El debate se pospuso, pero la ley que obliga el uso del etanol sigue viva. Los efectos de la Ley 355 de 2023 están suspendidos por ahora, pero diputados opositores advierten que nada impide que reviva de un día para otro.
La norma, que nació en el gobierno de Laurentino Cortizo, entró en pausa el pasado 25 de marzo con una resolución que alega que el país no tiene las condiciones para aplicarla en este momento. Por ejemplo, faltan siembras, infraestructura de producción, terminales de almacenamiento adaptadas y una cadena de comercialización lista para manejar gasolina mezclada con alcohol de caña, entre otros.
La noche del lunes 27 de abril, cuando el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la suspensión del segundo debate del proyecto de ley 443, que dispone la mezcla de gasolina con 10 %, la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, recordó que la Ley 355 está vigente, y que puede activarse en cualquier momento.
Le puede interesar: Asamblea Nacional suspende el debate sobre el bioetanol obligatorio en Panamá
“No vaya a ser que hoy se suspenda la discusión de este proyecto, pero que mañana, bajo un nuevo decreto, se haga automático el uso obligatorio del bioetanol”, advirtió.
Yamireliz Chong, también de Vamos, reforzó el mensaje de su colega Prado. “Ella dejó muy claro que existe una ley que ya implementa la obligación de forma gradual”, manifestó.
“El bioetanol es una realidad hoy en el país”, aseguró.
Otro que recordó el carácter obligatorio del etanol fue Jorge Herrera, presidente de la Asamble. Mencionó la Ley 355 de 2023 y afirmó que lo que se busca con el proyecto de ley 443, dijo, es “asegurar que la implementación se haga bien”.
Además, resaltó que la Ley 355 le da a la Secretaría de Energía la potestad de incrementar la mezcla por encima del 10 %.
En el programa 180 minutos que se transmite por Radio Red, el jefe del poder Legislativo dijo que la suspensión del proyecto de ley 443 fue un consenso de todas las bancadas, cuyos jefes se reunieron el lunes en la tarde.
Coincidieron, dijo, en que falta más tiempo, más análisis y más información.
También narró que el pasado viernes, día en que el pleno no sesionó, se reunieron con un equipo de la Secretaría de Energía y miembros de la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (Azucalpa) para estudiar qué hacer con la ley. El lunes anunciaron que el debate se suspendía.
Le puede interesar: Etanol obligatorio: Del tanque del sedán al motor de la güira
Conflicto de interés
El proyecto que busca concretar esa mezcla, el 443, llegó a la Asamblea Nacional en octubre de 2025 de la mano del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.
Desde las consultas previas al primer debate, la iniciativa cargó con una sombra que no logró sacudirse: los conflictos de interés.
El contralor Anel Flores fue el primero en quedar en el ojo de la tormenta. Su familia es propietaria del Central Azucarero Alanje, una de las cuatro empresas interesadas en producir el bioetanol. En diciembre pasado, en una de las conferencias de prensa semanales del presidente José Raúl Mulino, Flores lo admitió sin rodeos, pero descartó cualquier conflicto de interés.
Pero no fue el único señalado. Fernando Chapman Arias, hermano del ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman, figura como director suplente en la Compañía Azucarera La Estrella. Y en esa misma empresa aparece también el abogado Aníbal Galindo, amigo y asesor cercano del presidente Mulino, igualmente como director suplente.
El agente residente de La Estrella es la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee, donde Galindo es socio fundador, aunque actualmente está “en licencia”.
