Descentralización paralela: 51% de las juntas comunales entregaron informes; primeras denuncias serán presentadas el viernes

Durante el periodo 2021-2024, el Subprograma de Interés Social o descentralización paralela transfirió un total de 320 millones de balboas a los gobiernos locales.

La Autoridad Nacional de Descentralización informó este martes 15 de octubre que ha recibido 385 informes de las juntas comunales y municipios relacionados con el uso de los fondos provenientes de la polémica descentralización paralela. Esto representa el 51% de las administraciones locales que recibieron transferencias del Subprograma de Interés Social (PDIS).

Durante el periodo 2021-2024, el Subprograma de Interés Social o descentralización paralela transfirió un total de $320 millones a los gobiernos locales, con el objetivo de impulsar proyectos que beneficien a las comunidades en áreas como infraestructura, salud y educación. No obstante, su manejo fue opaco y careció de los controles requeridos.

Según la directora de la AND, Roxana Méndez, a partir del próximo viernes 18 de octubre, las denuncias de mal manejo o falta de justificación en el uso de los fondos comenzarán a ser remitidas al Ministerio Público de manera escalonada. Este proceso permitirá que las investigaciones se lleven a cabo de manera ordenada y eficaz, asegurando que cada caso reciba la atención adecuada.

Hasta el momento, 38 juntas comunales y municipios han informado a la AND que no disponen de documentación que respalde el uso de los fondos recibidos de este programa.

La falta de documentación adecuada podría derivar en sanciones legales y administrativas, ya que la AND ha dejado claro que los casos sin justificación serán remitidos al Ministerio Público para su debida investigación.

El proceso de notificación a los gobiernos locales comenzó tras el comunicado emitido por el Presidente de la República, José Raúl Mulino, el 15 de agosto, en el cual se instó a las 754 juntas comunales y municipios que recibieron fondos de la descentralización a presentar informes detallados en un plazo de 60 días.

El objetivo de esta medida es garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera transparente y eficiente, tal como lo exige la ley.

A medida que los informes continúan llegando, la AND avanza en la revisión legal y contable de la documentación recibida. En los casos en que no se presenten los informes o estos no justifiquen adecuadamente el uso de los fondos, la AND procederá con la denuncia ante las autoridades competentes.