La Procuraduría General de la Nación anunció este domingo 8 de febrero que inició diligencias tras la presentación de una denuncia por presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, una instalación tutelada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
La queja fue interpuesta por la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, luego de una inspección al albergue realizada junto a otros miembros de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con el Ministerio Público, una vez recibida la denuncia se ordenaron actuaciones inmediatas con el objetivo de determinar la posible comisión de hechos punibles y, de ser el caso, establecer las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.
Las autoridades subrayaron que la investigación busca esclarecer los hechos y garantizar la protección de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, en especial de los menores de edad.
Las diligencias se desarrollaron en el propio CAI de Tocumen, donde equipos del Ministerio Público, acompañados de peritos y personal forense, realizaron verificaciones técnicas y el levantamiento de información relevante. Estas actuaciones, según se informó, buscan documentar de manera objetiva las distintas situaciones observadas en el albergue.
La Procuraduría reiteró su compromiso con una investigación seria, diligente y respetuosa del debido proceso, orientada al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, indicó que las pesquisas continuarán hasta agotar todas las líneas necesarias que permitan determinar si existen o no conductas delictivas vinculadas con lo denunciado.
Sesión extraordinaria
En paralelo, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, en su calidad de presidenta de la junta directiva de la Senniaf, convocó a una sesión extraordinaria para este lunes 9 de febrero. La reunión fue anunciada tras los señalamientos públicos realizados por la diputada Brenes sobre un supuesto caso de abuso contra niños en el albergue de Tocumen.
Según se informó, el encuentro tendrá como objetivo evaluar la situación y definir acciones inmediatas frente a posibles irregularidades que comprometan la integridad y la seguridad de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. Las autoridades del sector social indicaron que se trata de una medida urgente ante la gravedad de los hechos denunciados.
El Ministerio de Desarrollo Social subrayó que la protección del interés superior de la niñez y la adolescencia es y seguirá siendo una prioridad absoluta del Estado panameño. En ese sentido, aseguró que colaborará de forma total y transparente con las autoridades competentes ante cualquier indicio que ponga en riesgo los derechos de los menores.
La denuncia de la diputada Brenes se produjo luego de una inspección al albergue, en la que, según relató, se detectaron múltiples anomalías, entre ellas el deterioro de la infraestructura, la falta de personal idóneo para atender adecuadamente a las personas bajo resguardo y la convivencia de niños, niñas y adultos en un mismo espacio, una situación que —advirtió— no cumple con los estándares adecuados de protección.
Otros casos
En 2020 Panamá vivió un escándalo de abusos y maltrato en albergues para niños, niñas y adolescentes que puso en tela de juicio la supervisión estatal de estas casas de acogida. Las denuncias comenzaron a acumularse a mediados de ese año, cuando organismos estatales como la Senniaf y el Mides presentaron denuncias penales por presuntos delitos de maltrato y otros hechos punibles cometidos contra menores bajo custodia en varias instalaciones del país.
Organizaciones no gubernamentales alertaron sobre abusos físicos, emocionales y condiciones inadecuadas en albergues de Tocumen y Veraguas, señalando que en algunos centros no se cumplían los protocolos de atención y cuidado de los menores. En respuesta a esas irregularidades, la Senniaf ordenó el cierre de al menos tres albergues en 2020 por incumplimiento de normas y riesgo para la integridad de los niños y adolescentes.
Entre los casos más graves documentados, la fiscalía abrió investigaciones por presuntos delitos sexuales y maltrato en albergues como el Centro Integral Fundación Chilibre Panamá (Funchipa), sobre el cual también se indagaron supuestos manejos irregulares de fondos públicos. En varios de esos procesos el Ministerio Público dictó medidas de protección y reubicó a menores que estaban en riesgo.
La Fiscalía de Panamá también identificó al menos 20 víctimas vinculadas a abusos sexuales, maltratos físicos y psicológicos en distintos albergues durante ese periodo, y mantuvo abiertas múltiples investigaciones relacionadas con esos hechos. Las pesquisas incluyeron inspecciones a más de 50 albergues en todo el país, así como entrevistas a las víctimas para documentar las posibles conductas delictivas.
A raíz de estos escándalos, el impacto institucional fue profundo: en años posteriores, tribunales de justicia panameños condenaron a exfuncionarios de la Senniaf por maltrato agravado a menores ocurrido entre marzo y agosto de 2020, en uno de los episodios más resonantes del caso. Estas sentencias reflejan la culminación de procesos que se remontan a las denuncias presentadas durante ese año.
