Siguió el libreto que ha empleado en todos sus informes a la Nación. En su último discurso desde la Asamblea Nacional, el presidente Laurentino Nito Cortizo otra vez volvió a lugares comunes, a su zona de confort: la pandemia por la covid-19, la guerra de Ucrania, los coletazos de dos huracanes, las finanzas maltrechas que les dejó el anterior gobierno (Juan Carlos Varela 2014-2019).
Esta vez agregó el impacto “directo” de la crisis migratoria en Darién. “Múltiples dificultades y factores inesperados con una acumulación de efectos negativos sobre la salud, la economía y lo social han hecho de estos años unos de los más difíciles en la historia de la República”, aseguró el mandatario desde el pleno de la Asamblea, poder del Estado que ayer martes 2 de enero, reanudó sus sesiones.
El Presidente de la República llegó al palacio Justo Arosemena a las 9:40 a.m. Lo recibió un pleno legislativo copado de funcionarios de los tres poderes del Estado y la mayoría de los 71 diputados que conforman el Legislativo. No se permitió la entrada a ningún ciudadano que deseara ver en vivo y en directo la dinámica parlamentaria, pues el acceso fue restringido.
Pese a que este órgano del Estado se autodenomina de “puertas abiertas” y presume ser el más accesible, todas las entradas a los edificios que componen la Asamblea estaban cerradas. Personal de seguridad pedía invitación a los funcionarios, mientras que los periodistas que se desplazaron hasta el sitio para la cobertura debían estar acreditados.
[VIDEO] A las 7:25 de la mañana cerrado el acceso en Avenida de Los Mártires hacia Panamá Centro. Cerrados los accesos cerca de la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/cnAbkIwWXo
— Tráfico Panamá (@TraficoCPanama) January 2, 2024
El mandatario llegó directo al famoso salón Chanchoré, un recinto contiguo al hemiciclo. Allí saludó a algunos funcionarios, y después pasó al pleno. Dio la mano a varios diputados y de inmediato se instaló en medio de Jaime Vargas, el diputado presidente de la Asamblea y de María Eugenia López Arias, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. El discurso de 10 páginas y 3 mil 695 palabras, duró aproximadamente 45 minutos.
Los ingresos y la austeridad
Después de mencionar las calamidades que sorteó al asumir el poder el 1 de julio de 2019, entró en el terreno de los números: “Durante los años 2020 y 2021, los dos primeros de la pandemia, el Gobierno Central dejó de recibir ingresos corrientes por $4 mil 477 millones, lo que nos obligó a priorizar las inversiones del Estado”, manifestó.
Una rápida mirada a su gestión, pone en duda lo de “priorizar las inversiones del Estado”, pues a partir de junio de 2021 el Ministerio de la Presidencia, entonces en manos del vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo, hoy día candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), empezó a autorizar los desembolsos millonarios a juntas comunales y alcaldías controladas por el PRD, fondos conocidos como descentralización paralela. Entre junio de 2021 y mayo de 2023, se habían entregado al menos 202 millones, que coincidencialmente fueron a parar en gobiernos locales comandados por autoridades leales a los pesos pesados de la Asamblea: Benicio Robinson (Bocas del Toro), Jairo Bolota Salazar (Colón), Raúl Pineda (San Miguelito), entre otros.
Por esa época también se repartieron cuantiosos auxilios económicos a hijos de ministros, familiares de diputados y amigos del poder. Son apenas dos ejemplos. La lista es larga.
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Las obras
El turno de las obras. “Durante esta administración, entre proyectos terminados, obras rescatadas de gobiernos anteriores y obras en ejecución, hemos llevado a cabo 1,386 obras de infraestructura mayor, con una inversión total de $20 mil 501 millones”, dijo y luego listó 51.
Entre los proyectos que nombró está la construcción del nuevo Hospital del Niño, proyecto, cuya primera etapa, hasta la primera semana de diciembre de 2023, apenas tenía 32% de avance.
El intercambiador de La Cabima, otra de las obras que mencionó, apenas tiene 15% de avance, pese a que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó la orden de proceder para la construcción del mismo el pasado 22 de septiembre. ¿La razón? El MOP no ha podido desalojar a los dueños de 34 locales que ocupan parte de la servidumbre pública, por donde debe continuar esta obra de $23.8 millones.
