Hay una regla no escrita en la política panameña: quien sabe que el poder tiene fecha de vencimiento no lo desperdicia. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional.
Este martes 31 de marzo, el Legislativo publicó la convocatoria para elegir al magistrado que reemplazará a Alfredo Juncá en el Tribunal Electoral (TE). El proceso luce rutinario sobre el papel, pero detrás tiene una cuenta regresiva: el 30 de junio de 2026, Jorge Herrera deja la presidencia de la Asamblea, y no hay certeza de si se reelegirá.
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Herrera, diputado coclesano y presidente del Partido Panameñista, fue elegido el 1 de julio de 2025 como presidente de la junta directiva para el período legislativo 2025-2026.
Su reelección como presidente de la Asamblea para un nuevo período no está garantizada, y esa incertidumbre es precisamente el motor de la prisa.
El favorito: Jaime Barroso
El nombre que circula con fuerza en los pasillos del Palacio Justo Arosemena para ocupar el cargo en el TE es el del actual fiscal de Cuentas, Jaime Barroso. Su trayectoria en la gestión pública ha estado vinculada al Partido Panameñista, donde militó hasta 2019.
En el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), fue designado como magistrado suplente del Tribunal de Cuentas. En julio de 2024, el presidente José Raúl Mulino lo nombró fiscal de Cuentas en reemplazo de Waleska Hormechea.
La convocatoria
El itinerario que fijó la Asamblea deja poco margen. Luego de la aprobación de la Resolución No. 48 del 30 de marzo de 2026 en el pleno legislativo, los ciudadanos interesados en ocupar el cargo de magistrado principal y suplente del TE pueden presentar su postulación a partir del lunes 6 de abril, y dicho período culmina el viernes 10 de abril.
Los aspirantes deben acudir personalmente a la Secretaría General de la Asamblea, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con los requisitos, entre ellos una declaración jurada de no tener antecedentes penales, copia de idoneidad como abogado y certificaciones de estudios.
Cumpliendo con la Resolución No. 48 del 30 de marzo del 2026 aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional le comunicamos a los ciudadanos interesados en Ocupar el Cargo de Magistrado del Tribunal Electoral y su Suplente. pic.twitter.com/YJLWDDWc70
— Asamblea Nacional (@asambleapa) March 31, 2026
Los pactos
La velocidad del proceso no es casual. Al activar el procedimiento ahora, Herrera se asegura de conducir la elección desde la presidencia de la Asamblea, una posición de influencia que podría perder el 1 de julio, cuando las bancadas reorganizan la junta directiva y los equilibrios políticos pueden cambiar.
Dejar instalado a Barroso en el TE antes de esa fecha sería consolidar, a través de un cargo de 10 años de duración, una presencia afín al panameñismo en el organismo árbitro de las elecciones de 2029.
No obstante, desde adentro de la Asamblea recordaron que hace 10 años el nombramiento quedó en el aire y tuvo que esperar al nuevo período.
Fue el 31 de octubre de 2016 cuando finalizó la primera legislatura y los diputados no se pusieron de acuerdo. No fue hasta el 3 de enero de 2017 que se eligió, y al día siguiente Alfredo Juncá tomó posesión. Advirtieron que, si no se adelantaba ahora, se corría el riesgo de repetir la historia: que el período de Juncá venciera en diciembre con la Asamblea en receso y la elección se pospusiera para enero de 2027.
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El reparto de las instituciones
Sin embargo, entre los propios diputados se habla de una negociación que no se circunscribe exclusivamente al TE. Se habría negociado un acuerdo político más amplio en el que el partido oficialista Realizando Metas (RM) y sus aliados tendrían la potestad de nombrar al Defensor del Pueblo, mientras que el Partido Panameñista retendría el cupo de magistrado del Tribunal Electoral.
Ambos procesos corren en paralelo: la Comisión de Gobierno, que preside el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, desde el lunes 30 de marzo entrevista a los 35 candidatos para la Defensoría.
Entre los aspirantes que, según fuentes legislativas, contarían con apoyo, destacan la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Ángela Russo y Gina Correa, directora de Documentación de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, también se menciona la posible reelección de Eduardo Leblanc en la institución.
Pero, si se nombra a Barroso en el TE, el puesto de la Fiscalía de Cuentas quedaría vacante. El Ejecutivo tendría que nombrar su reemplazo.
Lo que se perfila, es un reparto institucional entre fuerzas que requieren votos para maniobrar en el hemiciclo: los oficialistas, con su necesidad de mayorías para cuotas de poder en entidades, y el panameñismo, con su apuesta por asegurar influencia de largo plazo en el árbitro del sistema electoral, justamente cuando los partidos enfrentan el reto de construir una candidatura competitiva para 2029.
El Tribunal Electoral, además de organizar las elecciones, define reglas, resuelve disputas y proclama ganadores.
Críticas
La noche del pasado lunes, cuando se aprobó la resolución que le abrió la puerta a la convocatoria, se desataron críticas al mecanismo. La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, cuestionó el proceso.
¿Por qué, al cierre de marzo de este año, se está apresurando un proceso que, a mi juicio, no corresponde a este período legislativo, sino que debería abordarse a partir del 1 de julio, independientemente de quién presida la Asamblea Nacional?, cuestionó la diputada.
También criticó que los dos procesos se ejecuten en paralelo: la elección del defensor del pueblo y la del magistrado del TE.
¿Cuál es la prisa?
“Hablamos de institucionalidad, de defender la Asamblea, de hacer lo correcto, pero, a la hora de la verdad, tomamos decisiones que dejan más preguntas que respuestas. El cargo de magistrado del Tribunal Electoral concluye a finales de año. ¿Por qué nos estamos adelantando tanto? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es el interés?”, cuestionó.
Pero Francisco Brea, diputado del Partido Panameñista, defendió el proceso. Recordó que la Constitución le da potestad al Legislativo para hacer la designación. Argumentó que la resolución que da paso a la convocatoria para los interesados en el puesto se puso a consideración de la junta directiva ampliada (en la que participan los jefes de bancada) y que, por mayoría, se votó a favor.
“Es un proceso que no está normado”, dijo. Citó el artículo 246 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea, que le da potestad al pleno para suplir los vacíos legales que no establece el reglamento.
Las preguntas de Prado quedaron sin respuesta oficial. Pero el calendario habla por sí solo.
