La prima de antigüedad en el sector público tiene más de una década de historia y no nació con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que reconoció el derecho de diputados, alcaldes, ministros y directores de entidades a recibir este beneficio. De hecho, hay instituciones que adeudan millones de dólares a miles de exfuncionarios.
Este beneficio fue reconocido inicialmente mediante la Ley 39 de 2013 y posteriormente desarrollado por la Ley 127 de ese mismo año. Entre las prestaciones contempladas quedó una prima equivalente a una semana de salario por cada año trabajado.
El primer episodio polémico ocurrió al final del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). A tres días de entregar el poder, el 26 de junio de 2014, Martinelli y la entonces ministra de Trabajo, Alma Cortés, firmaron el Decreto Ejecutivo 52, que reglamentó el pago de prestaciones a los servidores públicos, incluida la prima de antigüedad.
La medida fue cuestionada por sectores que la consideraron un mecanismo para proteger a funcionarios de la administración saliente. El decreto, sin embargo, duró poco: el gobierno de Juan Carlos Varela lo derogó el 8 de julio de 2014.
Tres años después, la Ley 23 de 2017 derogó las leyes 39 y 127, pero mantuvo el derecho a la prima de antigüedad dentro del régimen de los servidores públicos. La norma reconoció el beneficio para funcionarios permanentes, transitorios, contingentes y de Carrera Administrativa. De esta manera, la prestación sobrevivió a los cambios legales y quedó incorporada nuevamente al marco que regula las relaciones laborales del Estado.
El giro
El siguiente giro llegó en 2021, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley 241. La norma modificó el régimen de la prima y estableció que los servidores públicos tendrían derecho a recibir una semana de salario por cada año laborado, pero introdujo una serie de exclusiones para determinados cargos. Entre los funcionarios que quedaron fuera estaban ministros, viceministros, directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, además de otras categorías contempladas expresamente en la ley.
Esas exclusiones terminaron ante la Corte Suprema de Justicia. El pleno de la CSJ analizó una demanda de inconstitucionalidad contra varios numerales de la Ley 241 y, el 21 de julio de 2026, declaró inconstitucionales nueve de los diez numerales que establecían las restricciones.
Solo permaneció vigente el numeral relacionado con el personal contratado bajo la modalidad de consultoría. Para la Corte, excluir a determinados servidores por el cargo que ocupan vulneraba el principio de igualdad y afectaba un derecho vinculado al trabajo.
El alcance de la decisión es significativo. Con la eliminación de esas restricciones, funcionarios que antes estaban expresamente excluidos, entre ellos ministros, viceministros, directores y subdirectores de entidades autónomas y funcionarios elegidos por voto popular, pueden quedar comprendidos en el régimen de la prima, siempre que cumplan las condiciones legales.
Los reclamos
La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, ha señalado que la deuda acumulada por el pago de la prima de antigüedad en el sector público se ha convertido en un problema estructural que ninguna administración ha querido enfrentar.
En sus palabras, existen “millones adeudados a miles de exfuncionarios en una prima de antigüedad que es un derecho laboral adquirido”, pero señaló que “ni siquiera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene esa cifra”, lo que, a su juicio, evidencia “una negligencia e irresponsabilidad más de administraciones pasadas”.
“Existen deudas desde 2014”, advirtió, al subrayar que los gobiernos dejaron el tema “a discreción” de cada institución, sin controles ni planificación presupuestaria.
El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, se desmarcó de la responsabilidad del MEF sobre el monto que las instituciones públicas adeudan en concepto de prima de antigüedad. “Nosotros en el MEF no vemos eso. Eso es con cada institución”, afirmó al ser consultado sobre la deuda acumulada con exfuncionarios.
Fernández explicó que cada entidad es responsable de administrar los recursos destinados a servicios personales y atender con ellos sus obligaciones laborales. “Cada una es responsable de administrar sus fondos en servicios personales para hacerle frente a estos temas”, sostuvo. Agregó que el MEF no mide ni administra esas partidas porque, según indicó, “no nos corresponde hacerlo”.
Algunos casos
Los casos son numerosos. En septiembre de 2025, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reveló que el Minsa arrastra una deuda cercana a los $40 millones en concepto de prima de antigüedad acumulada desde 2014.
El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) arrastra una deuda de $71 millones en primas de antigüedad con jubilados de los estamentos de seguridad. La cifra fue revelada en julio de 2026 por un funcionario de la entidad, quien explicó que la obligación inicialmente rondaba los $90 millones, pero el Estado había desembolsado unos $19.5 millones para reducirla.
La Caja de Seguro Social (CSS) también ha tenido que destinar millones de dólares para cumplir con el pago de primas de antigüedad. En 2024, la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida de $24.6 millones para complementar el pago a unos 6,000 exfuncionarios que habían presentado solicitudes desde 2014. Posteriormente, la CSS informó que había destinado alrededor de $50 millones para atender estas obligaciones, mientras el proceso de pago continuaba en 2026.
A estas cifras se suman partidas y recursos destinados al pago en otras instituciones, como la Universidad de Panamá, que obtuvo en 2023 un crédito extraordinario de $10.5 millones para atender pagos pendientes de prima de antigüedad a exservidores que se retiraron entre 2014 y octubre de 2018. En 2025, la institución reportó el pago de $2.3 millones por este concepto a 148 exfuncionarios. También el Ministerio de Comercio e Industrias incluyó en su presupuesto de 2026 $2.1 millones para este tema.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por ejemplo, informó que había desembolsado más de $2 millones a 2,204 exfuncionarios, mientras que la Alcaldía de Panamá reportó pagos superiores a $1.2 millones durante 2026. En el caso del IFARHU, se destinaron $364,045 para pagar a 511 excolaboradores.
Las cifras públicas disponibles muestran más de $150 millones relacionados con el pago de primas de antigüedad en ocho instituciones. El monto incluye obligaciones pendientes, créditos aprobados, partidas presupuestarias y pagos ya realizados. Aunque las cifras podrían ser mucho mayores si se toma en cuenta que el Estado está compuesto por alrededor de 100 entidades públicas y cada año hay destituciones.
