Panamá enfrenta uno de los mayores desafíos a su reputación como hub logístico: la infiltración del crimen organizado en puntos neurálgicos de su infraestructura de movilidad.
La desarticulación de la red que operaba dentro de Tocumen S.A., revelada por el Ministerio Público, incluyó a funcionarios que cambiaban colillas y manipulaban maletas para enviar droga a Europa, según confirmó la investigación que detalló rutas y modus operandi dentro del principal aeropuerto del país.
A este caso se suma la destitución de más de 200 funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, reconocida por su directora Soraya Valdivieso, quien atribuyó las separaciones a corrupción, falta de idoneidad profesional y riesgos de infiltración criminal, con varios expedientes ya remitidos al Ministerio Público.
El panorama se agrava con las alertas sobre el uso de las costas panameñas para operaciones de narcotráfico, un fenómeno que se refleja también en el incremento del transbordo de cocaína en contenedores en los puertos, donde Guatemala, México y Panamá aparecen en informes internacionales como puntos de alto riesgo por la contaminación de carga.
Frente a esta ola de hechos, el presidente José Raúl Mulino vinculó ayer la violencia reciente con disputas entre pandillas alimentadas por el aumento de la producción de cocaína en Colombia, señalando que ese incremento ha intensificado las pugnas locales por el control de rutas y servicios ligados al tráfico de droga.
