La discusión sobre la descentralización y el manejo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) vuelve a tensar la relación entre el Gobierno central y los municipios, en medio del debate de un proyecto de ley que aún no avanza a primer debate en la Asamblea Nacional.
El principal reclamo de los gobiernos locales gira en torno al incumplimiento en las transferencias del IBI, el cual representa millones de dólares al año tanto para funcionamiento como para inversión en 701 juntas comunales y 81 municipios.
La presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), Nadine González, en entrevista con La Prensa, cuestionó que, pese al incremento sostenido en la recaudación, el monto asignado a los municipios se mantiene congelado; es decir, el mismo monto en los últimos dos años.
“Ellos [el Ministerio de Economía y Finanzas] volvieron a presupuestar la misma cifra del año pasado: 83 millones”, señaló, en referencia a los fondos que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) distribuye entre los 81 municipios del país.
El contraste entre lo recaudado y lo transferido es, según Amupa, el núcleo del problema. González detalló que, de acuerdo con cifras oficiales, el Estado recaudó 168 millones de dólares el año pasado y 198 millones el anterior, pero continúa entregando apenas 83 millones. “Nos están dejando de dar prácticamente hasta 115 millones por año”, reclamó.
Este desfase tiene efectos concretos en la distribución de recursos. La presidenta de Amupa explicó que, de haberse transferido la totalidad recaudada, solo el municipio de Panamá habría recibido unos 84 millones de dólares, equivalente a lo que hoy se reparte entre todos los municipios. “Al municipio de Panamá solo le están tocando 21 millones, cuando ahora se recauda más que cuando la ley inició”, sostuvo.
Comportamiento histórico
El comportamiento histórico de las cifras refuerza este reclamo. En los primeros años (2020–2021), aunque ya existían diferencias, la asignación presupuestaria incluso superaba o se acercaba a la recaudación, lo que sugería un intento de sostener las transferencias a los municipios por encima de lo efectivamente ingresado. Sin embargo, a partir de 2022 se produjo un giro: la recaudación comenzó a crecer de forma sostenida, pasando de unos 174 millones a más de 223 millones en 2024, mientras que la asignación cayó abruptamente, de más de 100 millones a apenas 70 millones.
El punto más crítico se alcanzó en 2024, cuando se registró la mayor brecha entre ambos indicadores: una recaudación superior a los 223 millones frente a una asignación significativamente reducida de 70 millones. Aunque en 2025 y 2026 se proyecta una leve recuperación del presupuesto —alrededor de 83 millones—, este monto continúa muy por debajo de lo recaudado, que se mantiene cercano o por encima de los 196 millones.
González también cuestionó la interpretación que hace el Gobierno sobre la palabra “estimación” contenida en la ley de descentralización. A su juicio, el término ha sido utilizado para justificar transferencias parciales. “Ellos quieren decir que la palabra estimación es lo que ellos estimen darnos, y no es así”, afirmó, al insistir en que la norma establece que debe transferirse la totalidad de lo recaudado.
La propuesta
Otro de los puntos críticos es la administración de los fondos dentro de la Cuenta Única del Tesoro, lo que, según la alcaldesa, diluye el destino específico del IBI. “Ese dinero entra a la cuenta única del Estado… y ahí lo usan para todo”, explicó, al proponer la creación de una cuenta exclusiva que garantice que los recursos lleguen íntegros a los municipios.
La falta de recursos, sumada al retraso en las transferencias, impacta directamente la capacidad operativa de los gobiernos locales. González advirtió que el aumento en costos, como el combustible, está comprometiendo servicios básicos.
“Si vamos a este mismo ritmo, si acaso llegamos a agosto en el tema del combustible”, dijo, al tiempo que subrayó que los municipios terminan asumiendo funciones que corresponden al Gobierno central, como la reparación de escuelas.
Se tan pasando de vivos en la descentralizacion y nadie dice nada pic.twitter.com/JB4Uqiq4vm
— Mayer Mizrachi (@Mayer) March 24, 2026
Frente a este escenario, la organización que agrupa a los municipios del país insiste en la necesidad de reformar la ley para eliminar ambigüedades y garantizar transparencia.
“La hoja de ruta es que la reforma le quite la palabra estimación… y que haya mecanismos de transparencia”, planteó González, quien también destacó que el uso de estos fondos está sujeto a consulta ciudadana y múltiples controles, lo que, a su juicio, contradice las críticas hacia los gobiernos locales sobre una supuesta mala ejecución.
