“Leyendas” y “bochinches” fueron algunos de los calificativos que utilizó el contralor general de la República, Anel Flores, este jueves 18 de diciembre, para desligarse de cualquier vínculo irregular con el negocio del etanol, en medio del debate por un proyecto de ley que busca impulsar los biocombustibles en el país.
“Ahora el bochinche es que hay un negociado en etanol porque resulta que el contralor de la República, que les habla, es accionista importante de una de las cuatro centrales azucareras del país”, afirmó Flores, luego de que el presidente José Raúl Mulino le cediera la palabra durante la conferencia de prensa semanal del Ejecutivo.
Enseguida, Flores habló desde su condición de empresario azucarero y aseguró que en Panamá no existe producción de caña destinada al etanol.
“Aquí no hay una caña para etanol”, afirmó, antes de profundizar en el estado actual de esa industria. Esa distinción resulta relevante, ya que Flores ejerce el cargo de contralor general de la República mientras reconoce su participación accionaria en una de las principales azucareras del país, un sector directamente vinculado a la producción de etanol.
Sobre el proyecto de ley sobre el particular, explicó que en enero se abrirá un foro para tratar el asunto abiertamente. Insistió en que la caña que existe hoy día es para azúcar. “Nunca vamos a desviar la alimentación del país para producir otra cosa que no sea alimento”, manifestó.
La relación entre la caña y el etanol coloca al sector azucarero en una posición estratégica dentro de cualquier política pública orientada a desarrollar ese mercado, ya que este biocombustible se obtiene a partir de la fermentación de azúcares presentes en la caña.
‘El único requisito que estamos pidiendo’...
Flores adelantó que, una vez se garantice ese punto, el país tendría que invertir en cerca de 20,000 hectáreas adicionales para cubrir una eventual demanda de etanol. “Hay muchas leyendas. Este gobierno se ha caracterizado porque aquí no hay escándalos de corrupción, pero los buscan debajo de las piedras porque algo tienen que decir”, añadió.
El contralor recalcó en que no existe “ningún negociado”, ya que Panamá no cuenta con una planta construida para la producción de etanol.
Detalló que uno de los cambios que incluye el proyecto de ley permitiría la importación de etanol sin restricciones exclusivas.
“El único requisito que estamos pidiendo como industria azucarera es que primero se compre el producto que se produzca en Panamá”, indicó desde su rol de empresario.
También afirmó que el sector proyecta inversiones superiores a los 400 millones de dólares en equipamiento, nuevas hectáreas y tecnología, con la generación estimada de unos 20,000 empleos. “Obviamente queremos que primero se compre ese esfuerzo antes de importar. Una vez cubierta la compra nacional, como ocurre con el arroz, el maíz y otros rubros, el que quiera importar, que importe. Es un mercado totalmente abierto, cumpliendo esas reglas”, planteó.
El proyecto de ley
El debate está sobre la mesa porque el pasado 21 de octubre el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, llevó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para impulsar la inversión en el sector de los biocombustibles y el agro panameño.
La propuesta del Ejecutivo modifica artículos de la Ley 42 de 20 de abril de 2011 y del Código Fiscal, con el objetivo de regular permisos vinculados al programa de biocombustibles y establecer incentivos tributarios.
El propio contralor confirmó este jueves que es accionista relevante de una de las cuatro grandes azucareras del país. Ese dato cobra especial peso en el debate, pues un eventual beneficio de esa empresa en el negocio del etanol abriría la discusión sobre un posible conflicto de interés.
