Trece jefes de instituciones públicas pasaron por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional en la primera semana de uno de los ejercicios más esperados de la dinámica del Gobierno: la sustentación del presupuesto general del Estado. En este caso, para la vigencia fiscal de 2023.
Más que llamar la atención por los montos, los planes o proyectos que pondrán en marcha ministerios y otras entidades el próximo año, lo que hizo ruido fueron algunas de las confesiones de varios funcionarios ante los diputados.
‘Todos roban’
“En este país robamos todos”, se escuchó decir a Alberto Cigarruista, magistrado presidente del Tribunal Cuentas, precisamente la entidad que tiene la misión de recuperar los dineros malversados en el gobierno.
“Roba el médico, roba el abogado, roba el ingeniero, roba el empresario, roba la escuela primaria, roba la directora del colegio, robamos todos. El que no roba plata, roba tiempo. No viene a trabajar y quiere cobrar y cobran. Nos llevamos las plumas, nos llevamos los lápices, nos llevamos las hojas, nos llevamos los cuadernos, nos llevamos los sobres. Ese flagelo hay que atacarlo”, confesó, luego de decir que su despacho debe recuperar $200.1 millones producto de lesiones patrimoniales.
Cigarruista es uno de los rostros más veteranos de la vida pública: fue legislador entre 1989 y 2002, magistrado de la Corte Suprema Justicia (2002-2011) nombrado en el gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004) y, en 2015, la Corte lo designó en el Tribunal de Cuentas. Poco antes, le había pedido al entonces presidente Juan Carlos Varela que lo nombrara ministro.
Sus palabras en la Asamblea causaron revuelo y revolvieron pasiones.
“Resulta indignante y ofensivo para los panameños la generalización emitida por el magistrado Alberto Cigarruista. Denuncie y lleve ante la justicia a los delincuentes al tiempo que presenta sus excusas a los que vivimos una vida de honradez y decencia”, aseguró José Ramón Icaza, expresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura.
Pero otros, como Francisco Pachi Cárdenas, exministro y expresidente del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo aplaudieron. “Estoy totalmente de acuerdo con el magistrado Cigarruista y no me siento ofendido... Cuando pienso en los chances casados, en la cantidad de técnicos y profesionales que meten plomo, los jueces y magistrados, los diputados del cashback, etc”, manifestó.
Nepotismo
El martes 23 de agosto, día en que habló Cigarruita, también sustentó su presupuesto el jefe de una de las entidades con más bajo perfil del gobierno: Bingos Nacionales, cuyo gerente Edgardo Forero sustentó un presupuesto por $966 mil.
En medio de la dinámica de sustentación, el diputado independiente Juan Diego Vásquez quiso conocer si había algún caso de nepotismo en los Bingos. “¿Usted puede garantizar ante la institución ante la que está sentado, que no ha nombrado a nadie que forme parte de su familia, consanguínea o afín?”, le preguntó Vásquez.
Forero no titubeó: “Sí, hay una persona… familia de mi esposa”.
Vásquez, pacientemente, le leyó el Decreto Ejecutivo 246 del 15 de diciembre de 2004, que adopta el Código de Ética de los funcionarios, donde se establece que los servidores públicos deberán abstenerse de nombrar a sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. De lo contrario, se exponen a sanciones que van desde una amonestación verbal o escrita hasta la suspensión del cargo. Acto seguido, Vásquez solicitó que se enviara el acta de la sesión a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), oficina que ya anunció una investigación al respecto.
¿Coacción?
Al día siguiente, miércoles 24 de agosto, la jornada arrancó con la escandalosa intromisión del Legislativo en un asunto interno del partido Cambio Democrático (CD). Esto, luego de que ese órgano del Estado divulgara un comunicado para expresar su “alta preocupación” por la expulsión los 15 diputados de CD que el 1 de julio de 2021 votaron a favor de la elección del perredista Crispiano Adames como presidente de la Asamblea. El proceso está ahora en apelación, en el Tribunal Electoral (TE). Sucede que el mismo día que la Asamblea emitió el comunicado, los magistrados del TE tenían que sustentar su presupuesto. En la Comisión de Presupuesto hay cuatro diputados de CD; todos son parte del proceso de expulsión.
Pero en esa sesión surgió otra noticia que compitió con la de la intromisión del Legislativo en un tema de la justicia electoral.
“El que no tiene dinero para pagar una licencia mejor es que no entre a la política. Los que están en la política saben que esto cuesta dinero”, dijo Heriberto Araúz, presidente del TE, cuando Juan Diego Vásquez preguntó por las dificultades que enfrentaban los aspirantes a cargos de elección por la libre postulación.
Sus palabras revolvieron a la opinión pública y, al día siguiente, el TE tuvo que emitir una “aclaración”.
“Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en el ejercicio de sus derechos políticos de elegir y ser elegido, independientemente de su posición económica; sin embargo, la misma sociedad ha exigido que se reglamente el financiamiento privado poniendo topes tanto a los precandidatos y candidatos por libre postulación y de los partidos políticos y que se divulguen estos recursos para que la opinión pública conozca quién financia a quién”, y luego dan a conocer aspectos contemplados en el Código Electoral sobre el financiamiento y la recolección de firmas.
Este es solo el comienzo. En las próximas semanas se espera la intervención del resto de los ministerios y entidades. Esta historia promete ser intensa.
