La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, envió una nota a la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lilibeth Cárdenas, en la que le pregunta si existen casos de niñas de 8 y 9 años en estado de embarazo dentro de los albergues bajo supervisión de esa institución.
La nota oficial, enviada el 17 de marzo de 2026 y registrada bajo el número DM-0433-2026, cita la Ley 14 de 2009 y el Decreto N°404 del 30 de octubre de 2020 que asignan a la Senniaf la supervisión de estos centros de acogida.
Además, se da en medio de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por supuestas irregularidades y abusos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.
Lo que solicita la Ministra
En la nota, Carles de Arango plantea tres interrogantes a la Senniaf. Primero, pregunta si la institución tiene registro de niñas de 8 y 9 años en estado de embarazo dentro de los albergues bajo su supervisión.
En caso de que existan, añade, pide saber si las menores ingresaron a los albergues ya en estado de embarazo, o si el embarazo ocurrió después de su ingreso a estos centros.
Por último, solicita que se le informe si el embarazo tuvo lugar dentro del albergue, y si es así, pregunta si se interpusieron denuncias ante las autoridades competentes.
“En el supuesto que se registrara cualesquiera de estos casos, requerimos se indique qué tipo de intervención se ha llevado a cabo con las niñas en esta situación para preservar su salud e integridad física y psíquica”, se lee en el documento.
Un embarazo en niñas de 8 y 9 años constituye, por definición, el resultado de una violación sexual, delito tipificado y penado por la legislación panameña. La existencia de estos casos dentro de centros del Estado, espacios que deben garantizar la protección de menores vulnerables, representaría una falla grave en los sistemas de salvaguarda institucional.
La diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos y presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, realizó una gira por los albergues que acogen a niños, niñas y adolescentes en el país. En el Centro de Atención Integral de Tocumen detectó una serie de irregularidades y supuestos abusos, por lo que presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
El año pasado, el Ministerio de Educación remitió al menos 300 casos relacionados con violencia, abuso sexual y embarazos adolescentes al Ministerio Público, luego de ser detectados en centros educativos del país por los gabinetes psicopedagógicos, como parte de los protocolos de protección del interés superior del menor.
