La Defensoría del Pueblo abrió una investigación por el caso del exfuncionario de la Alcaldía de Panamá que resultó herido tras una trifulca con un agente de la Policía Municipal durante una protesta en el edificio Hatillo.
Así lo confirmó la defensora del pueblo, Ángela Russo, quien detalló el trámite que sigue la institución para determinar si hubo violación de derechos humanos.
El pasado 3 de agosto, exfuncionarios del Municipio de Panamá protestaron frente al edificio Hatillo para exigir el pago de sus prestaciones laborales. La protesta terminó en una trifulca con la Policía Municipal. Alberto Llerena, cayó por unas escaleras durante el forcejeo con un agente y está recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santo Tomás.
El trámite de la Defensoría
“En este momento tenemos abierta una investigación al respecto y es lo único que le puedo decir porque estamos en el trámite correspondiente”, afirmó la defensora.
Sobre el alcance de esa investigación, la defensora precisó que solicitaron un informe a la autoridad, tal como lo dispone el artículo 47 de la Ley 504 de diciembre de 2025. Una vez que la Defensoría reciba la respuesta, podrá emitir una resolución que determine si hubo o no violación de derechos humanos.
La defensora también advirtió sobre las consecuencias que enfrenta un funcionario que no responda a estos requerimientos. La ley faculta a la Defensoría del Pueblo a emitir una resolución que declare a la institución o al funcionario como hostil y entorpecedor cuando la autoridad requerida no conteste la solicitud de información.
Russo aclaró que la solicitud no se dirige de manera directa al agente señalado como responsable, sino a la autoridad competente, porque forma parte de la investigación. “No tengo certeza en este momento de quién fue la persona que supuestamente agredió y qué fue lo que supuestamente pasó”, explicó.
La defensora recordó que el papel de la institución consiste en servir de puente entre las personas que constituyen el pueblo panameño y las instituciones públicas.
La versión del alcalde
Por su parte, el alcalde Mayer Mizrachi calificó el altercado de “lamentable” y argumentó que el presupuesto municipal contempla el pago de las prestaciones pendientes, que la administración desembolsa de forma paulatina.
“La actuación de la Policía Municipal no fue exactamente la que yo espero de una policía, que es disuadir”, manifestó un día después del incidente.
Anunció que espera el informe de las “Casas de Paz” (mediadores) para evaluar “las correcciones dentro de la Policía Municipal, e incluso considerar las suspensiones que sean necesarias.
Sin embargo, Mizrachi también atribuyó parte del conflicto a lo que llamó “ciertas personas que han sido reincidentes en provocar, quizás por motivaciones políticas, altercados y disrupciones al orden”.
Enfatizó que su administración siempre ha atendido a los ciudadanos “de una manera ordenada” y con “cordialidad”, pero que “una o dos manzanas tiraron el árbol” en referencia a quienes participaron en la protesta del lunes.
Valentín Jaen, abogado de los exfuncionarios agredidos, en tanto, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el alcalde, el director de la Policía Municipal y el agente señalado.
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