Constructora Meco, S.A., una de las empresas confesas de pagar sobornos en el caso Blue Apple, le reclama $20 millones al Ministerio de Obras Públicas (MOP) en concepto de premio o bonificación por supuestamente haber concluido de manera “anticipada” los trabajos de rehabilitación y el ensanche de la carretera Panamericana en el tramo Viguí-San Félix, una obra de $284.5 millones.
La constructora presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que declare inconstitucional la “negativa tácita” configurada por silencio administrativo, en que, dijo, incurrió el MOP al no resolver su solicitud de pago de la bonificación.
El abogado Albis Manuel Casasola Morales, en representación de Meco, presentó la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte.
El pasado 29 de septiembre, la CSJ asignó el caso al despacho de la magistrada María Eugenia López Arias, según consta en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial.
El caso ya pasó por la Sala Tercera
Se trata de la segunda vez que Meco acude a la Corte para reclamar la bonificación.
En 2023, llevó el reclamo ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, que lo admitió en marzo de 2024. No obstante, el 27 de febrero pasado, la Sala falló a favor del MOP.
Los magistrados Carlos Alberto Vásquez Reyes (ponente), Gisela Agurto Ayala y María Cristina Chen Stanziola reconocieron que aunque el MOP nunca respondió formalmente a Meco, esa negativa tácita no es ilegal.
De paso, señalaron que a la empresa no le correspondía recibir la bonificación, ya que aunque el Estado recibió la obra para ocupación antes del plazo establecido, la misma no estaba terminada en su totalidad el 12 de abril de 2017, la fecha en que Meco dice que cumplió con el plazo.
Los tres magistrados examinaron la documentación y concluyeron que quedaban trabajos pendientes, como la rehabilitación de siete puentes.
En 2024, el entonces procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, había pedido a la Sala Tercera que declarara que el silencio del MOP no era ilegal. Argumentó que el ministerio sí atendió la petición de Meco, porque tramitó memorandos internos para pedir informes sobre el reclamo.
Así comenzó la historia
Esta historia contractual entre Meco y el MOP comenzó en 2013, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), presidente que encargó la obra. El proyecto abarcó 41 kilómetros de carretera.
En una de sus cláusula, el contrato fijaba un incentivo de $5 millones por cada mes de entrega anticipada, con un tope de $20 millones.
La empresa afirma que terminó la obra el 12 de abril de 2017, cuatro meses antes del vencimiento del plazo contractual, el 21 de agosto de 2017. Por eso exige el pago.
Meco reclamó el pago por primera vez en 2019, mediante la nota GG-013-2019.
Volvió a presentar la solicitud el 18 de julio de 2023, durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024). El MOP no respondió.
La obra cambió en el camino
El contrato original se modificó tres veces mediante adendas. La primera se gestionó en 2016 cuando se añadió una barrera central de concreto y siete pasos peatonales a desnivel.
La segunda se tramitó en 2019. En ese momento se cambió la fuente de financiamiento de la obra. Mientras que la tercera, en 2021, amplió el período de mantenimiento de 730 a 760 días.
Al momento de emitir el fallo de la Sala Tercera, el MOP tramitaba una cuarta adenda por aumento de costo. Esa gestión seguía pendiente y por eso el proyecto aún no tenía el acta final de aceptación.
Meco y Blue Apple
Carlos Cerdas, dueño y apoderado de Meco, admitió ante la Fiscalía Anticorrupción del caso Blue Apple que su empresa pagó unos $9.4 millones en sobornos a cambio de contratos millonarios con el gobierno.
Los pagos ocurrieron en el gobierno de Martinelli, aquel en el que Meco se adjudicó el contrato de rehabilitación y ensanche en el tramo Viguí-San Félix de la Panamericana.
Cerdas (así como otros dos contratistas del MOP) reconocieron que los pagos oscilaban entre 5% y 10% del valor bruto de los contratos con el MOP y se canalizaron por medio de una cuenta canasta a nombre de la sociedad Blue Apple Services, Inc.
Cerdas firmó en 2017 un acuerdo de colaboración con la fiscalía, por lo que no fue enjuiciado ni encarcelado por la comisión de estos delitos.
Sin embargo, pese a la confesión, Meco siguió contratando con el Estado. Por ejemplo, la empresa se quedó con el proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, una obra de $228.4 millones. La obra fue adjudicada en enero de este año.
En abril de 2026, La Prensa documentó que en 2025, la empresa también figuró entre las favorecidas con 17 contratos directos otorgados en apenas dos días (11 y 12 de febrero) por $10.6 millones, bajo la figura de emergencia ambiental, para la rehabilitación de caminos y la construcción de zarzos en la comarca Ngäbe Buglé.
Consultado por La Prensa sobre el reclamo, el MOP indicó que esperará la decisión de la Corte respecto a la demanda de inconstitucionalidad que está en manos de la magistrada López.
