La Corte Suprema de Justicia, a través de un fallo del pasado 23 de octubre, declaró no viable un recurso de habeas corpus presentada por el abogado Luis Elidís Bernal García a favor de todos los que fueron detenidos en la provincia de Bocas del Toro, durante las protestas que se desarrollaron en esa provincia entre abril y junio de este año en contra la nueva Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS).
El recurso fue interpuesto contra las principales autoridades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Gobierno.
El abogado alegó presuntas detenciones arbitrarias durante los operativos de control en medio de los cierres de vías y manifestaciones.
El Edicto N.º 1467, publicado por la Secretaría General de la Corte Suprema, comunica que el pleno, “administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley”, resolvió rechazar la solicitud presentada por Bernal al considerar que la acción no era viable en derecho.
Aunque el texto del edicto no detalla los fundamentos del fallo, la decisión del pleno implica que la Corte no encontró mérito suficiente para tramitar la acción legal colectiva que buscaba amparar de forma general a los ciudadanos detenidos en la provincia fronteriza.
El ponente del fallo fue el magistrado Carlos Vásquez Reyes, quien contó con el apoyo de sus colegas.
El habeas corpus es un mecanismo que protege a cualquier ciudadano frente a detenciones arbitrarias. Permite que un juez revise si una persona fue privada de su libertad conforme a la ley. En este caso, la Corte concluyó que el recurso presentado no cumplía las condiciones necesarias para ser admitido.
El contexto
En marzo de este año, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 462 que reformó la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS). A partir del 23 de abril, se desarrollaron una serie de protestas y cierres parciales, pero escalaron días después, cuando el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana), liderado por Francisco Smith, declaró una huelga indefinida y llamó al cierre total de las vías en Changuinola.
Al mismo tiempo, otros grupos conformados por educadores, obreros de la construcción y líderes indígenas, entre otros, bloquearon otros puntos vitales para la movilidad en la provincia. Los manifestantes llegaron a bloquear hasta 45 puntos estratégicos en Bocas del Toro.
Los detenidos
Smith fue uno de los detenidos. Inicialmente estuvo recluido en la cárcel La Nueva Joya. Se le investiga por la supuesta comisión de cuatro delitos: contra la administración pública, apología del delito, afectación al servicio público de transporte y asociación ilícita para delinquir.
En julio pasado un juez le revocó la medida de detención preventiva y le aplicó la medida cautelar de reporte períódico los días 15 y 30 de cada mes.
Otro de los detenidos fue el dirigente indígena Toribio García. Se le aplicó detención domiciliaria, pues se le acusa de supuesta apología del delito, atentar contra la personalidad interna del Estado.
Una investigación periodística sobre las secuelas del conflicto publicada recientemente en La Prensa, reveló que la Fiscalía provincial de Bocas del Toro, ha formulado cargos contra 281 personas y acumula decenas de denuncias por abusos policiales.
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