Cuando terminó la campaña de 2019 para la alcaldía de La Chorrera, Armando Barrios tomó una decisión: no volvería a postularse en las siguientes elecciones de 2024. Profesor, diseñador gráfico y folclorista, bien conocido en la comunidad, competía por primera vez en política, respaldado por un partido pequeño, pero con mucha ilusión y una fuerte convicción en las instituciones democráticas.
Recorrió los 18 corregimientos del distrito con una minoría de simpatizantes del partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), ofreció propuestas de apoyo indiscutibles, como una mayor seguridad ciudadana, la modernización del transporte público y una mejor recolección de la basura. Su base, recuerda, fue familiar y de amistades. La falta de recursos le impidió tener representantes y candidatos en los distintos corregimientos, lo que afectó la estructura y organización de su campaña y terminó pagando la factura el día de las elecciones. El candidato fue derrotado y el ciudadano perdió para siempre su confianza en el sistema.
Su experiencia no demuestra por sí sola el peso del dinero en el éxito o el fracaso de una candidatura política. Sin embargo, plantea una interrogante que atraviesa el sistema electoral panameño: las diferencias económicas siguen marcando la más importante de las competiciones.
Las donaciones declaradas por los candidatos, aportes privados y su capacidad de autofinanciación nos permiten identificar las asimetrías económicas que persisten en la contienda y enfrentan en disparidad de condiciones a los aspirantes de partidos políticos y las candidaturas de libre postulación.
“La realidad política en Panamá es que gana el que más [dinero] tiene”, sostiene Barrios sin rodeos, tras asegurar, según su experiencia, que los recursos económicos influyen en un electorado volátil e inmediatista. El “qué hay para mí”, entendido de forma burda y oportunista.
Camino a las urnas, conseguir la voluntad del votante tiene un precio. La evidente disparidad de las campañas políticas, su capacidad para recorrer comunidades, contratar equipos de asesores, elaborar propaganda, pautar publicidad o asegurar representantes en las mesas de votación depende, en buena medida, de la financiación privada de cada candidatura.
Con el propósito de reducir esas diferencias, Panamá incorporó el financiamiento público electoral mediante las reformas al Código Electoral de 1997.
Para las elecciones generales de 2024, el Tribunal Electoral (TE) fijó en $109,021,813 el financiamiento público electoral, equivalente al 1% de los ingresos corrientes presupuestados del gobierno central.
Frente a esa abultada suma, la financiación privada y el capital propio de los candidatos siguen incidiendo grandemente en la balanza de los resultados.
Solo en las ocho campañas para la presidencia de la República, las donaciones privadas, de terceros, en especie y de recursos propios, alcanzaron ese mismo año $16.1 millones, el equivalente a casi el 30% de todo el fondo público preelectoral, $54.5 millones que se repartieron entre partidos y candidaturas a distintos cargos.
Sobre este tema, el politólogo Harry Brown, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), explica que el financiamiento público surgió precisamente para romper la barrera de acceso económico a la política y ampliar la participación de ciudadanos sin grandes fortunas. Pero advierte que su sola existencia no garantiza una competencia equitativa.
Un modelo de inequidad
El profesor de economía y gestión de políticas públicas Anastacio Rodríguez, de la Universidad de Panamá, asegura que la capacidad financiera de un candidato influye de forma decisiva en sus posibilidades reales de competir, porque determina el alcance de su comunicación y su capacidad de proyectar viabilidad ante donantes y medios.
Según su lectura de los datos de ingresos y gastos registrados por el TE durante las campañas políticas de 2024, publicados en datos abiertos en la plataforma La Ruta de la Plata, creada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, los candidatos con mayores ingresos declarados concentraron el grueso del gasto en publicidad y eventos hacia el cierre de campaña, un patrón que coincide con mayor reconocimiento y voto.
Arturo González, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido Molirena, defiende el principio del sistema. Para él, el financiamiento público no es un privilegio partidista, sino un mecanismo para reducir la dependencia de intereses privados, combatir la captura del poder político y permitir que organizaciones con menos recursos puedan competir.
