La primera sesión de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional del nuevo periodo legislativo comenzó con un fuerte reclamo: la ausencia del Órgano Judicial en los debates legislativos.
Varios de los diputados de esta instancia denunciaron que desde hace más de un año, la Corte Suprema de Justicia no ha respondido a las solicitudes de concepto que esta comisión envía para analizar proyectos de ley relacionados con la administración de justicia.
El presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), cuestionó directamente a la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López, por no atender las solicitudes formales. “Con la actual presidenta nunca hemos recibido respuesta. Entiendo que no simpatizamos, pero debe comprender que las solicitudes no son de Camacho, sino de la Comisión de Gobierno, para beneficio de la discusión democrática”, declaró. A pesar de la falta de colaboración, aseguró que seguirán enviando las peticiones tanto al Órgano Judicial como al Ministerio Público.
En el mismo sentido, el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), calificó de “inaceptable” que durante todo un año la Corte no haya enviado “una sola emisión de concepto o representación”. A su juicio, esta ausencia limita el debate y debilita el trabajo parlamentario.
El independiente Luis Duke fue otro de los que expuso su crítica. Consideró “totalmente inaceptable” que la Corte guarde silencio frente a proyectos que incluso plantean reformas a su propia estructura. “Es intolerable que busquen aumentarse los salarios, pero no trabajar para el país”, afirmó.
Mediante un acuerdo interno, el órgano Judicial aprobó un fondo especial de jubilación que les permitiría retirarse con el 100% de su salario, equivalente a $14 mil. Los jueces municipales recibirían su jubilación de la Caja de Seguro Social más el 40% de la diferencia con su último salario en el Órgano Judicial. Los jueces de circuito obtendrían su jubilación de la CSS más el 50% de la diferencia con su último salario recibido. En el caso de los magistrados de los Tribunales Superiores recibirían su jubilación de la CSS más el 60% de la diferencia con su último salario.
Ante las críticas masivas, el acuerdo fue suspendido respecto a los magistrados de la Corte, aunque algunos sectores consideran que la medida aún resulta insuficiente.
La diputada Patsy Lee Rentería, del Partido Popular, proponente de una de las iniciativas en discusión, añadió que, aunque enviaron cartas tanto al Órgano Judicial como al Ministerio Público, solo este último respondió. En tanto que el diputado Roberto Zúñiga, de Vamos, por su parte, insistió en que la participación de la Corte en los debates es indispensable para garantizar decisiones legislativas de calidad.
Ante esta situación, los miembros de la comisión plantearon enviar una carta conjunta a la presidenta de la Corte, para reiterar que la solicitud de conceptos no es un asunto político individual, sino una exigencia institucional amparada en la ley.
¿Por qué es importante?
La emisión de conceptos por parte del Órgano Judicial es un insumo técnico que permite al Legislativo evaluar las implicaciones jurídicas y constitucionales de los proyectos, en especial aquellos vinculados a la administración de justicia.
La Ley 49 de 1984, que le da vida al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional respalda esta práctica, pues establece la obligación de las entidades estatales de responder a las solicitudes de las comisiones legislativas. En el caso de la Comisión de Gobierno, la participación del Órgano Judicial resulta crucial porque muchos de sus proyectos inciden directamente en el funcionamiento de los tribunales, el acceso a la justicia y los recursos que requiere este poder del Estado.
