La Contraloría General de la República dejó sin efecto la orden de suspender los salarios a un grupo de funcionarios de la Asamblea Nacional que laboran en los despachos de los diputados de la coalición Vamos.
La decisión está consignada en la Resolución 1437-2026-DNAJ/UA del 11 de mayo, firmada por el contralor Anel Flores. No obstante, los afectados no cobraron su quincena el pasado 15 de mayo.
Ese mismo día, pero más temprano, el contralor se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y los diputados de Vamos, Roberto Zúñiga, Luis Duke y Augusto Palacios. En ese reunión -según Zúñiga y Duke- se les comunicó que se restituirían los salarios de 48 funcionarios que Flores, de forma unilateral y sin comunicar a nadie, había otorgado “licencia sin sueldo”.
En esa resolución se menciona que el contralor puede suspender el pago a los funcionarios. Si bien eso es así, no tiene la facultad de otorgar licencias (son o sin sueldo) que no laboran en la Contraloría. La ley de carrera administrativa indica que las licencias deben ser autorizadas por la entidad nominadora, que -en este caso- es la Asamblea Nacional.
La Contraloría alega que la Dirección Nacional de Auditoría había identificado, en 2025 y 2026, supuestas anomalías en el pago de empleados en la Asamblea, ausencia de registro de asistencia o excepción de marcación, y posible dualidad de pagos y jornadas simultáneas.
La decisión de dejar sin efecto la medida de suspensión de salario a los 48 funcionarios ocurre luego de que se validara “que no tienen ningún tipo de relación con la auditoría correspondiente”.
Pese a que el contralor se comprometió a restituir los salarios, ni uno de los afectados cobró su quincena el pasado 15 de mayo.
Así lo confirmaron los diputados independientes Janine Prado y Luis Duke. “Tampoco se ha dado mayor información”, añadió Prado.
La abogada Martita Cornejo, quien labora en el despacho de la diputada independiente Alexandra Brenes, también lo confirmó.
“A la fecha no nos han pagado ni un dólar”, dijo, al tiempo que explicó que algunos compañeros tienen pendientes cuatro meses de salario y otros, un mes. En su caso, no cobra desde hace dos meses.
El grupo de afectados tiene previsto presentar esta semana nuevos amparos de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra las dos resoluciones que ordenaron la suspensión de salarios por parte de la Contraloría General de la República.
No son los únicos recursos legales presentados. Ya el pasado lunes 11 de mayo presentaron ante la Contraloría dos recursos de reconsideración contra las resoluciones No. 619-2026-LEG/US, de 19 de marzo de 2026, y No. 1189 DNAJ/UA, de 15 de abril de 2026, que adoptaron las medidas cautelares de suspensión de salario.
Cornejo dijo que aún no han sido resueltos. Adelantó, además, que presentará una ampliación en la denuncia penal —que ya había interpuesto ante el Ministerio Público— basada en el hecho de que la resolución del pasado 19 de marzo de 2026 suspendió su salario con fundamento en una auditoría que se realizó antes de que empezara a laborar en el Palacio Justo Arosemena.
La resolución en mención señala que la auditoría se ejecutó en 2025 y era dirigida a detectar posibles “ausencias de registros de asistencia o excepción de marcación”. Cornejo y otro funcionario entraron a laborar en 2026.
“Esto demuestra que hay una falsedad dentro de dicho documento”, sostuvo la abogada.
Se consultó con la Contraloría sobre el proceso de reactivación de los salarios, pero hasta ahora no ha respondido.
Luego de la reunión del 11 de mayo, el diputado Zúñiga, jefe de la bancada Vamos, explicó que el contralor les comunicó que dejaría sin efecto la medida y que se procedería al pago retroactivo de los salarios de los trabajadores afectados.
Flores, además, les anunció que la reactivación de los salarios demoraría unos días.
Los diputados de Vamos denunciaron en su momento que esa medida adoptada por Flores tenía una motivación política, debido a que los únicos en licencia eran funcionarios asignados a los despachos de la bancada independiente.
Además, la suspensión de salarios se produjo en momentos en que la Asamblea discutía un proyecto de ley para fomentar el uso del bioetanol anhidro en el país.
Flores fue presidente, hasta noviembre de 2024, de Central Azucarero de Alanje, uno de los ingenios que mostró interés en el bioetanol.
Según el contralor, los funcionaros “investigados” no cumplían con un horario laboral en el legislativo. Por esa razón, les suspendió el salario y los colocó en régimen de “licencia sin sueldo por investigación”, sin avisar ni dar explicaciones.
