Diecisiete días después de la fuga masiva de 195 privados de libertad del centro penitenciario La Joyita, el presidente José Raúl Mulino habló por primera vez sobre uno de los episodios más graves ocurridos en el sistema penitenciario durante su administración.
En una extensa declaración leída durante su conferencia de este jueves 18 de junio, el mandatario defendió la respuesta del Gobierno, confirmó investigaciones internas y rechazó la posibilidad de despedir a funcionarios mientras avanzan las pesquisas.
Cuando ocurrió el suceso Mulino se encontraba en misión oficial en Grecia.
“Mi prioridad es recuperar a los presos evadidos y encontrar a los responsables para que paguen. No habrá protección legal ni política a favor de nadie”, afirmó.
La evasión ocurrió el pasado 1 de junio en medio de un motín dentro del penal. Según las cifras divulgadas por Mulino, 178 de los 195 fugados han sido recapturados, mientras que las autoridades continúan la búsqueda de los 17 restantes. Varios de ellos son homicidas, procesados por droga y crimen organizado, entre otros.
Aunque restó perfil criminal a los prófugos que permanecen fuera de prisión, el presidente aseguró que serán localizados.
“Si bien no son presos de alto perfil o jefes de banda, son fugados que cometieron delitos y serán encontrados y volverán a la cárcel, que es donde deben estar”, sostuvo.
‘No quiero entregar una cabeza’
Las declaraciones del mandatario llegan en momentos en que abundan los cuestionamientos sobre las responsabilidades dentro del sistema penitenciario y sobre la permanencia en sus cargos de altos funcionarios vinculados a la seguridad de las cárceles.
Precisamente, Mulino se refirió a este asunto, muy a su estilo y tono.
“No quiero entregar una cabeza porque lo pide alguien como forma de tapar lo verdadero y profundo de este hecho para que después nada cambie”, manifestó.
Y agregó: “No tengo ningún protegido y repito, sancionaré y denunciaré a quien corresponda una vez tenga la información objetiva de las autoridades que manejan esto”.
El presidente confirmó que, tras la fuga, ordenó separar de sus funciones a guardias y al jefe de seguridad del penal mientras avanzan las investigaciones.
También informó que existe una denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la Nación.
Hasta el momento, Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno; y Jorge Torregroza, director de la Dirección General del Sistema Penitenciario, se mantienen en sus puestos.
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No se ha divulgado quienes son los funcionarios separados.
Según dijo, 155 privados de libertad ya enfrentan procesos judiciales por su participación en la evasión y podrían recibir condenas de hasta siete años adicionales a las penas que ya cumplían. De ellos, 28 ya habrían sido sentenciados.
‘Todo eso entró por la puerta’
Mulino usó el ejemplo de la fuga para cuestionar el funcionamiento del sistema penitenciario y denunció la existencia de estructuras criminales que continúan operando desde las cárceles.
“La fuga demuestra que el sistema falló, colapsó”, afirmó.
Añadió que la capacidad de algunos detenidos para seguir coordinando actividades delictivas desde prisión evidencia el deterioro de los controles internos.
“La vinculación de presos en actividades ilícitas es la demostración de que fue vulnerado en las narices de los funcionarios que por acción u omisión lo permitieron”, argumentó.
Y lanzó la siguiente frase: “Como siempre he dicho, todo eso entró por la puerta, con la complicidad de los que estaban cuidando la puerta”.
Durante su intervención también defendió las requisas masivas ejecutadas en los últimos días dentro de varios centros penitenciarios y aseguró que permitieron decomisar armas, drogas y otros artículos prohibidos.
Coiba y la seguridad nacional
Mulino también salió al paso de las críticas por el traslado de 29 detenidos considerados de alta peligrosidad a instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en isla Coiba.
La medida ha generado múltiples cuestionamientos de organizaciones ambientales y de derechos humanos debido a que Coiba alberga uno de los parques nacionales más importantes del país y es Patrimonio Mundial de la Unesco.
Pero el presidente rechazó esos señalamientos. “El traslado a Isla Coiba fue realizado de acuerdo con necesidades de la seguridad nacional y esto no es una discusión sobre el uso de una reserva sino de la seguridad de los panameños”, dijo.
Mulino recordó que la base utilizada fue construida durante su gestión como ministro de Seguridad y aseguró que se encuentra fuera de los límites del parque nacional.
“Esa instalación no está en el parque nacional, se usará para cuidar la seguridad nacional y personal de miles y miles de panameños”, afirmó.
También negó que los detenidos tengan libertad de movimiento dentro de la isla.
Presos de alta peligrosidad con pescadores ilegales
“Estos presos de alta peligrosidad que operan desde las cárceles no están sueltos por la isla, que es la impresión que dan muchas de las manifestaciones. Están detenidos en el centro del Senán, el mismo centro donde van detenidos quienes hacen daño ambiental en los alrededores de la isla, pescadores ilegales”, aseguró.
El mandatario fue más allá y sugirió que algunas críticas podrían responder a intereses distintos a los ambientales.
“Espero sinceramente que estas críticas no tengan relación al intento de proteger a los personajes trasladados”, señaló.
El debate sobre los derechos humanos
En otro aspecto, Mulino cuestionó a organizaciones que han expresado preocupación por las condiciones de detención y el hacinamiento carcelario.
“Estoy a favor de los derechos humanos, pero siempre empezando por los derechos humanos de las víctimas”, afirmó.
El presidente contrastó las denuncias sobre las condiciones de los privados de libertad con los daños sufridos por víctimas de homicidios, violaciones, extorsiones y robos.
También cuestionó el uso de teléfonos celulares dentro de los centros penitenciarios y aseguró que algunos líderes criminales continúan dirigiendo actividades ilícitas desde prisión.
“Los presos que la tienen gratis la usan para joder a quienes les paga su comida y su luz”, dijo al referirse al suministro eléctrico en las cárceles.
