El más reciente informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre ejecución presupuestaria, correspondiente a los primeros 10 meses del año (enero a octubre de 2025), ofrece una radiografía clara de cuáles entidades del Estado han avanzado más en la utilización de su presupuesto de funcionamiento e inversión: mientras algunas muestran altos niveles de ejecución, otras mantienen un rezago.
El documento refleja que, de los $21,227.2 millones asignados, se habían comprometido $21,165.3 millones y ejecutado $16,467.9 millones, lo que representa un avance del 77.8% en funcionamiento. En materia de inversión, la brecha es mayor: de $10,684.8 millones programados, se habían ejecutado hasta octubre $7,347.3 millones, para un cumplimiento del 68.8%, una cifra que evidencia un ritmo más lento en la ejecución de proyectos.
Al revisar la ejecución por entidad, el panorama muestra un patrón recurrente: la mayoría de las instituciones registra altos niveles de avance en funcionamiento, es decir, en los gastos operativos que sostienen su actividad diaria.
Sin embargo, el comportamiento cambia cuando se trata de inversiones, donde las diferencias entre carteras son más marcadas y revelan ritmos dispares en el desarrollo de proyectos.
El balance
Entre las instituciones con mejor desempeño en inversiones destacan el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con un 77.1% de ejecución; Seguridad, con 75%; la Presidencia, con 70.7%; Salud, con 69%; y Obras Públicas, con 64%. Estas dos últimas manejan, además, algunos de los presupuestos de inversión más altos del Estado, que ascienden a $357 millones en el caso de Salud y a $865 millones en Obras Públicas, cifras que elevan el impacto de cualquier retraso o avance en su ejecución.
En el otro extremo del balance, el informe del MEF coloca al Ministerio de Educación, que hasta octubre solo había ejecutado el 15.3% de su presupuesto de inversión. Se trata de una de las instituciones con mayor peso financiero en el Estado: para 2025 recibió $3,677.2 millones tanto para funcionamiento como para inversión, montos asignados en cumplimiento de la polémica ley que obliga a destinar el 7% del PIB nacional al sector educativo.
Sobre este tema, la ministra de Educación, Lucy Molinar, ha planteado anteriormente que la mayoría de los proyectos en el sector educativo son de gran envergadura, por lo que su impacto en el presupuesto solo se refleja una vez concluidos y pagados. “Proyectos que se iniciaron el año pasado no pueden finalizarse en apenas seis meses”, puntualizó.
“Hay que hacer un ejercicio de realismo, porque eso del 7%, como lo dijo el presidente Mulino, no existe. No existe esa cantidad de dinero y, para lo que existe, nuestra ejecución es bastante buena”, agregó Molinar.
De hecho, durante la sustentación del presupuesto de 2026 —recomendado en $3,745 millones— ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, las autoridades del Meduca reconocieron en septiembre pasado que la ejecución de 2025 mostraba un ritmo desigual: mientras en funcionamiento, por $2,024 millones, se había alcanzado un 83.8%, en el renglón de inversiones, por $1,331.2 millones, se había comprometido un 39.7%.
Otras entidades
Otras entidades que juegan un rol importante en el país y cuya inversión reporta baja ejecución son el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), que de $247 millones para inversión solo había ejecutado hasta octubre $56.5 millones, lo que supone un 22.8%.
El comportamiento de las universidades públicas también evidencia contrastes en la ejecución presupuestaria. La Universidad Autónoma de Chiriquí figura entre las más adelantadas en funcionamiento, con un 87.1%, aunque solo alcanza el 10.8% en inversiones.
La Universidad de Panamá registra un avance del 74% en funcionamiento y 14.6% en inversión, mientras que la Universidad Marítima Internacional llega al 61% y 13.8%, respectivamente.
En la Universidad Especializada de las Américas, la ejecución operativa alcanza el 55.7%, pero destaca un 65.5% en inversión, uno de los porcentajes más altos del sector. En el extremo contrario se encuentra la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas, con apenas 4% en funcionamiento y 3.5% en inversión.
La Universidad Tecnológica de Panamá, por su parte, mantiene un avance del 71.1% en funcionamiento y 22.4% en inversión, reflejando un mejor ritmo que algunas de sus pares.
En este contexto, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, sostuvo este año que las restricciones impuestas por la Contraloría han dificultado la ejecución y el avance de diversos proyectos de inversión.
Alegó que la paralización de trámites —en especial el refrendo de contratos y la aprobación de compras esenciales como alimentación, reactivos para laboratorios y materiales para la impresión de diplomas— afectó el funcionamiento cotidiano de la institución, desde las cafeterías y los procesos de graduación, hasta el desarrollo de actividades de investigación.
