El reloj marcó las 4:00 p.m., del viernes y, con ese golpe seco del tiempo administrativo, se cerró la puerta para quienes aspiraban a dirigir la Defensoría del Pueblo. Entre los 35 inscritos —una cifra que habla de interés, aunque no necesariamente de posibilidades reales— hay nombres que ya no necesitan presentación.
En esa lista sobresalen el actual defensor, Eduardo Leblanc González, que busca extender su gestión; la exmagistrada Ángela Russo, cuya trayectoria judicial arrastra tanto experiencia como controversias; y el diputado suplente Ricardo Valencia, que irrumpe desde la política partidista. ¿Qué decisiones han marcado su rol como figuras públicas?
En el caso de Russo ingresó a la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2015, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, y permaneció en el cargo hasta diciembre de 2025. Su paso por el máximo tribunal, a lo largo de una década, estuvo rodeado de claroscuros, entre decisiones judiciales relevantes y cuestionamientos sobre su actuación.
Las decisiones
Por ejemplo, en septiembre de 2017 representantes de la sociedad civil organizada exigieron la renuncia de Russo, ponente, y de los otros siete magistrados, que avalaron el fallo que dejó sin efecto la parte medular del proceso judicial por presuntas irregularidades en la compra de 19 radares por $125 millones durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Esa decisión, adoptada en 2017, benefició al entonces exministro y exviceministro de Seguridad durante la administración de Martinelli —José Raúl Mulino y Alejandro Garuz, respectivamente—, quienes eran investigados en ese caso. En la actualidad, Mulino ocupa la Presidencia de la República.
En otro polémico caso, Russo fue una de los magistrados que en 2021 consideró que el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) no cometió delitos de actos libidinosos contra menores de edad.
En aquel momento, cinco magistrados —Luis Ramón Fábrega, María Eugenia López Arias, Carlos Vásquez, Otilda Valderrama y Miguel Espino— concluyeron que Arias era responsable de uno de los cuatro delitos sexuales que le atribuían la parte querellante y el magistrado fiscal Olmedo Arrocha. La votación reflejaba una mayoría clara, pero no suficiente para cerrar el caso.
Del otro lado, el bloque conformado por Ángela Russo, Cecilio Cedalise, José Ayú Prado y Hernán De León se apartó de esa conclusión y terminó definiendo el rumbo del proceso. Al tratarse de un diputado en funciones, el artículo 495 del Código Procesal Penal exigía una mayoría calificada de dos tercios —seis de nueve votos— para dictar condena. Así, el resultado de 5 a 4, aunque mayoritario, no alcanzó el umbral necesario y dejó sin efecto la posibilidad de condena en ese momento.
En otros temas de derechos humanos Russo dejó constancia de posturas divergentes dentro del pleno de la Corte Suprema. Así ocurrió con el fallo que cerró la puerta al matrimonio igualitario en Panamá, frente al cual fue la única magistrada en salvar su voto.
En un escrito de 18 páginas, Russo advirtió que el Estado incumplía obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, justicia y no discriminación, y cuestionó que la decisión —con ponencia de María Eugenia López Arias— se apoyara en definiciones “ya superadas” de familia y matrimonio, marcando distancia. Eso ocurrió en marzo de 2023, en la que el pleno declaró que no es inconstitucional prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país.
Gestión de Leblanc
En el caso de Eduardo Leblanc González, uno de los principales argumentos a su favor es que bajo su administración, la Defensoría del Pueblo recuperó el estatus A ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, lo que le devolvió reconocimiento internacional. Su presencia también se hizo visible en terreno: desde inspecciones en estaciones migratorias en Darién hasta pronunciamientos sobre condiciones en centros penitenciarios y fallas en servicios básicos.
Sin embargo, ese protagonismo ha estado acompañado de cuestionamientos. Aunque su discurso ha insistido en la necesidad de despolitizar la institución, su actuación en coyunturas sensibles —como protestas sociales en Bocas del Toro, persecución judicial contra ambientalistas o decisiones del Ejecutivo en materia migratoria— ha sido observada con cautela por organizaciones civiles y sectores jurídicos.
En varios de estos episodios, su intervención se ha centrado en llamados al diálogo y la mediación, por encima de posturas de confrontación directa, lo que ha llevado a que su papel sea percibido por algunos sectores como más reactivo que determinante frente al poder político.
Esa percepción se acentuó recientemente en su comparecencia ante la Asamblea Nacional —órgano encargado de elegir al defensor—, donde defendió una propuesta de ley que beneficiaría al expresidente Ricardo Martinelli, actualmente asilado en Colombia tras ser condenado por blanqueo de capitales en el caso New Business.
Transfuguismo
Por su parte, Valencia, quien es el actual suplente de la diputada de Realizando Metas, Shirley Castañedas, se le recuerda por su pasado en la Asamblea cuando fue diputado entre 2009 y 2014.
En 2011, Valencia se convirtió en el primer diputado panameñista tránsfuga al inscribirse en las filas del partido Cambio Democrático. Con apenas 22 años, el entonces diputado —uno de los más jóvenes de la Asamblea— habría formalizado su adhesión de manera reservada, marcando un temprano giro en su trayectoria política.
Su paso por el Legislativo también estuvo acompañado de cuestionamientos. Valencia fue señalado por su baja participación en el pleno y por figurar entre los diputados con mayor número de ausencias. Ese historial reaparece ahora en el debate público, en momentos en que busca proyectarse hacia la Defensoría del Pueblo.
La lista de aspirantes también incluye perfiles que combinan trayectoria técnica con experiencia política, aunque con menor visibilidad mediática. Es el caso de Gloria Young Chizmar, además de su trabajo en derechos humanos, cuenta con paso por la Asamblea Nacional como diputada.
A su lado aparecen nombres como Venicia Clementina Chang, vinculada al ámbito académico, y juristas como Rodrigo García Rodríguez y Raúl Eduardo Peñaloza Testa, con trayectorias en espacios legales y administrativos.
