Fracasó el intento de citar al director de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, para que respondiera ante el pleno de la Asamblea Nacional un cuestionario sobre los términos y alcances de la concesión temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las riberas del Canal de Panamá.
La iniciativa, sustentada por la diputada Yamireliz Chong, de la coalición Vamos, buscaba que el funcionario informara a la ciudadanía sobre los criterios que enmarcan la decisión administrativa.
La diputada del circuito 3-1, en la provincia de Colón, argumentó que la ciudadanía debía conocer con claridad qué está ocurriendo en torno a esta concesión.
Sin embargo, al momento en que los diputados votaron por alterar el orden del día para introducir la propuesta, 23 votaron a favor y uno en contra, por lo que se declaró inexistente, por no alcanzar los votos requeridos.
Durante el debate, el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, del partido oficialista Realizando Metas (RM), calificó la iniciativa como un acto de “politiquería”.
Camacho fue el único diputado que se pronunció en contra. Recientemente cuando la Asamblea votó para citar a la ministra de Desarrollo Social Beatriz Carles de Arango, este diputado fue el único que se opuso.
Carles de Arango deberá responder un cuestionario de 40 preguntas relacionados con la gestión de los albergues que acogen a niños, niñas y adolescentes en el país, en particular el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se han documentado irregularidades.
La Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal también citó a Luis Roquebert para que respondiera preguntas relacionadas con el sector portuario del país; sin embargo, hasta el momento no ha comparecido.
La Asamblea ratificó al jefe de la AMP a finales de julio de 2024.
En la sesión de este jueves predominaron las curules vacías. También se vivió tensión entre los diputados, particularmente después de varios días de cruces de palabras y reclamos por el escaso respaldo al momento de votar distintos proyectos en el pleno, lo que evidenció fracturas internas y un clima de desconfianza entre las bancadas.
Manuel Samaniego, de la bancada independiente Vamos, protestó cuando su colega Carlos “Tito” Afú, de Cambio Democrático, presentó una propuesta de ley. El diputado alegó que no existía el quórum reglamentario necesario para continuar con la discusión.
El fallo de la Corte
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 29 de enero de este año declaró la inconstitucionalidad de la Ley 5 de 1997, que le otorgó la concesión operativa de los puertos de Balboa y Cristóbal a PPC.
Esta decisión quedó en firme cuando se publicó en la Gaceta Oficial el pasado lunes 23 de febrero. Desde ese día, el Gobierno de José Raúl Mulino tomó el control de las dos terminales portuarias, acción que fue calificada como ilegal por parte de Panama Ports Company (PPC).
“La disrupción causada por el Estado genera serios riesgos en las terminales. Nada de esto ha sido comunicado ni coordinado con PPC ni con sus inversionistas”, fue parte de lo que comunicó la empresa el pasado lunes.
Sin embargo, el presidente Mulino dijo este jueves en su conferencia de prensa semana que es falso que la empresa no estuviera al tanto de los procedimientos que se harían.
