de repudio nacional ante estas actuaciones del Órgano Judicial, y a "demostrar su rechazo por la falta de ética y voluntad de hacer justicia".