Shirley Castañedas asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio con el respaldo activo del presidente José Raúl Mulino. Detrás de ese triunfo gravita una pregunta que podría cambiar el rumbo de la política panameña: ¿revivirá el proyecto de ley de amnistía que beneficiaría al expresidente Ricardo Martinelli?
Castañedas, quien actualmente cuenta con una licencia de la Asamblea para ejercer la práctica del derecho, forma parte del equipo de abogados del exmandatario y cada tanto lo visita en Colombia, país donde se asiló para esquivar la condena por blanqueo de capitales del caso New Business. Martinelli, además, es el fundador y presidente de Realizando Metas (RM), partido de gobierno.
En abril de 2025 la Asamblea discutió el proyecto de ley 235, que buscaba una amnistía política para los procesados y condenados en casos de corrupción, medida que podría darle el boleto de regreso al país a Martinelli.
Sin embargo, en ese momento la iniciativa, presentada por el diputado Jairo “Bolota” Salazar y respaldada mediante un informe de minoría por Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli, y en aquel momento presidente de la Comisión de Gobierno, no prosperó.
No fue la única propuesta que pretendía darle oxígeno al exmandatario. En febrero de este año, un segundo intento tocó la puerta de la Comisión de Gobierno, con un proyecto del diputado Jamis Acosta, también de RM, que buscaba reformar el Código Judicial y el Código Procesal Penal para abrir una nueva vía de revisión de sentencias dictadas bajo el antiguo sistema inquisitivo, justo el que condenó a Martinelli en el caso New Business.
El proyecto fracasó en primer debate por un tecnicismo, la falta de un artículo indicativo, y solo contó con el voto favorable de Camacho. El día en que la propuesta naufragó, Castañedas, entonces miembro de la comisión, se levantó de su asiento junto con otros diputados antes de la votación.
Ahora todo es distinto. Castañedas dejó de observar el debate desde una curul de comisión para mirarlo desde la silla que reparte la agenda legislativa de todo el país.
Aunque el 1 de julio el tema no estuvo en los discursos, sí se mencionó en medio de la votación.
El tema lo instaló el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Jairo Salazar, el mismo diputado que impulsó el proyecto de amnistía. “Libertad al hombre más traicionado de este país, Ricardo Martinelli”, dijo el colonense antes de darle el voto a Castañedas.
Bolota Salazar se considera amigo personal del expresidente. A lo largo de este quinquenio, ha posado con carteles que dicen: “Free Martinelli”.
“Tema prioritario”
La posibilidad de una amnistía para el presidente de RM es un tema que por estos días se discute entre distintos sectores de la sociedad.
José Isabel Blandón, exalcalde capitalino y excandidato presidencial, considera que la amnistía será “un tema prioritario” en la agenda de la nueva jefa del Palacio Justo Arosemena.
En “Las claves del 1 de julio”, un análisis que realizó La Prensa y disponible en You Tube, luego de la elección de la junta directiva de la Asamblea para 2026-2027, el panameñista dijo que, desde el principio de las conversaciones para la integración de la nueva junta directiva, la bancada de RM planteó que la aprobación de una ley de amnistía era un tema importante para ellos.
Para Blandón, el activismo de Mulino en la búsqueda de votos para Castañedas deja una lectura difícil de esquivar: “Puede ser una señal de que sí están llegando a un acuerdo entre ellos dos y que aquí hubo una contraprestación. Yo apoyo a Shirley, tu abogada, la que va a proponer la ley de amnistía, pero tú en cambio apoyas las decisiones que vamos a tomar como gobierno”.
Sobre los límites legales de esa eventual amnistía, Blandón fue tajante: “La amnistía aplicada al caso de Ricardo Martinelli, para mi juicio, sería inconstitucional. Pero si pretendieran plantear que la amnistía significa que ya la condena pierde vigencia y que él por lo tanto queda habilitado para ser candidato en el 2029, eso todavía sería más inconstitucional, en mi opinión. Y ahí es donde vamos a ver si realmente hubo o no un acuerdo”.
En el mismo debate, la politóloga Sabrina Bacal afirmó: “El ganador del día de hoy (1 de julio) no estuvo en los discursos: Ricardo Martinelli”.
En agosto de 2024, cuando la propuesta se asomó al pleno legislativo, el presidente José Raúl Mulino fue consultado sobre el asunto. En ese momento se apartó tajantemente de la propuesta.
“Eso no tiene mi consenso, ni mi aceptación ni nada que se le parezca”, aseguró.
¿Es posible que dos años después cambiara de opinión? Blandón cree que sí.
“Bueno, él decía en la campaña que Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino, y cambió de una vez el mismo 1 de julio del 2024. Para mí no hay una explicación de que Mulino, no solamente apoyara la candidatura a Shirley, sino que activamente le buscara votos en otras bancadas, que no sea alguna señal de buscar arreglar las cosas con Ricardo Martinelli”, planteó.
‘Dos peligros estructurales’
Olga de Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, ubica el debate de la amnistía dentro de un cálculo más amplio. “Hay dos peligros distintos estructurales”, advierte. “Uno, el bloqueo a todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y la mejora de estructuras de transparencia para prevenir los actos de corrupción, y dos, la posible impunidad que puede traer una ley de amnistía o un perdón”.
También menciona que la abstención del Partido Panameñista al momento de la votación del pasado 1 de julio debe tomarse en cuenta.
“Tenemos fuerzas dentro de la asamblea, como por ejemplo el panameñismo con su abstención, que manda mil mensajes, en el cual también hay un expresidente que se puede beneficiar de esta misma impunidad”, argumentó, en referencia a Juan Carlos Varela, procesado en el caso Odebrecht.
En la Asamblea, por lo pronto, Camacho ya anunció que buscará formar parte de las comisiones de Salud y de Gobierno. Otra vez quiere estar en la de Gobierno, organismo legislativo que presidió en los dos últimos años.
Blandón y De Obaldía coinciden en algo: si la Asamblea aprueba una ley de amnistía, el asunto no se cerrará ahí. Ambos anticipan que la norma terminaría demandada ante la Corte Suprema de Justicia, que tendría la última palabra sobre su validez.
