A pesar de la renuncia de Sherina Latorraca como directora de Asesoría Legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), hija de Zaira Santamaría de Latorraca, magistrada presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, la investigación administrativa por un posible conflicto de interés continúa abierta.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) confirmó que “revisa” el expediente que abrió tras conocerse que la magistrada y su hija laboraban en entidades que forman parte del mismo sistema de contratación estatal.
La entidad indicó que realiza las diligencias correspondientes, entre ellas, certificar si, en efecto, Latorraca ya no continúa laborando en la institución.
El pasado lunes, la magistrada Santamaría de Latorraca dijo, durante la sustentación del presupuesto del Tribunal ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que antes de que su hija aceptara el cargo en la DGCP había consultado a la Antai y a la Procuraduría de la Administración. Un día después, ambas entidades afirmaron que no habían recibido consulta alguna.
Algunas voces consideran que este caso debe tener consecuencias.
“Lo sucedido con Sherina Latorraca y su madre, la magistrada Zaira de Latorraca, constituye un ejemplo de la frivolidad con la que los funcionarios toman las normas éticas que rigen su comportamiento”, expresó Lina Vega Abad, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI).
Vega Abad dijo que, si bien la opinión pública logró que se corrigiera una situación de “evidente nepotismo y conflicto de intereses”, tras la renuncia de Sherina, queda el hecho indiscutible de que una magistrada “le mintió al país”.
“Eso es grave y debería tener una consecuencia. Ahora nos hemos enterado del caso de la ministra de Trabajo. Todo indica que Antai debe reforzar su labor preventiva”, indicó.
En esa misma línea se pronunció el diputado independiente Jhonathan Vega. Dijo que la magistrada “mintió ante la Comisión de Presupuesto y ante la faz del país”, por lo que consideró que se trata de un “hecho sumamente grave que no puede quedar sin consecuencias”.
Además, el diputado Vega dijo que queda sobre la mesa una pregunta clara: “¿Qué acciones tomarán ahora las instituciones correspondientes?”.
Hoy recibimos la respuesta oficial de la ANTAI: la magistrada presidenta no realizó ninguna consulta sobre la contratación de su hija, contrario a lo que afirmó ante la Comisión de Presupuesto.
— Jhonathan Vega (@jhonathanevega) August 26, 2026
Además, la ANTAI confirmó que inició de oficio una investigación para determinar si… pic.twitter.com/ZPyoNtOahT
¿Puede Mulino destituirla?
Zaira de Latorraca llegó al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en enero de este año, luego de que el presidente José Raúl Mulino la designara a finales de diciembre de 2025. Su periodo se extenderá hasta diciembre de 2029.
Como su nombramiento es una facultad exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo con la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas, su designación no fue sometida a ratificación de la Asamblea Nacional.
Esa misma ley establece las causales de suspensión, separación, destitución y las medidas disciplinarias aplicables a los magistrados. El numeral 4 del artículo 150 establece que podrán aplicarse dichas medidas “por faltas graves debidamente comprobadas al Código de Ética de los Servidores Públicos”.
Algunos señalan que el caso de la magistrada y su hija podría entrar en conflicto con lo dispuesto en el Código de Ética de los Servidores Públicos. En su artículo 41, el código establece que los servidores públicos deben abstenerse de ejercer funciones “en la misma unidad administrativa o en unidades administrativas que mantengan entre sí relaciones de control o fiscalización, y en las que laboren personas incluidas en los mencionados vínculos de parentesco”.
Zaira de Latorraca ya había ocupado cargos dentro del Órgano Judicial y fue directora interina de la Escuela Judicial. Durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue designada como magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia, pero no fue ratificada por la Asamblea Nacional. Esto ocurrió en 2010.
