Distintos procesos judiciales vieron la luz durante la más reciente ola de manifestaciones a nivel nacional, atizada por la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS), y otros puntos de descontento para distintos sectores.
En medio de la paralización de labores de gremios docentes convocada desde el 23 de abril de 2025, y posteriormente, de trabajadores de la construcción y la industria bananera el 28 de abril, al menos 4 dirigentes sindicales han sido detenidos y hay ordenes de captura para otros 12.
A los procesos judiciales se refirió la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ayer domingo 22 de junio, asegurando que la aprehensión de dirigentes responde a “situaciones que ya venían caminando”; particularmente sobre el caso de Francisco Smith, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana), actualmente detenido en el Centro Penitenciario La Joya.
Sobre Smith pesa la presunta comisión de cuatro delitos: contra la administración pública, apología del delito, afectación al servicio público de transporte y asociación ilícita para delinquir, por los que un juez dictó la medida de detención preventiva.

Montalvo trató de desmarcar a la cartera de Gobierno y al Ejecutivo de cualquier tipo de relación con las aprehensiones. “Es algo colateral”, dijo durante una entrevista con TVN, al referirse a las detenciones de Smith.
Desde el Ejecutivo se ha manifestado que no hay ningún tipo de injerencia sobre investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, a pesar de los cuestionamientos que han levantado las aprehensiones en distintos sectores.
Además de Smith, Gilberto Guerra, también dirigente de Sitraibana, fue trasladado a La Joya. El sindicato había acordado poner fin a los cierres de vías en la provincia de Bocas del Toro, a cambio de una revisión a la Ley 45 de 2017, que sufrió cambios mediante la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social.

El 15 de junio, dos días después de que se aprobara en la Asamblea Nacional una ley especial para los trabajadores bananeros, que cumplía con las peticiones de Sitraibana, Smith y Guerra fueron aprehendidos. Tres días después, el 18 de junio, fueron enviados a La Joya.
El caso de Suntracs
Genaro López y Jaime Caballero, dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), fueron detenidos el 13 de mayo y el 22 de mayo, respectivamente. No obstante, cada uno fue arrestado en condiciones diferentes.
Según explicó Antonio Vargas, del equipo legal de Suntracs, Caballero fue aprehendido durante una manifestación en Chiriquí.

Luego de su detención, se conoció que tenía una orden de aprehensión por el presunto delito contra el orden económico en modalidad de blanqueo de capitales, por el que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada había iniciado una investigación penal tras una denuncia presentada en 2022.
El equipo legal del sindicato negó tener conocimiento de la investigación de la Fiscalía. Posteriormente, se emitió la orden de captura a Genaro López, también con relación a la denuncia de 2022, según detalló la propia Fiscalía.
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#Comunicado| La @PGN_PANAMA , a través de la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada, informa que se han emitido órdenes de aprehensión contra ciudadanos panameños en el marco de una investigación penal que data del año 2022. pic.twitter.com/nNQwUEidFR
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) May 21, 2025
Consecuentemente, López se entregó voluntariamente a la Fiscalía, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad de documentos.
El 26 de mayo, cuatro días después de entregarse a la justicia, López fue trasladado a La Joya tras haberse declarado su detención preventiva. No obstante, su equipo legal apeló y la medida fue modificada por una de detención domiciliaria (conocida como casa por cárcel).

Se mantienen pendientes de captura: Saúl Méndez, dirigente de Suntracs que solicitó asilo en la Embajada de Bolivia en Panamá; Erasmo Cerrud, que solicitó asilo en la Embajada de Nicaragua en Panamá, y otros 11 dirigentes del sindicato.
La pugna en la OIT
Tanto sindicatos como el Gobierno se apresuraron por argumentar en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sus versiones. Lo hicieron durante la Conferencia Internacional del Trabajo, que se realizó en Ginebra, Suiza, entre el 2 y el 13 de junio de este año.
Mientras Suntracs aludió persecución, el Gobierno señaló intentos de desestabilización.
Suntracs capitalizó una intervención de Ambet Yuson, secretario general de trabajadores de la construcción y la madera, el pasado 10 de junio, quien pidió la liberación de los detenidos y criticó lo que señaló como “detenciones arbitrarias”.
La respuesta del gobierno panameño se dio por intermedio de la directora nacional de Empleo del Mitradel, Ana Gabriela Soberón, quien denunció que el país enfrenta una situación delicada en materia social, producto de las “acciones sistemáticas de desestabilización” lideradas por el Suntracs.
La OIT pidió alegatos al gobierno de Panamá, tras una denuncia interpuesta en el organismo por la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI).
Sin tregua
Mientras Suntracs y el Gobierno se dejaron ver en posiciones antagónicas durante la conferencia de la OIT, las manifestaciones en el país continuaron.
Sitraibana, por su parte, se ha desmarcado de los recientes altercados en Bocas del Toro, mientras que los gremios docentes dicen mantenerse “firmes” en las acciones de protesta y paralización a nivel nacional.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, dio un ultimátum: el docente que no vuelva a trabajar desde el lunes 23 de junio será reemplazado, azuzando fibras sensibles en el sector gremial, ya bastante preocupado por las detenciones.
Miembros de gremios docentes también han sido aprehendidos durante manifestaciones, no obstante, al ser puestos ante jueces de paz, han sido liberados. No se han reportado detenciones en centros penitenciarios a la fecha, al menos así no lo ha registrado la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), tras consulta de este medio.
Otros aprehendidos
Además de los sindicalistas, se han reportado aprehensiones de líderes indígenas en los sectores de Arimae, Darién, y de la Comarca Ngäbe Buglé, en medio de las manifestaciones que también adelantaron para rechazar las reformas a la seguridad social en el país.

La cacica suplente de Arimae, Lucrecia Caisamo; los dirigentes comunitarios Elivardo Membache e Isaías Caisamo, y otras dos personas de la comunidad fueron detenidos. Sin embargo, no se conocen mayores detalles de los delitos que se les imputan.
En Ngäbe Buglé, el dirigente Toribio García fue aprehendido por presuntos delitos contra la administración de justicia.
Hasta el cierre de esta edición, en medio de la operación Omega que desarrollan estamentos de seguridad en Bocas del Toro, cerca de 181 personas han sido detenidas.