Antonio García, secretario de Asuntos Legales del Movimiento Otro Camino (Moca), describe el mismo desequilibrio desde otro partido pequeño: “Hay más fondos para los partidos políticos grandes y se reducen los fondos con los independientes”.
Moca llegó a proponer para las próximas reformas electorales una reducción del 25% al financiamiento público, buscando equidad hacia abajo, y recibió duras críticas.
“Si dependemos de las donaciones, se vende el alma a la persona que dona”, señala García sobre el financiamiento privado. Moca recibió $1.4 millones del financiamiento público y la menor financiación privada declarada de la contienda.
El partido hizo campaña casa por casa, con bajo presupuesto de publicidad y hoy dice tener 46,000 adherentes, 10,000 de ellos sumados después de las elecciones. Moca perdió la contienda presidencial de 2024 solo por debajo del electo presidente de la República, José Raúl Mulino, en una rara y esperanzadora anomalía del comportamiento electoral que sustenta esta publicación.
Su candidato, Ricardo Lombana, compitió con $793,750, casi una cuarta parte de los $3.07 millones en recursos privados que declaró la campaña de Mulino.
De los 57 candidatos a diputados de Moca, solo tres alcanzaron una curul: Grace Hernández, Ernesto Cedeño y José Pérez Barboni.
Cómo se reparte el dinero
La norma electoral no solo decide quién recibe financiamiento público, sino también quién queda afuera. Además de abogar por una distribución equitativa de los recursos, que le daría mayor posibilidad a los partidos minoritarios, se reconoce la representatividad de los votos obtenidos durante las elecciones generales inmediatamente anteriores.
En 2019, el FAD, el partido de Barrios, no calificó para financiamiento postelectoral, al no superar el 2% de los votos válidos. Para 2024, sin la cantidad de adherentes necesaria para mantener su reconocimiento electoral, el partido ya no pudo competir bajo su propia bandera. Por eso, su entonces candidata, Maribel Gordón, aspiró al cargo presidencial por libre postulación.
El costo de esa vía quedó documentado por su equipo de campaña. Gordón recibió $838,340.74 en financiamiento público, de un total de $2,543,842 repartido entre las tres candidaturas independientes de 2024, según la cantidad de firmas válidas recolectadas por cada aspirante.
El PRD, como apuntan los datos del TE, superó 15 veces a Gordón en financiamiento público.
La brecha se ensanchó con el financiamiento privado. El candidato del partido en el poder, José Gabriel Carrizo, recibió $1.1 millones en financiamiento privado, frente a $877,000 de Gordón, un 27.6% más y una diferencia de $241,719, según los datos de La Ruta de la Plata.
Desde la campaña de Gordón, su equipo va más allá de las diferencias en el dinero privado declarado y señala que hay ventajas que ni siquiera se contabilizan, como el tiempo y la visibilidad que los medios de comunicación dan a ciertas candidaturas mucho antes de que arranque la contienda formal.
“Es un trabajo previo de fabricación de candidaturas cuyo costo es imposible medir”, sostiene su portavoz, Silvestre Díaz.
La campaña de Gordón, añade, no pudo levantar una sola valla publicitaria ni pautar cuñas de radio o televisión, salvo en las últimas semanas y de forma mínima.
Consultado sobre si en Panamá gana la consulta popular la mejor propuesta política o el bolsillo más grande, el analista electoral y abogado Javier Ordinola no dudó en su respuesta erudita: “el dinero y no necesariamente el que se gasta para la campaña propiamente, está por encima de una campaña basada en propuestas o ideas. Por consiguiente, gana quien más dinero tenga”.
Los números respaldan el planteamiento de Ordinola. También en la Asamblea Nacional se muestra esa realidad.
Joan Guevara fue el diputado electo que más financiamiento privado reportó: $210,000, seguido por José Luis Varela, con $194,230; Francisco Brea, con $185,156.24; Raúl Pineda, con $152,444.02, y Benicio Robinson, que declaró donaciones por $145,100.
Entre los cinco, sumaron $886,930.26, casi una cuarta parte de los $3.6 millones de ingresos privados totales reportados en la carrera hacia la Asamblea.
