Iván Barría, que fue gerente general de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) entre julio de 2014 y marzo de 2017, consideró “exagerada” la cifra reclamada por el gerente actual Carlos Mosquera como indemnización.
Barría reconoció que él también pactó un acuerdo mutuo al dejar su cargo, pero la cantidad solicitada por Mosquera es considerablemente mayor que la suya. No quiso revelar el monto exacto.
“Lo más cuestionable es que Mosquera haya procedido con su liquidación antes de la entrada en funciones de la nueva junta directiva [el otro mes]. Me parece sorprendente que haya gestionado esto justo al dejar el cargo y, si presentó una excusa médica, fue bien asesorado, porque eso está respaldado por ley”, advirtió Barría.
Agregó que el gerente de Etesa ha acumulado “mucho poder” en los últimos años. Anteriormente, el gerente podía manejar hasta $300 mil en compras directas sin licitación, pero ahora la cifra “supera el millón de dólares”, sin necesidad de aprobación de la junta directiva.
Confirmó la existencia del beneficio del ajuste anual del 3% sobre el salario y los bonos de productividad. Este ajuste salarial es automático y no está condicionado a evaluaciones de desempeño o la consecución de alguna meta.
Recordó que “cuando llegué a Etesa, no había gerente alguno, porque todos se habían retirado con una buena liquidación”.
Barría reemplazó a Fernando Marciscano en la gerencia de Etesa.
“Etesa está registrada como una empresa, pero se controla políticamente, lo cual es una aberración. Todas las contrataciones requieren la aprobación de la Presidencia de la República”, lamentó.
Barría recomendó a las nuevas autoridades realizar una auditoría sobre la gestión de Mosquera.
Mosquera (que ya gana un salario de casi $14,200 al mes) reclama una indemnización de $249,195. No es el único. El subgerente Óscar Rendoll, pide $306,615 y el gerente de Compras, Daniel Castilla, $77,095.
También hay directores gestionando sus pagos: los directores Pablo Castrejón (de Finanzas), Ramón Palacios (de Asesoría Legal) y Zorina Carles (de Servicios Corporativos) recibirán $116,577, $119,366 y $91,068, respectivamente.
Etesa emitió un comunicado en el que señala que los mutuos acuerdos se ajustan a la ley y que los gerentes y ejecutivos tienen “derecho” a recibirlo.
José Raúl Mulino, que el próximo 1 de julio tomará posesión como presidente de la República, ha pedido a la Contraloría General de la República que no refrende estos pagos, por considerarlo un “abuso” en el manejo de los fondos públicos.
