El Ministerio Público (MP) mantiene abiertas varias investigaciones contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien fue aprehendido el martes 27 de enero en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Así lo dio a conocer el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, sin entrar en mayores detalles. Gómez Rudy informó que este miércoles Carrizo deberá enfrentar una audiencia relacionada con un caso específico de presunto enriquecimiento injustificado.
“En ese sentido vamos a esperar a que el tribunal de justicia determine la situación jurídica del señor”, dijo, en declaraciones a medios locales.
El jefe del Ministerio Público recordó que la audiencia prevista para la tarde de este miércoles corresponde a una investigación por enriquecimiento injustificado que, según explicó, se origina a partir de un informe de la Contraloría General de la República. “Nace a raíz de un informe de la Contraloría General de la República quien determina que este servidor público durante el periodo de su gestión se enriqueció indebidamente por una suma de naturaleza millonaria”.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que adelanta el caso, el exvicepresidente no habría podido justificar $1.9 millones de su patrimonio.
La audiencia de garantías está programada para las 5:00 p.m. de este miércoles, cuando un juez de control deberá legalizar la aprehensión, formular la imputación de cargos y definir las medidas cautelares que se aplicarán.
Amparo de garantías
El exvicepresidente Carrizo presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar el secuestro de cuentas bancarias, vehículos, cuentas por cobrar y bienes inmuebles, medida ordenada por la Contraloría General de la República. El recurso legal está bajo el conocimiento de la magistrada María Eugenia López Arias.
En octubre pasado, la Contraloría ordenó el secuestro de cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados al exvicepresidente hasta por $1.3 millones.
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Carrizo, quien fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones de mayo de 2024, ha sostenido que el proceso en su contra responde a una “persecución política”.
