Dentro del engranaje del Estado persiste una fuerte resistencia a poner freno al festival de aguinaldos y bonificaciones que, cada fin de año, engorda las planillas públicas. Pese al discurso oficial de austeridad, este 2025 se destinaron $70.4 millones en gratificaciones a funcionarios; aunque para 2026 la cifra inicial era de $67 millones, el monto fue finalmente recortado a $55 millones.
Si bien el ajuste representa una reducción de $12 millones, esta medida aún no logra disipar la percepción de que el gasto en incentivos sigue siendo una pesada carga para las finanzas públicas, tal como lo señalan diputadas como Janine Prado, de la coalición Vamos e integrante de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Para dimensionar la magnitud, el proyecto de ley 293, que contempla el Presupuesto General del Estado para 2026, incluía inicialmente $92.4 millones en bonificaciones e incentivos para servidores públicos. Sin embargo, las cifras recomendadas se redujeron a $67.7 millones y, tras el análisis y las observaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, el monto final quedó en $55 millones.
El documento de los diputados instó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a mantener únicamente las gratificaciones amparadas por leyes especiales, eliminando $11.9 millones que carecen de respaldo legal.
Los recortes
En total, este año, 50 de las aproximadamente 100 entidades que conforman el aparato estatal brindan gratificaciones o incentivos a sus funcionarios. No obstante, para 2026 se realizaron ajustes en este aspecto en 24 de esas instituciones.
Los recortes más pronunciados se concentraron en el Gobierno Central, con una reducción global de $5.7 millones, destacando el Ministerio de Educación, que perdió $2 millones, y el Ministerio de Seguridad Pública, al que se le restaron $3.4 millones. También se registraron disminuciones en entidades de control y justicia, como la Contraloría General de la República, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General de Cuentas.
El impacto también alcanzó a las entidades descentralizadas y empresas públicas, donde se recortaron $1 millón y $3.1 millones, respectivamente. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y Transporte Masivo de Panamá, S.A., fueron las más afectadas dentro de este grupo, mientras que la Zona Libre de Colón perdió $650 mil.
En el sector financiero, las reducciones alcanzaron los $1.8 millones, afectando a la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros y al Banco Hipotecario.
La diputada Janine Prado ha seguido de cerca este tema, considerando que se trata de un “privilegio” que debe revisarse.
De hecho, señaló que, si bien se había presentado información sobre gratificaciones que sumaban más de $67 millones en diferentes entidades, también existen otras partidas por regular, como las de telefonía, otros incentivos y gastos de publicidad, que muchas veces no se destinan a fortalecer programas, sino al auto-promocionarse de las instituciones.
“En épocas donde necesitamos austeridad, vemos que no se están enfocando correctamente estos recortes”, señaló.
La diputada lamentó que instituciones clave, como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, que solicitaba $33.3 millones para funcionamiento, quedaran fuera de los ajustes favorables.
Resaltó que la falta de agua potable sigue siendo uno de los principales problemas del país y cuestionó que, mientras se recorta a estas entidades, el presupuesto de la Asamblea permanezca intacto, con $98 millones para 2026.
Profundo debate
El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, subrayó que los recortes a gratificaciones y bonificaciones incluidos en el presupuesto fueron una recomendación de la Asamblea, y finalmente el Ejecutivo decidió acogerla.
Según explicó, aquellas gratificaciones que permanecen en el proyecto de presupuesto están establecidas por ley, mientras que las eliminadas o reajustadas provienen de resoluciones internas de juntas directivas o decisiones administrativas de las instituciones.
Para el funcionario, este tema requiere un análisis más profundo y no puede abordarse de manera aislada. “Creo que esto forma parte de una conversación más amplia, que debe incluirse en el contexto de una ley general de salarios”, indicó, resaltando la necesidad de un marco normativo que regule de manera integral las compensaciones de los servidores públicos.
El viceministro agregó que una reforma efectiva del sistema de gratificaciones y bonificaciones debería considerar no solo los sueldos, sino también jubilaciones especiales y otros esquemas de compensación.
“No es un tema fácil de resolver y debe abordarse integralmente, no por partes”, concluyó, advirtiendo que las decisiones parciales podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas estatales a mediano y largo plazo.
