Panamá repitió como el tercer país de Centroamérica con el mayor promedio de criminalidad, de acuerdo al recién publicado Índice Global de Crimen Organizado, que fue lanzado este 10 de noviembre de 2025.
En el Índice se incluye a México dentro de la región de Centroamérica, ocupando la primera posición, seguido por Honduras y por Panamá, respectivamente.
La calificación que obtuvo Panamá fue de 6.93 puntos y se basa en factores como el mercado criminal y los actores criminales, en donde 0 es nada criminal y 10 es lo más criminal.
Entre los rubros importantes para el mercado del crimen en Panamá se incluyen el tráfico de drogas, la trata de personas, los delitos financieros, crímenes ambientales, comerciales y cibernéticos, según detalla el documento publicado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés).

Sobre el tráfico de drogas, el informe señala que Panamá es un país de tránsito que sirve a estructuras transnacionales como el Clan del Golfo, pero que logran insertarse en el mercado criminal local a través de otras agrupaciones criminales locales como Bagdad o Calor Calor.
El principal negocio es llevar la droga desde el sur al norte, a grandes consumidores como Estados Unidos y los países europeos.
Precisamente, el informe es financiado por la Unión Europea y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Pero una de las grandes preocupaciones que apunta el informe es cómo el crimen organizado se está infiltrando en el sector privado y en el gobierno.
En el indicador de actores criminales en Panamá, el sector privado tuvo la mayor puntuación de 8.0 puntos, un incremento de 0.50 puntos respecto al año pasado. En cuanto a actores criminales dentro del Estado, la puntuación es de 7.5.

El informe detalla que los dineros procedentes del tráfico de personas, por ejemplo, “son a menudo lavados a través del sector bancario panameño, planteando un riesgo económico amplio”.
Entre las preocupaciones a nivel gubernamental se plantean los casos puntuales de dos diputados actualmente en funciones que han sido mencionados en investigaciones de tráfico de drogas.
A pesar de que en el informe no se detallan los nombres, en 2024 se conoció que, tanto el Ministerio Público como el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales enviaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitudes para investigar a los diputados Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) e Isaac Mosquera, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).
Sobre actores del Estado, el informe apunta: “A pesar de las redadas periódicas, la corrupción sistémica dentro del aparato estatal sigue siendo un formidable obstáculo para combatir eficazmente el crimen organizado”.
A pesar del ranking poco alentador en materia criminal, que además ubica a Panamá en el octavo puesto de 35 con mayor índice de criminalidad en las Américas, hay buenas noticias en el índice de resiliencia.
Panamá es el segundo país más resiliente ante los índices criminales en toda Centroamérica, destacando la participación de actores no estatales, las políticas y leyes en materia de combate al crimen organizado, y la cooperación internacional.


