Milena Vallarino de Ferrufino, condenada a seis años por enriquecimiento injustificado, aparece en la lista de candidatos a una rebaja de pena que dio a conocer el Ministerio de Gobierno el miércoles 24 de diciembre.
Este anuncio reabre el foco sobre una historia judicial que se arrastra desde hace una década y que involucra a su familia. Su esposo, Guillermo Ferrufino, quien ocupó el Ministerio de Desarrollo Social entre 2009 y 2012, cumple una pena cercana a los 10 años de prisión por enriquecimiento injustificado y corrupción de servidor público. Su hijo, Guillermo Ferrufino Vallarino, enfrenta una investigación penal por presunto blanqueo de capitales.
El origen: el PAN y los primeros procesos
La cadena de casos arrancó en marzo de 2015, cuando las autoridades aprehendieron a Ferrufino en medio de una investigación por presuntos sobrecostos en contratos de alquiler de helicópteros del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Ese expediente abrió la puerta a una serie de pesquisas que marcaron el rumbo judicial de la familia.
En diciembre de 2015, la Fiscalía Anticorrupción solicitó llevar a juicio a Ferrufino por corrupción de servidor público. El Juzgado Decimotercero Penal admitió esa petición en abril de 2016. De forma paralela, el 18 de ese mismo mes, el Juzgado Undécimo Penal llamó a juicio a Ferrufino y a su esposa, Milena Vallarino, por enriquecimiento injustificado. Los peritajes financieros detectaron entonces un desfase patrimonial superior a los 2.3 millones de dólares frente a los ingresos declarados por la pareja.
Casos que avanzan a paso lento
Entre 2017 y 2020, los expedientes vinculados al PAN siguieron su curso entre incidentes y recursos. En febrero de 2017, la fiscalía pidió enjuiciar a Ferrufino y a otros exfuncionarios por peculado en el caso de los helicópteros. Años después, en febrero de 2020, un tribunal superior revocó una nulidad previa y ordenó retomar el proceso, con audiencia preliminar fijada para 2021.
En paralelo, el caso por la compra de granos a través del PAN, que involucró a decenas de exfuncionarios y empresarios, permaneció en etapa de investigación durante años, sin llegar a juicio de fondo.
Juicios, fallos y condenas
En enero de 2021, el Segundo Tribunal Superior dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Ferrufino en una causa por blanqueo de capitales. El fallo cerró ese expediente, pero dejó en pie otros cuatro procesos clave: enriquecimiento injustificado, corrupción de funcionarios y dos causas por peculado.
En febrero de 2022 marcó un punto de quiebre. El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales condenó a Ferrufino y a Vallarino a seis años de prisión por enriquecimiento injustificado. El tribunal concluyó que ambos acumularon bienes por más de 2.2 millones de dólares sin sustento legal durante la gestión del exministro.
Ese mismo período trajo otra sentencia adversa para Ferrufino. Un tribunal lo declaró culpable de corrupción de servidor público por la compra de una camioneta Toyota valorada en 110 mil dólares, financiada, según el fallo, por empresarios que luego recibieron contratos estatales. La condena, de 48 meses de prisión, quedó firme en abril de 2023 tras el rechazo de un recurso de casación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En 2023, los tribunales confirmaron en segunda instancia la pena por enriquecimiento injustificado. Con ambas sentencias ejecutoriadas, el sistema penitenciario unificó las condenas de Ferrufino en un período cercano a los 10 años de cárcel.
Se entrega
Tras agotar los recursos legales, Ferrufino se entregó a las autoridades el 7 de octubre de 2024. Días después, el 24 de octubre, fue capturada Vallarino para que cumpliera su condena.
Ese mismo operativo, realizado en La Chorrera, derivó en la aprehensión de su hijo, Guillermo Ferrufino Vallarino, luego de que las autoridades hallaran cerca de 87 mil dólares en efectivo ocultos en su habitación. Pruebas de ion scan detectaron rastros de drogas en el dinero, lo que dio paso a una investigación por presunto blanqueo de capitales. Un juez ordenó su detención domiciliaria con permiso para trabajar y estudiar.
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De acuerdo con juristas consultados, en el proceso penal que culminó con la condena de Vallarino, el Estado figura como sujeto pasivo del delito, dado que el enriquecimiento injustificado se configuró a partir de recursos de origen público. En ese contexto, corresponde a las instituciones estatales con competencia en la causa ejercer, si así lo consideran, el derecho a oponerse a una eventual rebaja de pena dentro de los plazos establecidos por la normativa penitenciaria.
Hasta el momento, el Ministerio Público no se ha pronunciado sobre el tema.