También habló del viaducto de La Chorrera, conocido como “corredor de las playas”, proyecto que ha estado en la mira ciudadana por varias circunstancias: los tranques que genera, su costo ($282 millones), la redefinición del proyecto: esta administración canceló la construcción del tramo II, que incluía extender a nueva vialidad hasta San Carlos.
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Escenarios similares rodean a otras de las obras que nombró.
El presidente del PRD, Benicio Robinson, diputado que no acudió ayer al Legislativo, aprovechó para mercadear las obras de Bocas del Toro, la provincia que representa. “El presupuesto general del Estado 2024 contempla más de $35 millones en materia de inversión, para la construcción, rehabilitación y adecuación de escuelas en toda la provincia de Bocas del Toro, incluyendo los centros educativos ubicados en las comarcas Ngabe Buglé y Naso Tjer Di. Con esta inversión en educación para la provincia, se busca acortar la brecha y que todos los estudiantes bocatoreños tengan acceso a una educación de calidad”, escribió en su cuenta de Instagram.
La mina
Siguió el turno del tema minero, asunto que puso en jaque su gobernabilidad, con las masivas protestas de finales de octubre y noviembre. “En cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), nuestro gobierno ya inició el proceso para el cierre ordenado, seguro y definitivo de la mina Cobre Panamá, una concesión que comenzó hace 32 años”, dijo en referencia a la sentencia de la CSJ que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera por haber violado al menos 25 artículos de la Constitución.
Recordó algunos pormenores de las negociaciones de este contrato y aseguró que sí hubo periodo de consulta y que se cumplieron con todos los trámites y procedimientos establecidos. No dijo nada sobre la ruta a seguir por los arbitrajes anunciados por la empresa, en tribunales internacionales. Tampoco si hay algún plan para compensar los ingresos que dejará de recibir el Estado, producto del cese de las exportaciones de cobre.
Nada de la CSS y el Canal
El discurso de Cortizo, quien en mayo de 2019 ganó las elecciones presidenciales con el 33% de los votos, omitió otros dos temas importantes. El primero: el futuro del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, que está sentenciado de muerte, pues este año se acaban sus reservas y no se ha hecho nada por buscar una solución. El prometido diálogo para analizar el tema nunca se concretó. Está en pausa desde el 2021.
El segundo: el desafío que tiene la Autoridad del Canal de Panamá por el tema del agua. Cortizo y su equipo de trabajo tampoco han dado respuesta a la junta directiva de la ACP sobre la propuesta para enfrentar la crisis del agua. La ACP se ha visto obligada a limitar el tránsito de buques debido a los bajos niveles de agua en los lagos que alimentan la operación de la vía interoceánica.
Las elecciones
Las elecciones generales del 5 de mayo, también gravitaron en la retórica del gobernante. Defendió el derecho de los votantes a elegir libremente a sus próximos gobernantes y prometió una “transición ordenada” con quien resulte electo el torneo.
“Vivimos en un país en el que rige la democracia, el Estado de derecho, el respeto a la separación de poderes, a la libertad de expresión y a la diversidad de ideas”, manifestó.
Libertad de expresión
Además mencionó su respeto por uno de los derechos fundamentales: la libertad de expresión.
“Ningún dueño de medio, ningún periodista ni comentarista, nadie puede decir que como Presidente he llamado alguna vez para reclamar la publicación de una noticia o cuestionar una línea editorial, tuvieran o no la razón”, aseguró.
Sin embargo, acciones de varios de sus funcionarios más cercanos han intentado limitar la labor periodística. Por ejemplo, el 7 de octubre de 2020, una cuadrilla de 11 agentes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, llegó en tres vehículos a las instalaciones de Corporación La Prensa S.A. que edita La Prensa y Mi Diario. Los inspectores realizaron un recorrido por la planta, la sala de redacción, el departamento de contabilidad y las oficinas de recursos humanos, verificando que los pagos de planilla están al día y que no hay ningún trabajador con contrato suspendido. También sostuvieron entrevistas con el personal; los trabajadores entrevistados eran seleccionados al azar.
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