Espionaje policial contra sindicatos y ambientalistas, una escuela de inteligencia creada por resolución ministerial, el plan de volver a abrir una cárcel en Coiba y comunidades a las que se les pidió cerrar sus cementerios para dar paso a un embalse.
Esas fueron algunas de las denuncias que organizaciones panameñas llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sesiona en Panamá esta semana.
Magaly Castillo, del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), y Osvaldo Jordán, ambos integrantes de la Red de Derechos Humanos de Panamá, intervinieron ante los comisionados este viernes 30 de octubre.
“En los últimos dos años han ocurrido situaciones que preocupan a los activistas y personas defensoras”
De Bocas del Toro a Coiba
Castillo recordó que la CIDH ya conoce lo que ocurrió en junio de 2025 en Bocas del Toro, cuando el Gobierno suspendió las garantías constitucionales y cortó el servicio de internet en medio de las protestas.
Se refiere a las protestas del Sindicato de Trabajadores de la las Industrias del Banano, así como educadores, obreros de la construcción, entre otros, contra la Ley 462 que reformó la Ley 51 de 2005 orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).
Según la activista, en 2026 se sumaron cuatro hechos que ponen en riesgo el espacio cívico. El primero es la creación, mediante resoluciones ministeriales, de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia y del Comando Conjunto.
Castillo cuestionó que estas normas incluyan conceptos ambiguos como la lucha contra el “terrorismo híbrido” y que se alineen con los objetivos de la coalición de las Américas contra los carteles y con la defensa del Canal de Panamá frente a “actores extranjeros”.
El segundo hecho es la denuncia de espionaje contra organizaciones sindicales, sociales y ambientales. Castillo recordó que la Policía Nacional reconoció que usó agentes encubiertos en actividades de esos grupos.
En ese momento la Policía, que dirige Jaime Fernández, emitió un comunicado.
Aseguró que “todas sus actuaciones se realizan con estricto apego al marco legal vigente y en pleno respeto de los derechos” que les asisten.
El tercer hecho que mencionó Castillo es el uso de la justicia comunitaria de paz para intimidar y castigar a quienes protestan. El cuarto, la intención de convertir otra vez el Parque Nacional Coiba en un centro penitenciario, que Castillo describió como “el signo más oscuro del retroceso en materia de derechos humanos”.
En junio pasado, las autoridades de seguridad trasladaron al primer grupo de reos a la isla, ubicada en el Pacífico. El presidente José Raúl Mulino dijo en una oportunidad que “todo el que está en la isla Coiba tiene relación directa con el narcotráfico”.
Más información: ‘Todo el que está en Coiba tiene relación directa con el narcotráfico’: Mulino
La activista enmarcó estos hechos en un discurso oficial contra sindicatos, movimientos sociales y ambientalistas.
Citó la intervención del presidente Mulino en la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde calificó las protestas de 2025 en Bocas del Toro como obra de una “mafia política de izquierda financiada por el narcotráfico”.
“En Panamá, este Gobierno que se ofrece como anfitrión de encuentros internacionales es el mismo que cerró todos los espacios de diálogo con la sociedad civil”, afirmó.
Castillo pidió a la CIDH seguir los reportes del Observatorio del Espacio Cívico, del consorcio formado por Hivos, Civicus y Transparencia Internacional. También criticó que Panamá no haya ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, pese a que presidió en 2015 el grupo de trabajo que la negoció.
Crecimiento sin bienestar
Por su lado, Jordán centró su intervención en los megaproyectos y el ambiente.
Argumentó que el crecimiento económico de Panamá, uno de los más altos de la región, no ha mejorado la calidad de vida y ha profundizado la desigualdad, en especial para campesinos, indígenas y afrodescendientes.
Mencionó dos proyectos eléctricos: la interconexión con Colombia y la cuarta línea de transmisión hacia Costa Rica. A su juicio, ambos impiden que las comunidades indígenas discutan las obras de forma libre e informada, según su propia forma de gobierno, y que puedan decir que no.
Agregó que la minería a cielo abierto y el complejo energético y logístico del Canal también se imponen sin consulta.
Sobre el embalse de río Indio, aseguró que las familias que serían reubicadas no han dado su consentimiento, que no existe estudio de impacto ambiental ni plan de reasentamiento, y que aun así se les pidió cerrar de inmediato sus cementerios.
Sobre el proyecto de Río Indio, la Autoridad del Canal ha dicho que contempla una inversión social y ambiental que incluye componentes como el reasentamiento de familias, adquisición de tierras, construcción de viviendas, reposición de infraestructuras y medidas de mitigación ambiental.
Demandas contra defensores
Jordán denunció que el Estado ha respondido a la organización ciudadana con “seguimiento, perfilamiento, difamación, burla y amenaza” contra defensores ambientales, y que ese clima ha alentado a actores privados a tomar represalias.
Puso tres ejemplos: la demanda por $5 millones contra la Asociación de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, pendiente desde hace diez años; las acciones contra el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque por oponerse a Puerto Barú, y el caso del dirigente indígena Feliciano Santos, quien, según Jordán, no ha recibido protección efectiva del Estado.
También cuestionó a la Defensoría del Pueblo. A su juicio, la institución dejó de cumplir su papel después de que la Asamblea Nacional destituyera a Alfredo Castillero Hoyos en 2019, y necesita una reforma integral.
Ambos expositores pidieron a la CIDH una visita de trabajo a Panamá que incluya las áreas indígenas de Bocas del Toro, donde, según Jordán, continúan los desalojos forzosos, y la cuenca del río Indio.