Cuando el dinero marca la diferencia
Lucas Muñoz compitió por primera vez como candidato a diputado por el circuito 8-4 por el Partido Panameñista, del que forma parte desde su adolescencia y el cual goza de estructura y financiamiento asegurado. Recibió aportes del partido por $14,000 en donaciones privadas. Tampoco ganó.
Muñoz calcula que la capacidad de autofinanciar una campaña pesa un 75% en las posibilidades reales de competir. Sobre por qué perdió, no culpa solo al dinero; menciona el desgaste de cargar con la imagen de “malos políticos” y el llamado de algunos líderes a votar “en plancha” por candidatos independientes en su circuito. Aun así, coincide con el resto de las voces de este reportaje y cree que el modelo actual favorece a quienes tienen más recursos o mejor acceso a donantes, y propondría un tope máximo de gasto de campaña para todos.
Al analizar la información de La Ruta de la Plata, el circuito 8-4, uno de los más competitivos del país, deja evidenciadas las diferencias económicas entre candidatos que disputaron las mismas curules.
Por Moca, Grace Hernández encabezó el financiamiento privado entre los cinco electos para la Asamblea Nacional, con $118,256.35, seguida por Roberto Zúñiga, con $83,181.13; Jorge Bloise, $79,608.04; Javier Sucre, $53,052.50, y Ernesto Cedeño, con apenas $7,990.30, fondos propios con los que costeó toda su campaña.
“Es lo que ocurre normalmente en elecciones donde el sistema de financiamiento es mixto, con controles muy permisivos. No garantiza equidad en la competencia”, añade Ordinola.
El reparto de dinero, indica, abre la puerta a competir, pero no asegura el triunfo, porque en un sistema sin reglas parejas siempre puede haber alguien con todavía más recursos.
El consultor electoral ve con buenos ojos la eliminación del financiamiento privado y mantener solo el público, destinado a las campañas electorales y para capacitación de liderazgos, con un monto de financiamiento reducido que no supere el 0.5% de los ingresos corrientes, como lo implementaron los sistemas electorales de Guatemala y República Dominicana, país, este último, que ha reducido la duración de campaña a dos meses.
Fiscalización e igualdad de gastos
El artículo 141 de la Carta Magna establece que “el Estado podrá fiscalizar y contribuir a los gastos en que incurran las personas naturales y los partidos políticos en los procesos electorales”, asegurando la igualdad de erogaciones de todo partido o candidato.
Para Ordinola, el verbo de la norma establece un problema de origen. “Podrá”, y no “deberá”, vuelve potestativo lo que en la práctica se ha convertido en una expectativa de trato igualitario dentro del proceso electoral. Esa misma exigencia de igualdad, sugiere, nunca se cumplió, ya que “hay muchos candidatos de partidos políticos que no reciben ni un céntimo de financiamiento público”, a pesar de que pueden recaudar hasta un tercio del monto que le corresponda al partido que más financiamiento reciba (como lo establece el tipo de financiamiento privado para los colectivos políticos), sin excederse del monto previsto en la reglamentación: $10,000,000 para presidente, $300,000 para diputado, $10,000 para diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y $5,000 por cada elector empadronado, para alcaldes y representantes de corregimiento.
Treinta años después de la reforma de 1997 y el cambio de subsidio electoral al financiamiento público, la reflexión de Armando Barrios sigue incontestable: en Panamá, las elecciones las gana el que más dinero tiene.
El Tribunal Electoral, la entidad que administra y fiscaliza el financiamiento de las campañas políticas, no respondió a la solicitud de un cuestionario escrito para este reportaje que buscaba resolver su posición frente a las críticas por el desigual acceso a recursos de los candidatos a cargos de elección popular y si han medido el impacto del modelo mixto o la optimización para fiscalizar fondos privados en las elecciones de 2029.
Esta investigación es parte del programa “Dinero Limpio en Elecciones” y las becas de periodismo “La Ruta de la Plata” y se publica gracias a una alianza entre La Prensa y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
