La Fiscalía Anticorrupción requirió ubicar a 70 alcaldes y representantes de corregimiento por posibles irregularidades en el manejo de fondos del Programa de Interés Social (PDIS) de la Autoridad Nacional de la Descentralización, también conocido como descentralización paralela, tras detectar indicios de la comisión del delito de peculado.
Como parte del proceso, el Ministerio Público solicitó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que ubique e identifique formalmente a los ediles involucrados, quienes habrían gestionado recursos destinados a proyectos comunitarios sin cumplir con los controles requeridos.
Del total de implicados, la mayoría absoluta —51 representantes y alcaldes— están afiliados al oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo que ha encendido alarmas sobre el uso clientelista de programas sociales financiados con fondos públicos.
El peso del PRD en esta lista refuerza las críticas sobre la forma en que se han distribuido recursos estatales desde los gobiernos locales, en algunos casos sin la fiscalización suficiente y bajo la sombra de posibles actos de corrupción.
Lo anterior implica que, al menos, el 73% de los políticos investigados forman parte de las filas del PRD.
La orden fue impartida por la Fiscalía luego de practicar una serie de diligencias en el Banco Nacional de Panamá (BNP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional de Descentralización, donde se identificaron los nombres de las personas que recibieron cheques del programa PDIS.
La información requerida al Banco Nacional busca identificar a las personas naturales y jurídicas que recibieron fondos provenientes de la descentralización a través del PDIS.
Otros partidos
Aparte del PRD, Cambio Democrático (CD), con 14 ediles y alcaldes señalados, también figura de forma relevante en el expediente. A pesar de ser una fuerza en oposición, varios de sus miembros han manejado fondos de la descentralización paralela durante el mismo período (2019-2024) y ahora están bajo la lupa judicial.
El Partido Panameñista, por su parte, suma cuatro representantes implicados, lo que muestra que el posible uso indebido de fondos públicos no ha estado limitado a una sola corriente política.
Este programa, concebido como una herramienta para mejorar la calidad de vida en comunidades vulnerables, fue usado como botín político, aunque fue cerrado por la Autoridad Nacional de Descentralización, mientras el Ministerio Público avanza en la identificación de responsables y la eventual formulación de cargos.
Hasta el momento, la AND ha presentado un total de 294 denuncias que involucran irregularidades en el manejo de 213 millones de dólares, de un total de 320 millones que se presume se asignaron en este programa.
La Fiscalía Anticorrupción calificó como causa compleja la investigación sobre el uso de fondos asignados mediante el esquema de descentralización paralela.
El volumen de documentos requeridos a cada junta comunal, sumado a la ubicación remota de muchas de ellas, ha dificultado el acceso a las obras que supuestamente fueron construidas con estos recursos. Los fiscales enfrentan obstáculos logísticos para verificar en campo si las contrataciones realmente se ejecutaron.
Mulino reacciona
El presidente José Raúl Mulino defendió este jueves 7 de agosto las acciones emprendidas por su administración frente al escándalo de la descentralización paralela, asegurando que se han presentado 294 denuncias penales por el presunto mal manejo de más de 213 millones de dólares.
Presidente Mulino se refiere al tema de descentralización.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/Ytn9pp5rTh
— La Prensa Panamá (@prensacom) August 7, 2025
“Estas denuncias involucran a 257 juntas comunales y 37 municipios. El Ministerio Público tiene la enorme responsabilidad de investigar de acuerdo con el marco constitucional y legal”, afirmó Mulino, quien reiteró que las actuaciones de la Autoridad Nacional de Descentralización se han apegado a la ley. “Las denuncias fueron interpuestas donde deben presentarse, en el Ministerio Público”, añadió.
El mandatario subrayó que el proceso ha incluido una revisión exhaustiva de los informes de rendición de cuentas y que, en los casos en que la información fue insuficiente o inexistente, se procedió a presentar las respectivas denuncias.
“Se ha revisado el 65% de los informes recibidos y 53 funcionarios han demostrado un uso adecuado de los recursos”, precisó. Mulino enfatizó que el papel de la Contraloría General de la República, a cargo de Anel Flores, es “auxiliar” pero esencial en este proceso.
“Créanmelo y se los digo a todos: yo no tengo absolutamente nada que ver con estos procesos ni me voy a meter en ninguno de ellos”, recalcó, al insistir en que será la justicia quien decida conforme a derecho.
