La Contraloría General de la República auditará los $11.5 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió, durante la presente administración, de forma adicional a los fondos de descentralización a distintos municipios del país. La medida reaviva el debate sobre el uso de estos recursos y abre una interrogante clave: ¿cómo reaccionan los gobiernos locales ante el escrutinio de estos fondos?
Para Narciso Machuca, asesor legal de la Asociación de Municipios de Panamá, la decisión contribuye a despejar cuestionamientos recurrentes sobre el uso de esos recursos y pone fin a un debate que, a su juicio, se ha desviado del fondo del asunto.
“A mí me parece excelente”, afirmó Machuca al referirse a las auditorías que realizará la Contraloría General de la República. Sostuvo que el tema del financiamiento municipal “ya se ha convertido en algo que está rayando en lo morboso”, al insistirse en que no deben asignarse recursos adicionales a los gobiernos locales, como si estos no invirtieran en beneficio de sus comunidades.
El asesor legal defendió la decisión del MEF de retener temporalmente los fondos para su revisión. “Eso es excelente, porque ya de una vez por todas se elimina de la mente de aquellos que están cuestionando que los municipios están haciendo un mal uso del fondo”, dijo, al tiempo que aseguró que el proceso permitirá dejar claro que los recursos se utilizan de forma adecuada y bajo los controles establecidos.
Una de las principales críticas a las transferencias adicionales de fondos municipales proviene del exdiputado independiente y fundador del movimiento Vamos, Juan Diego Vásquez, quien ha cuestionado la discrecionalidad con la que se asignan estos recursos y el sesgo político que, a su juicio, favorece a alcaldes afines al gobierno de turno, surgido bajo el paraguas del partido Realizando Metas.
Como ejemplo, Vásquez señaló al Municipio de Chame, en Panamá Oeste, que recibió 950 mil dólares. En ese distrito, el alcalde es Francisco León Fu, postulado por los partidos oficialistas Realizando Metas y Alianza. El exdiputado también cuestionó las transferencias al Municipio de San Carlos, igualmente ubicado en Panamá Oeste, que recibió un millón de dólares; su alcalde, Antonio “Pope” Bernal, pertenece también al partido Realizando Metas.
La normativa
No obstante, Machuca recordó que los fondos adicionales que reciben los municipios tienen sustento legal y constitucional. “Ese fondo es legal: lo establece la Constitución, en su artículo 236, la Ley 37 de 2009 y la Ley 106 de 1973”, precisó, al rechazar las versiones que señalan que estos recursos se manejan al margen de la ley. “Al margen de la ley no están esos fondos”, subrayó.
El abogado aclaró que no todos los recursos municipales forman parte del esquema de descentralización. Explicó que los municipios reciben fondos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Programa de Inversión de Obras Públicas (PIOP), pero también otros aportes históricos, como subsidios vigentes desde 1972, destinados a sostener la estructura administrativa municipal y que no están incluidos en la descentralización.
“Cuando al municipio no le alcanza, solicita apoyo al MEF; se analiza el caso y se evalúa la posibilidad de otorgarlo, y esos no son fondos de descentralización”, indicó Machuca, al destacar que se trata de recursos contemplados en la Constitución Política.
950,000 para Chame. 450,000 un día y 500,000 otro día. ¿Esto les parece normal?
— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) December 10, 2025
200,000 en donativos, 50,000 en subsidios educativos y 50,000 en subsidios deportivos. Adicional, un aumento a la famosa 172 en donde robaban en la Asamblea.
El gobierno miente. Esto no es normal. pic.twitter.com/BXUSbDV02G
Los desafíos
De cara al próximo año, Machuca anticipó que 2026 será clave para el futuro de la descentralización, con la discusión de una nueva ley o reformas al marco vigente. A su juicio, esa normativa debe establecer “parámetros muy claros de rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana y traspaso de competencias”, además de definir con precisión los mecanismos de transferencia de recursos a los municipios.
Finalmente, el asesor legal planteó que las auditorías deben servir también para depurar el sistema. “El que ha hecho un buen uso del fondo, que se le reconozca; y el que ha hecho un mal uso del fondo, que salga del sistema”, sostuvo. Añadió que, aunque existen malas prácticas, también hay autoridades locales que realizan un esfuerzo genuino por impulsar el desarrollo comunitario y merecen que ese trabajo sea visibilizado y respaldado.
La semana pasada, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el contralor general, Anel Flores, salieron en defensa de la asignación de fondos adicionales a varios municipios del país, al sostener que el marco legal vigente les permite realizar estas transferencias.
Sin embargo, las explicaciones no lograron disipar los cuestionamientos, ya que quedaron sin responder interrogantes clave: no se precisó cuáles municipios fueron beneficiados ni los montos asignados en cada caso; tampoco se detallaron los criterios utilizados para definir por qué algunos gobiernos locales recibieron recursos y otros no. Hasta el momento, el MEF no ha publicado una lista oficial con el desglose de los desembolsos realizados.
