Dos abogados han interpuesto sendas denuncias contra del titular del Ministerio de Salud (Minsa), Fernando Boyd Galindo: una penal, promovida por la abogada Marianette Gantes Vanegas, ante el Ministerio Público, y otra, de carácter administrativa, ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), interpuesta por Rodney Saavedra Navarro.
En ambos casos, se trata de la supuesta intervención del ministro en favor de Hombres de Blanco, Corp., empresa responsable de la limpieza de ocho hospitales del Minsa.
En el primer caso, el ministro es señalado por Gantes Vanegas por el supuesto “abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos; autorización y ejecución de actos contrarios a la Ley, omisión de cumplir con deberes legales y actuación fuera de los límites de sus atribuciones”.
Se refería la abogada a tres cotizaciones en línea “utilizadas como preámbulo a los procedimientos excepcionales, para contratar directamente servicios de aseo hospitalario”.
Señala la denuncia que cada cotización fue inferior a $3 millones, para un total de más de $8.5 millones. “Esta conducta –añade– constituye un grave indicio de intención de eludir la evaluación y aprobación por parte del Consejo de Gabinete, tal como lo indica el artículo 83 de la Ley de Contratación Pública…”.
“Esta conducta debe ser investigada por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad […] e infracción de los deberes […], pues se fraccionó indebidamente el objeto contractual, incumpliendo el procedimiento legalmente establecido”.
La denunciante agrega que en las cotizaciones en línea participaron varios proponentes. “Esto demuestra que no existe un proponente exclusivo del servicio y el Estado puede beneficiarse de un acto público de licitación en donde participen la mayor cantidad de oferentes posibles […]”.
Pero el Minsa, “en lugar de convocar la respectiva licitación pública, procedió a iniciar un procedimiento excepcional con el objetivo de contratar directamente y sin licitación a la empresa Consorcio Salud e Higiene Hospitalaria”, liderado por Hombres de Blanco.
Gantes Vanegas resalta que no había justificación, basada en la Ley de Contrataciones Públicas, para hacer una contratación directa, precisamente porque hubo más de un oferente era inadmisible un procedimiento excepcional argumentando la supuesta existencia de un único proveedor.
La abogada recordó también que el Minsa fue notificado el pasado 30 de enero de tres advertencias de ilegalidad por supuestas violaciones a la Ley de Contrataciones Públicas y por presuntas violaciones a los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia.
Pero estas advertencias, que debían ser revisadas por la Sala Tercera de la Corte Suprema, indica la denuncia, nunca fueron remitidas.
El Minsa –explicó la abogada– “privó a la Corte Suprema de verificar la legalidad de la situación al abstenerse de remitir las respectivas advertencias, violando la Ley 38 de 2000, que obliga a remitir la advertencia en un término no mayor de tres días hábiles”.
Hay más. Los contratos adjudicados comenzaron a ejecutarse sin refrendo. Aún sabiendo de esta irregularidad, el ministro “autorizó y permitió la ejecución de un contrato, pese a que el referido refrendo es un requisito indispensable para la validez y ejecución de los actos administrativos que comprometen fondos públicos…”.
En consecuencia, argumenta la denunciante, “usurpó” las funciones del Contralor, “transgrediendo el principio de legalidad de la administración pública”.
“Esta conducta –afirma Gantes Vanegas– no solo vulnera el orden jurídico vigente, sino que podría tipificarse como un acto doloso, orientado a eludir los mecanismos de control fiscal previstos en la Constitución y la Ley, generando un grave perjuicio al interés público”.
De hecho, el pasado 4 de septiembre, la Contraloría emitió una circular, dirigida a todo el Gobierno, en la que advierte que, dada la frecuencia con que se presentan casos como los descritos en párrafos anteriores, advirtió que “no refrendará ningún documento contractual en los que hayan sido recibidos con antelación los bienes, obras o servicios objeto del compromiso”.
“La ejecución de un contrato estatal sin refrendo –explica la abogada en su denuncia– contraviene expresamente el artículo 93 de la Ley 22 de 2006 y el artículo 280 de la Constitución. El refrendo es un requisito de orden público y condición sine qua non para la eficacia de los contratos estatales. Por lo tanto, la actuación del ministro, al autorizar y mantener esa ejecución, debe ser investigada por la posible comisión de los delitos antes señalados”.
La abogada también recordó que Boyd Galindo –en entrevista a TVN Noticias el pasado 1 de agosto– “reconoció que la empresa prestaba el servicio [de limpieza hospitalaria] sin contrato refrendado, alegando que lo hacía ‘de buena fe’ y sin facturación, mientras se tramitaba el refrendo.
Esta misma entrevista es la base de una segunda denuncia administrativa ante la Antai contra Boyd Galindo, promovida –como ya se mencionó– por el abogado Rodney Saavedra Navarro, quien dijo que el ministro, en sus declaraciones, ejerció “una defensa activa a favor de una empresa de limpieza de hospitales públicos[Hombres de Blanco]”.
Saavedra Navarro explicó en su denuncia ante la Antai que, en esas declaraciones, el ministro dijo que “es falso de que las personas que están haciendo ahora mismo limpieza de hospitales están haciéndolo de mala manera o que […] hayan incumplido con algún contrato con el Estado”. Boyd Galindo se refería a un contrato que Hombres de Blanco mantenía con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa) y que terminó en un mutuo acuerdo que impidió que la empresa de limpieza llegara a término su contratación con el aeropuerto.
“Yo llamé personalmente al director del Aeropuerto de Tocumen y el me aclaró y me dijo que [Hombres de Blanco] hicieron un trabajo muy bueno en el aeropuerto”, declaró a los medios el ministro. Esas declaraciones, afirma el denunciante, fueron “una defensa activa a favor de una empresa que se encuentra llevando a cabo limpieza de hospitales públicos sin contratos refrendados. Ciertamente, esta empresa, la cual ha sido defendida por el ministro de Salud, sí incumplió…”.
Según el abogado, la conducta del ministro “colisiona abiertamente con las reglas y normas de la Ética del funcionario, por tanto y cuanto no puede patrocinar, favorecer o defender los intereses de una empresa que contrata con el Estado y mucho menos siendo falsos los argumentos sobre el cumplimiento de dicha empresa” con Aitsa.
Saavedra Navarro, en consecuencia, acusa al ministro de varias faltas a la ética del funcionario y a la Ley de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, pues el titular del Minsa “no debe, bajo ningún concepto, adoptar una posición de defensa o apoyo a una empresa que participa en licitaciones públicas, mostrando un claro favoritismo hacia la referida empresa”.
“Las declaraciones ofrecidas por el Administrador de la cartera de Salud –afirmó Saavedra Navarro– están orientadas en detrimento de todas las demás empresas de limpieza de hospitales, ya que desde los micrófonos de un medio televisivo ejerció su defensa…”.
La Prensa envió un cuestionario al ministro de Salud para conocer su versión de los hechos, pero no respondió.
