En el acto de graduación de 774 nuevos policías, el presidente José Raúl Mulino defendió una vez más el traslado de reos de alta peligrosidad a la base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en Coiba y tildó de “reacción coordinada” a los abogados, defensores y “opinadores” que cuestionan esa decisión.
“Hay una frase muy popular que dice que basta con golpear al puerco para que aparezca el dueño. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con el traslado a Coiba de delincuentes de alto perfil”, manifestó el mandatario ante la promoción 103 de la Policía Nacional, bautizada “Legionarios”, y recién graduada en el Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras.
“Aparecen defensores, abogados y opinadores indignados como si se hubiese apresado a una reverenda madre de la iglesia”, añadió.
El pasado domingo 14 de junio, 29 reclusos catalogados como de extrema peligrosidad fueron trasladados a Coiba, una antigua colonia penal que había sido clausurada hace mas de dos décadas.
En ese grupo iban Juan Vicente Blandford, alias Jancin, señalado por una red de contaminación de contenedores con droga; Enrique Candanedo, alias Chino, militante de una pandilla de Pedregal, condenado a 50 años de prisión por el homicidio de un policía y un civil, y José Cossio, de la pandilla Calor Calor, con 74 meses de prisión por tráfico de drogas, entre otros.
El Ministerio de Seguridad Pública justificó entonces el traslado por “vulnerabilidades” detectadas en Punta Coco -otro penal insular-, desde donde, según el gobierno, los reclusos coordinaban actividades ilícitas.
Los nuevos huéspedes
Los 29 reos llegaron en junio. En agosto, trasladaron a tres más: el exalcalde de Colón, Alex Lee, y el representante y el tesorero de la junta comunal de Barrio Norte, Javier Lynch y Orlando Salazar, respectivamente. Ni Lee ni Lynch ni Salazar tienen condenas en firme; los tres están detenidos preventivamente, por orden de un juez de garantías.
Poco después del traslado de los tres colonenses, Mulino dijo que “todo el que está en Coiba tiene relación directa con el narcotráfico” y que el aislamiento busca evitar que los reclusos sigan “dirigiendo, planificando y organizando la venta, distribución y asesinatos para preservar su imperio de negocio ilícito”.
“Esta gestión es más que narcos de alto perfil buscados, perseguidos y capturados en apenas dos años que llevamos de gobierno”, afirmó en aquel momento, y calificó la medida como “una estrategia necesaria para comenzar a frenar el crimen en las calles que todavía mantiene niveles altos”.
El mandatario se refirió también a una discusión que, dijo, siguió durante el fin de semana sobre los derechos de los presos y “los controles que eran excesivos” en los centros penitenciarios.
‘¿Dónde quedan los derechos de las víctimas?
En el acto de graduación en la Policía Nacional, este lunes, Mulino clamó por el derecho de las víctimas.
“No me parece razonable que centremos la discusión únicamente en eso [los derechos de los detenidos], olvidando a quienes sufrieron del delito”, cuestionó.
Advirtió que, de presentar a los delincuentes como víctimas, “estaremos enviando el mensaje equivocado”, y puso como ejemplo a El Salvador, país que gobierna Nayid Bukele.
“Los casos exitosos como El Salvador no se basaron en tratar a los presos como víctimas, sino en hacer cumplir la ley con rigurosidad y firmeza”.
El presidente defendió, además, los nombramientos de su gobierno.
“Nosotros nombramos profesionales de la salud, de la educación y de la seguridad, que es lo que la sociedad demanda. Si están en contra de eso, pues que lo digan”, manifestó.
Luego, volvió a encaminar su discurso hacia los temas de seguridad.
“Conmigo, Panamá no será sumiso al narcotráfico”, aseguró, y recordó que el istmo integra “un grupo de países que enfrentan con firmeza el delito” no por razones ideológicas, sino “por una razón de supervivencia”.
Recordó que trabaja “de forma integrada” con sus colegas Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Claudia Sheinbaum, de México; Abelardo de la Espriella, de Colombia; Luis Abinader, de República Dominicana, y Daniel Noboa, de Ecuador, “entre otros”, para “frenar el narcotráfico, a las pandillas y al poder que ejercen, incluso a través de las redes sociales y de campañas que buscan desacreditar las acciones del Estado para combatirlo”.
Insistió en que a las pandillas “no se les gana negociando ni se les vence abriendo espacios de diálogo”, sino “con la fuerza, con detenciones de acuerdo con la ley, con aislamiento y con la determinación de un Estado que no está dispuesto a retroceder”.
“Son ellos o somos nosotros”, alegó.
“Aquí nadie está por encima de la ley. Y si un funcionario de mi gobierno comete un delito, lo detienen. Aquí no hay privilegiados ni bendecidos”, afirmó, y agradeció a la ciudadanía “que nos apoya, que denuncia y que nos hace llegar información”.
Añadió que “ese 2% de personas vinculadas a la narcoactividad no va a imponerle su agenda al resto del país”.
