La última sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional dejó al descubierto un dato revelador: varias entidades estatales destinan aguinaldos, bonos o gratificaciones que representan un gasto millonario para el Estado. Solo en 2025, este renglón sumó $70.4 millones, y para 2026 la cifra proyectada asciende a $67 millones.
Fue la diputada de Vamos, Janine Prado, quien cuestionó el elevado gasto en gratificaciones y bonificaciones dentro del sector público mientras la Contraloría General de la República sustentaba su presupuesto, el pasado jueves 25 de septiembre.
“Cuando lo vemos en números, contralor, parece mentira, pero en época de bonanza se pueden tomar ciertos privilegios; sin embargo, cuando hay que apretarse el cinturón, vale la pena revisarlo”, advirtió.
Con el proyecto de presupuesto en mano y dirigiéndose al contralor Anel Flores, la diputada veragüense destacó que, para 2025, el renglón 081 de gratificaciones suma $70.4 millones a nivel nacional, y que para 2026 se proyectan $67 millones en ese mismo rubro.
A su juicio, se trata de un monto considerable en momentos en que el país enfrenta carencias en instituciones educativas, de salud y, de manera particular, en el acceso al agua potable, que demanda inversiones urgentes.
Este medio hizo una revisión de algunas entidades que han declarado públicamente que pagan bonificaciones a sus funcionarios y se pudieron conocer algunos montos millonarios. Por ejemplo, en el presupuesto de 2025, la Caja de Seguro Social tiene, en el renglón 081 sobre gratificación y aguinaldo, un monto de $22.8 millones. Como se recordará, esta entidad es una de las más grandes del país, con una planilla de 35 mil funcionarios.
El Órgano Judicial también tiene, en ese mismo renglón, un monto de $4.2 millones. El Ministerio de Seguridad asignó $3.4 millones, mientras que el Ministerio de Salud, en su presupuesto modificado de este año, destinó casi $3 millones para este fin.
El Ministerio de Economía y Finanzas delegó $1.5 millones para gratificaciones e incentivos, mientras que la Autoridad Marítima de Panamá otorgó $1 millón.
El debate
El contralor también respondió a interrogantes relacionados con este tema del diputado de Vamos, Manuel Samaniego. De hecho, la propia Contraloría tenía una partida de $50 mil para bonificaciones, aunque el propio contralor aclaró que redujeron ese monto, que inicialmente era de $1.2 millones.
El contralor aclaró que la decisión de no pagar ciertos bonos navideños se fundamenta en evaluaciones de personal y en la necesidad de un tratamiento uniforme para todos los funcionarios. “La decisión está puesta allí porque estamos haciendo las evaluaciones del personal. Esto no es un aguinaldo parejo para todos los 3,900 y pico de funcionarios. Nosotros tomamos la decisión el año pasado, cuando aún estábamos en transición, de no pagar el bono navideño”, afirmó, subrayando que la medida responde a criterios legales y técnicos.
Flores recordó que la Corte Suprema de Justicia decretó que los servidores públicos debían recibir el décimo tercer mes con el mismo tratamiento que en el sector privado.
El contralor fue enfático: “Nosotros no creemos en ese bono navideño porque ya fue restituido el derecho correcto de haber sido pagado su décimo tercer mes. Tener dos bonificaciones lo encuentro como un fuero de privilegio. En el caso de la Contraloría, ese monto no eran 50 mil balboas, honorable, eran $1.2 millones”, dijo ante las preguntas de Samaniego.
Bonificaciones por ley
En ese mismo contexto, Flores señaló que la Contraloría mantiene una postura firme frente a las solicitudes de pago de bonos adicionales. Solo las instituciones con “convención colectiva” que lo contemplen están recibiendo estas bonificaciones, que deben respetarse, mientras que en las demás se intenta evitar pagos adicionales sin fundamento legal.
Por su parte, Samaniego planteó que, en tiempos de crisis, los recursos destinados a aguinaldos y sobresueldos podrían redistribuirse para cubrir necesidades urgentes en instituciones educativas y otros servicios públicos.
Flores respondió que, efectivamente, se ha enviado comunicación a varias entidades, congelando aumentos, traslados con incrementos y nombramientos mientras se evalúa el cumplimiento de la ley.
Finalmente, el contralor recordó que la disputa con las instituciones no es nueva. Cuando se niega un referendo para el pago de bonos, a menudo las entidades insisten, lo que reduce temporalmente el poder de la Contraloría. La estrategia ha sido dilatar pagos hasta encontrar un marco legal adecuado, como ocurrió con el bono navideño del año pasado, evitando pagos irregulares y protegiendo los recursos públicos.
El gobierno de Panamá aprobó recientemente la Resolución de Gabinete N.º 57-25, un plan de contención del gasto que busca reducir hasta 1,900 millones de balboas del presupuesto general del Estado para 2025. La medida, publicada en la Gaceta Oficial No. 30298-A, responde a un escenario fiscal complejo, en el que los ingresos disponibles no alcanzan para cubrir los gastos autorizados, y se aplica de manera uniforme a todas las instituciones del sector público.
