‘Fue una relación cliente abogado’, dijo el procurador designado sobre su vínculo con el presidente Mulino

Luis Carlos Gómez Rudy, de 45 años de edad, dijo que si llega a ser procurador, las investigaciones se regirán bajo los criterios de independencia, transparencia y objetividad.

La Comisión de Credenciales recomendó al pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del nombramiento de Luis Carlos Manuel Gómez Rudy como procurador general de la Nación. El tema entró en agenda después de las 5:00 p.m. de este lunes 21 de octubre y cerca de las 8:00 p.m. Gómez Rudy recibió el visto bueno de los nueve diputados que componen esta comisión legislativa. No hubo votos en contra ni abstenciones.

Antes de esta aprobación, Gómez Rudy respondió a las interrogantes que le formularon varios diputados.

Una de las primeras preguntas que respondió el abogado fue sobre su vínculo con la persona que lo designó en el puesto: el presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero. El tema lo puso sobre la mesa la diputada oficialista Shirley Castañeda, presidenta de la comisión. Le dijo lo siguiente: “el haber ejercido algún tipo de representación judicial al ciudadano Mulino Quintero en el año 2016, ¿afecta o incide en esa objetividad e independencia que debe reinar en un procurador general de la Nación?”

‘Fue una relación cliente abogado’, dijo el procurador designado sobre su vínculo con el presidente Mulino
Luis Carlos Gómez, procurador de la Nación designado. LP/Isaac Ortega.

Gómez Rudy, de 45 años de edad, respondió que si llega a ser procurador, las investigaciones se regirán bajo los criterios de transparencia y objetividad. “Serán los hechos, acontecimientos y evidencias los que determinarán la suerte de esas investigaciones, no las personas. Evidentemente, si de esas investigaciones surge alguna vinculación con algún ciudadano o con un sujeto del proceso, pues tendrá que ser puesto a disposición de los tribunales, quienes serán los que determinarán la responsabilidad de esas personas”, sustentó.

‘Fue una relación cliente abogado’, dijo el procurador designado sobre su vínculo con el presidente Mulino
Luis Carlos Manuel Gómez, procurador general de la Nación designado. LP/Isaac Ortega

Más adelante, cuando respondió a una pregunta similar de la diputada independiente Janine Prado, el procurador designado dijo que su vínculo con Mulino “fue una relación eminentemente cliente abogado”. Añadió que era uno de los muchos clientes que ha tenido a lo largo de su carrera profesional.

La mayoría de los diputados alabaron la hoja de vida de Gómez.

Alexandra Brenes, diputada independiente le preguntó sobre cómo va a tratar los casos de allegados al gobierno, teniendo en cuenta que Mulino lo designó.

Gómez Rudy dijo que el procurador general de la Nación y los fiscales se deben a la Constitución. “Reitero mi compromiso objetividad, independencia y transparencia”. agregó.

En una ocasión dijo: “no soy político”, y añadió que tampoco responde a políticos.

La sesión se desarrolla en el auditorio Carlos Titi Alvarado de la Asamblea. La intervención de Gómez en la Comisión de Credenciales era la más esperada. Desde temprano abogados de distintos círculos, entre ellos varios del expresidente Ricardo Martinelli, caminaban por los pasillos del edificio y a medida que se acercaba la hora estimada para la presentación se desplazaron hasta el salón para tomar un asiento.

Luis Duke, diputado de Vamos, le preguntó por su equipo de trabajo. Gómez contestó que no ha hablado con nadie al respecto, ya que no ha sido ratificado. “He tenido ideas, no he materializado nada. Me gustaría poder ascender a algunas personas”. Recordó que el Ministerio Público tiene 5,600 funcionarios.

Dijo que no ha tenido acercamientos con el actual procurador de la Nación Javier Caraballo, pues aún no ha sido ratificado, de lo contrario sería “imprudente o inoportuna”.

Duke también le consultó sobre el presupuesto del Ministerio Público para el 2025. El procurador designado dijo que si ha lo revisado, que ya está establecido y que trabajará con las asignaciones presupuestarias que se le otorguen.

Para el 2025, de acuerdo con el proyecto de presupuesto general del Estado que presentó el ministro Chapman, contaría con $276,572,240 para el próximo año. Se distribuye así: $199,901,049 para funcionamiento y $76,671,191 para medicina legal y forense.

De aprobarse el monto, sería levemente superior al asignado para este 2024: $275,862,219.

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Lo primero que hará, según dijo a los diputados, estará encaminada a hacer un diagnóstico de la institución. Visitará todas las oficinas del Ministerio Público en el país, que son más de 300, prometió.


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