En medio del debate y las críticas a la Asamblea Nacional por la planilla de 8,308 funcionarios, el presupuesto de $203.5 millones y los 21 asistentes administrativos que ganan $5,000, el Legislativo, órgano que preside Shirley Castañedas, difundió un comunicado en el que defiende el millonario costo de funcionamiento de la institución.
La entidad afirma que, en los últimos 15 años, su operación requirió “recursos cercanos” a $175 millones anuales.
También añade que “establecer un presupuesto de aproximadamente $120 millones, sin considerar la realidad histórica y operativa de la institución, genera una brecha que afecta directamente su funcionamiento”.
Los $120 millones de los que habla la nota es la cifra contemplada para la entidad en el presupuesto de 2027.
Sin embargo, no dice que el Legislativo cerró septiembre de este año con un presupuesto modificado de $203.5 millones, es decir, $104.8 millones adicionales a los $98.7 millones que le asignaron este año. El Palacio Justo Arosemena llegó a esa cifra con traslados de partidas y créditos adicionales aprobados por la Comisión de Presupuesto.
“La Asamblea Nacional debe contar con los recursos necesarios, como primer Órgano del Estado, para ejercer de manera independiente las funciones que la Constitución le asigna”, se lee en el boletín de prensa.
El 24 de septiembre pasado, la comisión aprobó cuatro traslados por $32.1 millones. Los fondos salieron del Ministerio de Salud, ($16.3 millones) dinero que se usó al pago de personal transitorio de la Asamblea.
El 60% es eventual
En el boletín de prensa, la Asamblea informa que su planilla “responde a una estructura legislativa permanente” que incluye 15 comisiones, equipos técnicos, jurídicos, administrativos y legislativos, además de todo el proceso de elaboración, análisis, discusión y aprobación de leyes.
Añade que el 60% del personal es eventual y el 40% permanente. Sin embargo, el documento no explica por qué se necesitan tantos funcionarios, qué labores cumplen, cómo se sustenta su contratación ni a quién responden.
Recientemente el diputado perredista Benicio Robinson admitió que tiene 116 funcionarios trabajando en la Asamblea.
El comunicado también asegura que el salario promedio de los trabajadores es de $1,500 y confirma que tiene 2,766 asistentes administrativos I, de los cuales aproximadamente la mitad gana $1,200.
“No corresponde presentar como regla general remuneraciones que no representan a la mayoría”, añade el comunicado.
Sin embargo, este medio no dijo que la mayoría de quienes ocupan esos cargos gana $5,000. Lo que informó fue que 21 asistentes administrativos I y II tienen ese salario.
Sobre estos sueldos, el comunicado afirma que “solo 74 funcionarios permanentes” ganan hasta $5,000 y que ocupan cargos directivos, técnicos o especializados.
La planilla de la Contraloría registra 91 personas con ese salario, el más alto de la institución. De ellas, 74 son permanentes. El comunicado deja fuera a las otras 17.
La promesa de transparencia
El texto cierra con el compromiso de ofrecer “hechos, cifras oficiales y contexto”.
El 26 de octubre, Castañedas calificó de “falsa” en el pleno la información sobre la planilla. Minutos después, presentó su propio desglose, que sumaba los mismos 8,308 funcionarios.
Sus dos antecesores, Dana Castañeda y Jorge Herrera, también prometieron reducir la planilla. En ambos periodos, el gasto en personal aumentó.
