Dos visiones distintas sobre el presente y futuro ambiental de la mina de Cobre Panamá, de First Quantum Minerals, fueron planteadas por expertos durante el Foro Minero 2025, organizado por La Prensa.
Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Ramón Varela, socio de la firma de abogados Morgan & Morgan [representante legal de la minera] pusieron sus argumentos a debate este miércoles 25 de junio.
Una de las principales discusiones fue el estado actual del proyecto minero ubicado en Donoso, provincia de Colón, así como el rol que debe jugar el Estado como auditor y garante en materia ambiental.
Se planteó la búsqueda de un punto medio para la situación minera, considerando que el área que abarca el proyecto está “abierta”.
Ábrego, argumentó que el estatus actual del proyecto en materia ambiental va ligado a los propios fundamentos del Estado de Derecho de la nación panameña.
“Con el tema minero están en juego los mismos fundamentos del Estado de Derecho. Ha habido un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que si bien se ajustaba al contrato de concesión, ha establecido unos estándares extraordinarios de protección de derechos humanos que deben ser respetados y deben ser considerados”, sostuvo la abogada.
“Sí, el tajo está allí, pero no es correcta la noción de que, porque los impactos ambientales son finitos y ya están ahí, ahora tenemos que aprovechar el potencial del mineral. Hay que recordar que [hasta 2023] se estaba explotando un primer tajo, de tres que estaban autorizados por el estudio impacto ambiental del 2011 y además había un diseño de expandir a tres o cuatro tajos adicionales. Por lo tanto, la huella del proyecto continuará creciendo, la instalación de manejo [tina] de relave continuará creciendo con el grave riesgo de contaminación” subrayó Ábrego.
Por otro lado, Ramón Varela, argumentó que no pueden existir puntos medios, porque “o hay minería metálica, o no hay”.
Continuó su ponencia señalando: “Panamá en total ocupa 0.05% de la superficie del planeta Tierra. En un yacimiento que ocupa el 0.1% del territorio nacional, tenemos 1.5% del cobre mundial. Es una cosa desproporcionada a nuestro tamaño y el impacto es limitado”, detalló.
“Yo estoy de acuerdo en que estos estudios de impacto ambiental son documentos vivos (...) pero la realidad es que las descargas que van a las tinas de relaves, todas cumplen con sus permisos ambientales. Eso está monitoreado y comprobado”, detalló.
Varela argumentó que el estancamiento del proyecto se debió a una situación no contemplada en el estudio de impacto ambiental. Sostuvo que, pese a ello, no hay riesgos en la tina de relave y que la empresa monitorea la zona.
AUDITORÍA AMBIENTAL
Ábrego cuestionó una demora del Estado en ejecutar auditorías ambientales en el proyecto minero, mientras que Varela señaló que por el fallo de la CSJ no se dieron algunas acciones puntuales para avanzar auditorías de parte del Estado.
“Yo creo que la capacidad [de auditar] está ahí, lo que hay que hacer es fortalecerla. Fortalecer la capacitación del personal, el uso de recursos y, de hecho, el contrato de 2023 contemplaba la instalación permanente de oficinas del Estado precisamente para fiscalizar todo tipo de aspectos regulatorios del proyecto y los iba a colocar dentro de la mina. Eso era algo muy innovador que, bueno, no se da por la situación del fallo” dijo Varela.
En respuesta, Ábrego señaló: “Por eso hemos pedido que haya una auditoría adicional que venga a fortalecer la capacidad del Estado (...) La revisión de hilo tiene otros hallazgos entre los que se encuentran que, a pesar de que uno de los compromisos del estudio de impacto ambiental era que el proyecto se sometiera a estándares internacionales, se detectan incumplimientos importantes en esos estándares ambientales”.
CONCLUSIONES
No hubo acuerdos, ni puntos medios. Las visiones en este caso, son distintas, y así las reflexiones finales de cada panelista.
Ábrego sostuvo que su mensaje es que se tome una “decisión país que pone por encima de las ganancias efímeras de una actividad minera que va a concluir”, recordando que el gobierno se comprometió, tras el fallo de la CSJ, a desarrollar una estrategia de desarrollo que fuera sostenible en el tiempo, en contraste con la “temporalidad” de la minería. Sin embargo, criticó que “no se movió un dedo, ni por ese gobierno, ni por el nuevo gobierno” para avanzar en esa promesa.
Varela, en cambio, argumentó que “se ha propuesto un cese total a la minería metálica por una situación coyuntural política del momento” y abogó por “una conversación amplia y franca sobre cuáles son los impactos, cómo se van a mitigar y cuál es el beneficio de la obra a largo plazo”. Añadió que confía en el récord de la compañía minera [First Quantum Minerals] y que considera que esto se ha “tergiversado”.
