Las oficinas de participación ciudadana de la Asamblea Nacional, según Jorge Herrera, presidente de ese órgano del Estado, ya no existen. Todas cerraron.
Así lo contó Herrera durante la última sesión de la Comisión de Presupuesto, reunión que se desarrolló el jueves 12 de marzo. Ante los diputados, el jefe del Legislativo contó que la institución clausuró cada uno de esos locales en el país y reubicó a su personal en otras entidades públicas.
El tema encendió el debate
El asunto entró a la agenda de la Comisión de Presupuesto porque la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, pidió detalles sobre el destino de esos funcionarios. “¿Cuántas (oficinas) siguen abiertas hasta la fecha?”, preguntó.
“Ninguna”, respondió Herrera. Entonces la diputada le lanzó otra pregunta: “¿Qué ha pasado con el personal que laboraba en esas oficinas?”.
“Muchos han ido a instituciones públicas, muy pocos a juntas comunales y a alcaldías, para que no se esté especulando que se está protegiendo a nadie. Y esos funcionarios le rinden informes a los directores provinciales de las diferentes instituciones que representan”, narró.
También contó que esas oficinas fueron cedidas a fundaciones que atienden a jóvenes y niños. Enseguida, Prado pidió información sobre los convenios.
“Ya hay bastante avance en los mismos. A través de Recursos Humanos, a través de la Oficina de Participación Ciudadana acá de la Asamblea, se están haciendo los convenios respectivos”, respondió Herrera.
Para la diputada Prado, el tema encarna un problema administrativo, pues la institución paga salarios a trabajadores que hoy prestan servicios en juntas comunales, escuelas u otras dependencias donde el Legislativo no ejerce supervisión directa.
Prado planteó una salida sencilla: si el personal trabaja en esas entidades, dijo, lo correcto sería trasladarlo formalmente a sus planillas.
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‘Sensibilidad social’
Herrera defendió la decisión con un argumento distinto. Habló de “sensibilidad social”. Según explicó, cerca del 90% de los funcionarios pertenece a la carrera legislativa y muchos enfrentan situaciones familiares complejas, entre ellas enfermedades graves.
Por esa razón, añadió, la administración optó por permitir que permanezcan en sus provincias y laboren desde instituciones locales.
“Yo soy de los diputados que atiende a su gente los fines de semana. Hace unos cuatro o cinco meses llegó a mi oficina una señora de una provincia. Ese día yo tenía unas 300 personas esperando. Cuando llegué, a las 6:45 de la mañana, ella fue la primera a la que atendí. Después me enteré de que había llegado desde las 11 de la noche para apartar un cupo. Si yo fuera doctor, estaría por las nubes”, relató.
El diputado contó que, al escucharla, le preguntó de dónde venía. “Me dijo que era de tal provincia. Le respondí que yo no soy diputado de ese circuito. Entonces me explicó: ‘Diputado, usted fue quien me trasladó a la capital. Yo soy funcionaria de Participación Ciudadana’”.
Según el relato, la mujer le contó que su hija está enferma y que además tiene una niña de tres años bajo su custodia porque el padre nunca se hizo cargo. “Yo nada más me eché para atrás y pensé: ‘Dios, ¿por qué me ponen estas pruebas?’”, dijo.
El diputado agregó que la mujer le pidió comprender “la parte social y moral” del caso.
El presidente de la Asamblea también aseguró que los trabajadores deben cumplir jornadas de ocho horas y entregar informes a los directores provinciales de las entidades donde prestan servicios. También adelantó que la institución prepara convenios para formalizar esa relación laboral.
¿Cuántos son?
¿Cuántos funcionarios de Participación Ciudadana hay? Hasta el momento se desconoce la cifra. En mayo de 2025, el contralor Anel Flores dijo que en Chitré, provincia de Herrera, por ejemplo, había 36 funcionarios en esas oficinas.
“¿Qué hacen? Nadie sabe”, expresó en ese momento, y agregó que en cada una de estas oficinas hay 30, 40 personas o más.
En Veraguas, según información oficial obtenida mediante solicitudes de acceso a la información por la diputada Prado, había 59 personas.
‘La voz de la comunidad’
El cierre de esas oficinas, sin embargo, no logró consenso dentro del hemiciclo.
Benicio Robinson hijo, suplente de su padre Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), lamentó la desaparición de esos espacios.
Los describió como “la voz latente en la comunidad” y advirtió que algunos sectores buscan eliminarlos para quedarse con los puestos de trabajo asociados a esas estructuras. También elogió la forma en que Herrera ha manejado el tema frente a lo que llamó visiones “retrógradas”.
Desde otra orilla, el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas, cuestionó la medida. Recordó que la participación ciudadana suele presentarse como un instrumento de transparencia y preguntó por qué la Asamblea decide cerrar justamente esos espacios.
Las dudas legales
Para el abogado Rodrigo Noriega, el cambio abre interrogantes legales y administrativas. Noriega explicó que, cuando se eliminaron estas oficinas, el Legislativo debió formalizarlo mediante algún instrumento jurídico, como una resolución de la junta directiva o del pleno.
Ese mismo documento, añadió, tendría que definir el destino del personal que trabajaba en esas sedes.
El abogado cuestionó además la situación de los funcionarios que pertenecen a la carrera legislativa pero ahora prestan servicios en otras entidades.
“Si son funcionarios de carrera legislativa, están obligados a dar sus servicios en la Asamblea Nacional”, advirtíó.
A su juicio, el esquema también puede crear conflictos institucionales. La Asamblea, recordó, tiene la función de fiscalizar la ejecución del presupuesto y las políticas públicas del Ejecutivo.
“¿Cómo voy a fiscalizar programas del gobierno si tengo personal nombrado en esas mismas entidades?”, preguntó.
El abogado advirtió además que esos funcionarios deberían responder administrativamente tanto a la Asamblea, que paga sus salarios, como a las instituciones donde trabajan, lo que exige controles formales de asistencia y desempeño.
Más allá del debate político, Noriega considera que el tema revela un problema mayor: un posible exceso de personal en la planilla legislativa.
“Es sumamente preocupante, porque da la impresión de que la Asamblea tiene más personal del que necesita y busca fórmulas para mantenerlo en la planilla”, concluyó.
