La Procuraduría de la Administración, a través de una nota firmada por la procuradora Grettel Villalaz de Allen, respondió a una consulta de la diputada independiente Alexandra Brenes, de la bancada Vamos, en la que se analiza la vigencia legal de la Ley 51 de 2005, luego de que la Asamblea Nacional aprobara la Ley 462 de 2025, que modifica, adiciona y deroga artículos de dicha normativa, y reformó el sistema de jubilaciones que gestiona la Caja de Seguro Social (CSS).
En su respuesta, con fecha del pasado 24 de junio, la procuradora aclara que la eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 462, o su derogación por otra norma posterior, no implica automáticamente la “reviviscencia” de la Ley 51 en su forma original. Es decir, si la nueva ley que reforma o deroga una anterior pierde vigencia, la anterior no se restablece por sí sola, salvo que el nuevo texto legal lo indique expresamente.
“La Ley 51 de 2005 quedó vigente en su totalidad tal como estaba antes de las modificaciones de la Ley 462, y no revive por el solo hecho de que se derogue la ley que la derogó”, precisó Villalaz, quien citó el artículo 37 del Código Civil, que establece las condiciones bajo las cuales una ley derogada podría recobrar su vigencia.
Villalaz expone que, para que haya reviviscencia, “es indispensable que la nueva ley que establezca la derogatoria disponga expresamente que recobra su vigencia junto con la que le pone en vigor”.
La diputada Brenes envió la consulta a la procuradora el pasado 10 de junio, momentos en que el país vivía una crisis social producto de protestas de quienes se oponen y piden la derogación de la norma. En ese grupo están gremios de educadores que impulsaron un paro de labores de más de 80 días, acción que apenas fue levantada el pasado lunes.
Otras organizaciones que impulsaron huelgas en contra de la disposición son el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y el sindicato bananero de Bocas del Toro. No obstante, sus dirigentes terminaron envueltos en investigaciones judiciales, y algunos están tras las rejas.
Varios diputados de la Asamblea se han mostrado interesados en presentar proyectos de ley para reformar la norma, aunque el presidente José Raúl Mulino ha dicho que no las sancionará.
Brenes figura entre los 23 diputados que votaron en contra de la ley en marzo pasado. Ayer martes, presentó ante el pleno legislativo una propuesta para reformar la norma de la CSS. El proyecto busca, entre otros puntos, eliminar la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes, garantizar una tasa de reemplazo mínima del 60% y fijar plazos máximos para la asignación de citas médicas.
La Ley 462 fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, recientemente ese tribunal negó la admisión de dos de esas demandas.
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En su análisis, Villalaz también establece que el criterio jurídico expresado no constituye una posición de fondo ni tiene carácter vinculante, pero sí ofrece una interpretación útil sobre el alcance legal de la normativa vigente.
“A efectos de que opere la reviviscencia de una ley anterior, se requiere que una nueva ley indique de manera clara que recobra su vigencia y que se promulgue conjuntamente”, enfatizó.
