Dos gobiernos, cinco años y siete directores han pasado desde el primer escándalo por el manejo de albergues estatales en el que se vio envuelta la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en el año 2020, y a pesar de los muchos cuestionamientos, las protestas ciudadanas, las denuncias ante las autoridades competentes y los cambios en la dirección de la entidad, no hay diferencia alguna en la gestión de estos centros ni en su rol como protectores de los menores de edad en situación de vulnerabilidad.
La serie de eventos e irregularidades se remonta a hace unos 11 años, aunque la información se hizo oficial hasta 2021, cuando la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional entregó al Ministerio Público el informe de su investigación y el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, se comprometió a dar celeridad en la persecución del delito. Para ese momento, el informe levantado por la comisión legislativa reveló que en cerca de 14 albergues bajo supervisión estatal se cometieron actos violentos y traumáticos durante años. Su investigación documentó abusos que ocurrían desde alrededor de 2015.
Estallido del escándalo
El hallazgo se produjo durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024). El punto de quiebre ocurrió en febrero de 2021, durante la presentación de un informe ante la Asamblea Nacional que reveló que en los albergues manejados por la Senniaf los niños y adolescentes sufrían abusos sexuales y físicos. Se habló de que “evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual”.
Inestabilidad en dirección de la Senniaf
En aquel entonces, la titular era Sara Rodríguez, quien recibió la institución en medio de una aparente calma y terminó renunciando cuando la tormenta amenazaba con golpear. Su período comprendió desde el 1 de julio de 2019, cuando fue designada por el expresidente Cortizo, hasta enero de 2021.
Con su salida, la institución recibió como titular a Mayra Inés Silvera, quien fue designada el 7 de enero de 2021 y dejó el cargo el 4 de marzo: su gestión duró solamente 60 días. Silvera fue la primera funcionaria en abandonar el cargo luego de que estallara el escándalo.
En su momento, Silvera aseguró en una entrevista a Radio Panamá que la obligaron a renunciar. De acuerdo con su versión, la citaron a la Presidencia en donde le presentaron una carta ya redactada que debía firmar y en la que no se detallaron las razones de su separación.
Silvera afirma que antes de que la hicieran renunciar, intentó dejar la dirección. Ella afirma que envió una nota de renuncia redactada por ella, en la que calificaba de “imposible bajo estas circunstancias” hacer los cambios necesarios en la institución, y que la solicitud no fue aceptada.
En medio de la crisis, correspondió a Graciela Mauad manejar la tormenta y ocupar la dirección de una institución que en ese momento estaba bajo la lupa de una ciudadanía indignada. La designación se realizó el 14 de abril de 2021 y fue ella quien rompió con el ciclo de renuncias constantes; se mantuvo al frente de la Senniaf hasta el final de la gestión Cortizo.
Periodo gubernamental de José Raúl Mulino
Con la llegada al poder, el 1 de julio de 2024,del nuevo presidente constitucional José Raúl Mulino, fue designada Ana Fábrega, quien prometía una nueva era en la institución. Sin embargo, en febrero de 2026 volvió a caer una sombra sobre la institución, a propósito de la gestión de los albergues.
Nuevos cuestionamientos y otra denuncia presentada nuevamente por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, en esta ocasión por su presidenta, Alexandra Brenes, por irregularidades en el Centro Integral de Atención de Tocumen. Sus hallazgos documentan la convivencia de menores de edad con adultos, varios de ellos con discapacidades severas, así como baños inhabilitados, dormitorios en mal estado, falta de insumos básicos y ausencia de planes individualizados de atención, pese a la diversidad de condiciones médicas y psicológicas de los residentes.
Fábrega abandonó su cargo este 3 de marzo, el mismo día que debía sustentar ante la comisión legislativa que preside Brenes su informe anual (memoria), y a la cual nunca se presentó.
La designación de la sucesora de Fábrega llegó al día siguiente, el 4 de marzo, pero la estancia de Otilia Rodríguez en el cargo solo duró 24 horas debido a que su nombre se menciona en la denuncia hecha por la diputada Brenes, ya que fungía como directora de Protección de los Centros de Atención Integral. Además, se aludió a dos supuestas denuncias presentadas por padres de familia que fueron alejados de sus hijos durante la gestión de Rodríguez. Al final, el nombramiento no se concretó.
Luego, la dirección de la Senniaf fue asumida de manera interina por Andrea Carolina Vega, quien hasta ese momento se desempeñaba como secretaria general del Mides.
Este viernes 6 de marzo, a últimas horas de la tarde, el gobierno informó que el peso de la dirección de esta institución recae ahora en Lilibeth Cárdenas Chanis, quien se desempeñaba como viceministra del Ministerio de la Mujer. En su comunicado, el Ministerio de la Presidencia remarcó que “la designada tiene amplio conocimiento de leyes internacionales y panameñas. Además, fue vicecónsul en Miami y asesora legal de la Caja de Seguro Social de Panamá”.
La pregunta que surge ahora es: ¿Qué sucede en la la Senniaf? ¿A qué obedecen los constantes cambios en su dirección?
En conversación con La Prensa, la diputada Brenes opinó que el problema no se relaciona únicamente con la cualificación de la persona. A su juicio, existe una falencia de “carácter institucional, capacidad de gestión y voluntad”.
A esto podría sumarse la falta de un presupuesto cónsono con su función. De acuerdo con cifras oficiales, para 2025 se destinaron 8 millones de dólares para funcionamiento (gastos de operación), de los cuales se ejecutó el 95.5%, y no se asignó presupuesto para inversión. La diputada considera que esta situación con los recursos económicos se vincula directamente con la incapacidad de gestión que evidencia la entidad.
No obstante, Brenes considera que la dirección de una institución “tan delicada” debería estar bajo mayor escrutinio y su titular ser escogida mediante concurso, en vez de a través de una designación directa.
En 2020, en medio de la crisis, el Mides anunció cambios en la normativa que regía la apertura y funcionamiento de los albergues. En octubre de ese año emitió el Decreto Ejecutivo No. 404 que subrogó el Decreto 26 de abril de 2009, con el propósito de reforzar las funciones de la autoridad administrativa en materia de supervisión.
El Decreto 404 creó en cada provincia un comité local de supervisión y monitoreo de albergues, al cual le correspondería inspeccionar estos centros de acogida dentro de su área geográfica, por lo menos cada seis meses. También dispuso que los encargados de los albergues debían poseer título universitario.
Vinculados con la denuncia y aún en el cargo
La legisladora también se refirió al fugaz nombramiento de Otilia Rodríguez. Expresó su preocupación por el hecho de que, a pesar de estar mencionada en la denuncia, no ha sido separada del cargo y continúa teniendo acceso al sistema y a los expedientes, lo que para Brenes resulta “totalmente imprudente”.
De forma adicional, dio a conocer que este viernes personal del Ministerio de Desarrollo Social se comunicó con su equipo de trabajo poco después de las 4:00 p.m., para informar que la ministra Beatriz Carles no acudiría —por segunda vez— este martes 10 de marzo a exponer su memoria. También solicitaron que la diputada cancelara las visitas programadas a otros albergues y que está previstas para la próxima semana. El argumento esgrimido para pedir que suspendiera las visitas fue que no se tienen personal de la Senniaf ni del Mides que pueda acompañar al equipo.
