Panamá destaca el Ministerio de la Mujer ante la ONU, pero avanza la propuesta para su eliminación

Panamá destaca el Ministerio de la Mujer ante la ONU, pero avanza la propuesta para su eliminación
Panamá ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Foto: captura de pantalla

En su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Estado panameño destacó la creación del Ministerio de la Mujer como uno de los principales avances en materia de igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, apenas unos días antes de que la delegación panameña asistiera a Ginebra a sustentar el documento, el consejo de gabinete del presidente José Raúl Mulino aprobó un proyecto de ley que busca eliminar esta entidad. De hecho, esa iniciativa legislativa ya fue presentada a la Asamblea Nacional.

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En el texto entregado al Examen Periódico Universal (EPU), Panamá subrayó que la Ley 375 de 2023, que dio vida al Ministerio de la Mujer, fortaleció el marco legal para la igualdad de género y la prevención de la violencia, “incluyendo la violencia obstétrica”. El informe también resaltó que el nuevo ministerio sería la entidad rectora encargada de coordinar los sistemas de prevención y atención de discriminación y violencia, además de presidir el Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer y elaborar el primer Plan Estratégico 2021-2024 en la materia.

Durante la sesión del EPU, varios Estados felicitaron a Panamá por esos “avances institucionales”, sin que la delegación panameña aclarara que el Ejecutivo ya había decidido eliminar la cartera y reemplazarla por un instituto con menor jerarquía.

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La eliminación del Ministerio

El pasado 21 de octubre, el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-25, que suprime el Ministerio de la Mujer y restablece el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), una entidad pública descentralizada con personería jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica. De acuerdo con la Presidencia de la República, el Inamu será responsable de “coordinar y ejecutar la política nacional dirigida a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres”.

La medida, anunciada desde julio pasado por el presidente Mulino, responde, según el propio mandatario, a la intención de “reducir burocracia” y dar “mayor eficiencia” a la institucionalidad de género. Pero organizaciones de mujeres han advertido que el cambio representa un retroceso político y simbólico, al degradar el rango ministerial que por primera vez colocaba la agenda de las mujeres en el gabinete.

Para las organizaciones de mujeres, la eliminación del ministerio debilita la capacidad del Estado de garantizar políticas públicas efectivas en materia de igualdad, prevención de la violencia y acceso a la justicia. De hecho, han exigido garantías de que la nueva estructura no implicará recortes presupuestarios ni pérdida de autonomía técnica.


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